Buenos Aires – 3 julio 2026 – Total News Agency – TNA-. El presidente Javier Milei prepara una reforma de alto voltaje institucional: modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para prohibir, o al menos restringir al máximo, la emisión de pesos destinada a financiar el déficit fiscal. La iniciativa apunta a desarmar el esquema vigente desde 2012, cuando el kirchnerismo reformó la ley del BCRA bajo la conducción de Mercedes Marcó del Pont y amplió los márgenes para que la autoridad monetaria asistiera al Tesoro Nacional.
El proyecto todavía no fue presentado formalmente, pero el objetivo político ya fue comunicado por el Presidente a legisladores de La Libertad Avanza: impedir que futuros gobiernos vuelvan a utilizar al Banco Central como caja auxiliar del gasto público. En la visión de Milei, esa práctica fue una de las causas centrales del ciclo inflacionario argentino y de la pérdida sistemática del valor de la moneda.
La comparación que comenzó a circular en el oficialismo es el modelo de Perú, país que desde la Constitución de 1993 estableció una regla drástica: el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) tiene autonomía y su finalidad es preservar la estabilidad monetaria. Además, el artículo 84 de la Constitución peruana le prohíbe conceder financiamiento al erario, salvo la compra de títulos del Tesoro en el mercado secundario y dentro de límites fijados por su Ley Orgánica.
La diferencia con la Argentina es profunda. En Perú, la prohibición tiene rango constitucional. En la Argentina, el Gobierno apunta por ahora a una reforma legal de la Carta Orgánica del BCRA, no a una modificación constitucional. Esa distinción no es menor: una ley puede cambiarse con mayorías parlamentarias; una cláusula constitucional exige un consenso institucional mucho más amplio y ofrece mayor estabilidad en el tiempo.
El esquema peruano nació como respuesta a la hiperinflación que dejó el primer gobierno de Alan García y fue consolidado durante la presidencia de Alberto Fujimori. Desde entonces, el BCRP mantuvo un mandato concentrado en la estabilidad monetaria, con prohibiciones explícitas para financiar al sector público. A diferencia de la Convertibilidad argentina, que duró poco más de una década, el modelo peruano lleva más de treinta años con continuidad institucional. Esa permanencia explica por qué Perú logró una trayectoria de inflación mucho más baja y previsible que la Argentina, incluso atravesando crisis políticas recurrentes.
La Carta Orgánica argentina vigente permite una relación mucho más laxa entre el BCRA y el Tesoro. El artículo 20 autoriza adelantos transitorios al Gobierno nacional hasta una cantidad equivalente al 12% de la base monetaria. Además, habilita otros adelantos hasta el 10% de los recursos en efectivo obtenidos por el Gobierno nacional en los últimos doce meses. Y, en circunstancias excepcionales, cuando la situación económica nacional o internacional lo justificara, permite un tramo adicional de hasta otro 10% de esos recursos.
Ese mecanismo fue una de las piezas centrales de la reforma de 2012, aprobada mediante la ley 26.739, durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. La modificación fue impulsada por Marcó del Pont, entonces presidenta del BCRA, y no sólo amplió las vías de asistencia al Tesoro. También cambió el corazón conceptual del organismo: la antigua función primaria de “preservar el valor de la moneda” fue reemplazada por un mandato múltiple que incorporó estabilidad monetaria, estabilidad financiera, empleo y desarrollo económico con equidad social.
Para el kirchnerismo, aquella reforma buscaba que el Banco Central no fuera un organismo limitado a combatir la inflación, sino una herramienta de desarrollo, crédito y crecimiento. Para Milei, en cambio, ese mandato múltiple abrió la puerta a justificar cualquier emisión bajo objetivos políticamente nobles pero monetariamente destructivos. El Presidente ya lo expresó en público con dureza: sostuvo que Marcó del Pont le asignó demasiados objetivos a un instrumento de política económica y que, con la actual redacción, el BCRA puede emitir “por cualquier motivo”.
