Buenos Aires – 7 julio 2026 – Total News Agency – TNA — El Gobierno de Javier Milei oficializó este martes la designación de Rodrigo Alberto Sbarra como nuevo secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, un cargo que en los hechos lo ubica como viceministro de Mario Lugones y lo coloca al frente de un área estratégica: la administración presupuestaria, las compras y las contrataciones de una de las carteras más sensibles del Estado.
La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 579/2026, publicado en el Boletín Oficial, que aceptó la renuncia de Guido Giana a la Secretaría de Gestión Administrativa, aceptó también la salida de Sbarra de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa de esa misma área y lo designó, desde el 7 de julio, como secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud. La norma lleva las firmas de Javier Milei y Mario Lugones.
La llegada de Sbarra al sillón administrativo más importante de Salud abre un nuevo interrogante político para la Casa Rosada. Después del desgaste que provocó el caso Manuel Adorni, el Gobierno vuelve a colocar en una posición sensible a un funcionario con antecedentes patrimoniales controvertidos, investigaciones judiciales previas y explicaciones públicas que nunca lograron despejar del todo las dudas sobre el crecimiento de sus bienes. ¿Será que el gobierno está rodeado de gente que no puede justificar su patrimonio? Se preguntaban hoy en los mentideros vernáculos.
Sbarra no desembarca ahora desde el llano. Hasta esta designación se desempeñaba como subsecretario de Coordinación Administrativa en Salud, y antes había pasado por áreas de gestión durante el gobierno de Mauricio Macri. Fue subsecretario y luego secretario de Coordinación en el ex Ministerio de Producción, primero bajo la conducción de Francisco “Pancho” Cabrera y luego con Dante Sica. En ese rol, igual que ahora, tuvo intervención directa en circuitos administrativos, compras y contrataciones.
El problema es su historia reciente. Sbarra quedó en el centro de un escándalo en 2020, cuando en una oficina que había ocupado en el Ministerio de Producción, ubicada en Paseo Colón al 200, fue encontrado un sobre con 10.000 dólares dentro de un cajón. Según la reconstrucción de la causa y de medios que siguieron el expediente, el hallazgo derivó en una investigación por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
En aquel momento, Sbarra sostuvo que se trataba de una operación y que el dinero había sido “plantado”. Sin embargo, la investigación judicial avanzó sobre su situación patrimonial y sobre el origen de los fondos. El fiscal federal Gerardo Pollicita llegó a sostener que el exfuncionario habría ocultado al fisco la tenencia de dinero y bienes, y pidió medidas sobre su patrimonio en el marco del expediente.
Uno de los datos más llamativos surgió alrededor de un lote en Nordelta. La Justicia detectó la compra de un terreno de alrededor de 1.000 metros cuadrados, adquirido por unos 180.000 dólares, que no aparecía en la declaración jurada de baja presentada ante la Oficina Anticorrupción. Ámbito informó entonces que el terreno no figuraba declarado, mientras que otros reportes detallaron que la operación habría sido pagada en cuotas entre 2016 y 2019, con un adelanto de 60.000 dólares y pagos posteriores de 3.000 dólares mensuales.
El crecimiento patrimonial también llamó la atención. Antes de ingresar al gobierno de Cambiemos, Sbarra declaró bienes por poco más de 1,1 millón de pesos, entre ellos una participación societaria y un departamento en la Ciudad de Buenos Aires. Al salir de la administración pública, su patrimonio declarado superaba los 30 millones de pesos, incluyendo un Mini Cooper Countryman, depósitos en dólares en el país y en el exterior, dinero efectivo y otros activos.
El expediente terminó con un sobreseimiento. En diciembre de 2023, pocos días después del cambio de gobierno, Pollicita concluyó que la situación económica de Sbarra permitía justificar la tenencia del dinero y los bienes detectados. Pero el cierre judicial no borró el problema político: el funcionario que ahora manejará una porción clave del presupuesto sanitario vuelve al centro de la escena con un historial que obliga a preguntar si la Casa Rosada no aprendió nada de los escándalos recientes o si, directamente, normalizó la designación de funcionarios con patrimonios difíciles de explicar.
La cartera de Salud no es un destino administrativo cualquiera. En su sitio oficial, el Ministerio identifica canales de transparencia vinculados con compras, contrataciones, declaraciones juradas y ejecución presupuestaria, y remite a la jurisdicción 80 y al Servicio Administrativo Financiero 310 para consultar la ejecución del gasto. Es decir, el área que ahora queda bajo la órbita de Sbarra atraviesa decisiones sobre recursos públicos, insumos sanitarios, proveedores, hospitales, programas y contrataciones.
El contexto agrava el impacto de la designación. Salud quedó atravesada en los últimos meses por escándalos vinculados con contrataciones, medicamentos e insumos. El País informó en mayo que un informe técnico del propio Ministerio de Salud reveló sobreprecios de hasta 4.000% en compras estatales de insumos para personas con discapacidad, en el marco de la causa que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). También consignó que la Justicia procesó a exfuncionarios y empresarios por maniobras asociadas a sobornos, adjudicaciones fraudulentas y sobreprecios.
A ese cuadro se sumaron señalamientos sobre contrataciones con firmas proveedoras de medicamentos y droguerías bajo investigación. Ámbito informó en junio que el Ministerio de Salud volvió a contratar a empresas vinculadas a los hermanos Kovalivker, en medio de cuestionamientos por discrecionalidad, direccionamiento y sobreprecios en compras de medicamentos.
La designación de Sbarra, por lo tanto, no puede leerse como un simple recambio técnico tras la salida de Guido Giana, quien había asumido en noviembre de 2025 y dejó el cargo tras siete meses de gestión. Infobae había adelantado su salida y señaló que Sbarra sería su reemplazante dentro de la estructura de Lugones.
El Gobierno enfrenta ahora una pregunta incómoda: ¿por qué ubicar en el corazón administrativo de Salud a un funcionario que ya pasó por una investigación por lavado, que tuvo un salto patrimonial notable durante su paso por la función pública y que debió rectificar u omitir bienes en sus declaraciones? La respuesta oficial, hasta ahora, parece apoyarse en el sobreseimiento judicial. Pero la política exige algo más que ausencia de condena: exige estándares de transparencia, idoneidad y confianza pública.
La comparación con el caso Adorni surge inevitable. La administración Milei se presentó como una ruptura moral frente a “la casta”, prometió austeridad y transparencia, pero cada nuevo nombramiento con antecedentes patrimoniales controvertidos erosiona ese relato. En lugar de cerrar heridas, la Casa Rosada parece abrir otro frente en una cartera donde se administran recursos sensibles y donde los escándalos de contratación ya dejaron marcas profundas.
Sbarra llega al Ministerio de Salud con poder real, presupuesto, firma administrativa y antecedentes que volverán a estar bajo la lupa. El Gobierno podrá sostener que la Justicia cerró su expediente. Pero la pregunta política sigue vigente: ¿cuántos funcionarios más con patrimonios inexplicables puede absorber una gestión que llegó al poder prometiendo terminar con los privilegios y la opacidad del Estado?