El punto más sensible de la reforma que prepara el Gobierno será precisamente el financiamiento monetario del déficit. En la práctica, el oficialismo quiere que el BCRA no pueda emitir pesos para cubrir desequilibrios fiscales. La lógica es simple: si el Tesoro gasta más de lo que recauda, deberá corregir el gasto, conseguir financiamiento genuino o asumir el costo político del ajuste, pero no transferir ese costo a la sociedad mediante inflación.
La experiencia peruana también ofrece otro elemento que Milei observa con interés: la convivencia legal con el dólar. En Perú, la moneda extranjera puede utilizarse ampliamente en contratos, depósitos, créditos y transacciones privadas. El BCRP no establece cepos cambiarios ni regímenes múltiples de tipo de cambio, y la dolarización financiera convive con una moneda local que logró conservar mayor estabilidad que el peso argentino. Esa arquitectura se acerca, aunque no es idéntica, a la idea de competencia de monedas que el Presidente argentino viene defendiendo desde la campaña.
La diferencia es que Perú no eliminó su banco central ni dolarizó por completo su economía. Conservó el sol, mantuvo una autoridad monetaria autónoma y construyó credibilidad a partir de reglas duras, disciplina fiscal relativa y prohibición de financiamiento monetario directo al Estado. Ese punto marca un contraste con la promesa original de Milei de cerrar el Banco Central. La reforma ahora en estudio parece menos orientada a dinamitar la institución y más enfocada en vaciarla de poder político para emitir contra el ahorro de los argentinos.
Otro aspecto que podría entrar en debate es la transferencia de utilidades del BCRA al Tesoro. El Gobierno de Milei recurrió este año a un giro de utilidades por $24,4 billones, originadas en los resultados contables de 2025. El punto genera discusión porque parte de esas ganancias surge de la revaluación de reservas al tipo de cambio oficial. Para algunos economistas, ese mecanismo puede funcionar como una forma indirecta o encubierta de financiamiento fiscal, aunque no sea emisión clásica vía adelantos transitorios.
Por eso, una reforma verdaderamente consistente debería abarcar no sólo los adelantos al Tesoro, sino también las utilidades contables, los mecanismos de asistencia indirecta, las compras de deuda pública y cualquier dispositivo que permita al poder político financiar déficit con pasivos monetarios. Si la intención es acercarse al modelo peruano, la clave será cerrar todas las ventanas, no sólo la puerta principal.
El desafío legislativo será considerable. La reforma de la Carta Orgánica requiere mayorías en el Congreso y abrirá una discusión ideológica de fondo. Para el oficialismo, se trata de blindar la estabilidad monetaria y evitar que la política vuelva a usar el impuesto inflacionario. Para la oposición kirchnerista, será presentado como una renuncia del Estado a utilizar herramientas de desarrollo, crédito y empleo. La disputa, en realidad, vuelve a una pregunta básica: si el Banco Central debe ser guardián de la moneda o financista de la política.
El antecedente de Perú muestra que las reglas importan, pero también que deben sostenerse durante décadas. La Argentina tuvo experiencias de reglas monetarias fuertes, como la Convertibilidad, pero las abandonó en medio de crisis fiscales, endeudamiento y pérdida de competitividad. El Gobierno de Milei intentará demostrar que esta vez el ancla no será un tipo de cambio fijo, sino una prohibición legal de emisión para cubrir déficit.
La reforma, si avanza, será una de las señales más importantes del segundo semestre. No resolverá por sí sola todos los problemas de la economía argentina, pero buscará fijar una regla institucional básica: el gasto público no podrá financiarse con pesos creados desde el BCRA. En un país marcado por décadas de inflación, devaluaciones, cepos y licuaciones, esa discusión no es técnica. Es profundamente política.
Milei quiere que el Congreso cierre la canilla monetaria que el kirchnerismo abrió con mayor amplitud en 2012. El espejo peruano muestra un camino posible: autonomía del banco central, mandato único de estabilidad y prohibición de financiar al fisco. La diferencia será si la Argentina logra transformar esa intención en una regla duradera o si vuelve a escribir una norma que el próximo ciclo político pueda borrar.
