Por Daniel Romero
Buenos Aires – 10 de julio de 2026 – Total News Agency – TNA-. Los estudiantes de sexto año del Instituto Social Militar Doctor Dámaso Centeno asistirán el próximo martes 14 de julio a una clase especial sobre la denominada “memoria completa”, una iniciativa impulsada en el ámbito del Ministerio de Defensa que busca ampliar el conocimiento sobre la violencia política de los años setenta e incorporar a las aulas los crímenes cometidos por organizaciones armadas como Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP).
La actividad, prevista entre las 10.30 y las 12.30, generó cuestionamientos de sectores políticos y de algunos integrantes de la comunidad educativa, que calificaron anticipadamente la propuesta como “negacionista” o como un intento de adoctrinamiento.
Por ello, enseñar que antes y durante la última dictadura existieron organizaciones que secuestraron, asesinaron, colocaron explosivos, atacaron unidades militares, asesinaron menores y pretendieron tomar el poder mediante las armas no supone negar el terrorismo de Estado. Por el contrario, significa ofrecer a los alumnos las herramientas necesarias para comprender un período histórico complejo sin ocultamientos, simplificaciones ni recortes ideológicos.
Reconocer esa responsabilidad agravada e indelegable del Estado no exige borrar de los programas educativos a las víctimas de las organizaciones terroristas ni transformar a sus responsables en simples militantes políticos o “jóvenes idealistas”. Fueron asesinos y despertaron la violencia que los extermino.
La violencia no comenzó el 24 de marzo de 1976
Uno de los principales argumentos a favor de una enseñanza histórica integral es que la violencia armada no comenzó con el golpe militar.
Montoneros apareció públicamente en 1970 con el secuestro y posterior asesinato del expresidente de facto Pedro Eugenio Aramburu. El ERP, brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), continuó sus operaciones incluso después de la recuperación del gobierno constitucional en 1973.
Ambas organizaciones desarrollaron estructuras militares, inteligencia, logística, sistemas de financiamiento y unidades operativas. El ERP intentó establecer una zona guerrillera en Tucumán, mientras Montoneros creó posteriormente su propio denominado “Ejército Montonero” y desplegó acciones armadas durante gobiernos constitucionales.
Los materiales educativos oficiales del propio Estado argentino reconocen que Montoneros y el ERP tuvieron credos políticos, organizaciones y estrategias armadas específicas, y proponen estudiar su actuación dentro del fenómeno de la violencia política.
La influencia de la Revolución Cubana y de otros movimientos insurgentes latinoamericanos también formó parte del contexto de la época. Integrantes de distintas organizaciones revolucionarias argentinas viajaron a Cuba, recibieron instrucción o buscaron respaldo para proyectos guerrilleros, aunque las relaciones, grados de apoyo y estrategias variaron según cada grupo y momento histórico. Exintegrantes de las organizaciones que antecedieron a las FAR, luego incorporadas a Montoneros, recibieron entrenamiento militar en territorio cubano y Líbano, por parte de instructores terroristas comandados por Yasser Arafat.
En el caso del ERP, sus representantes llegaron a buscar el respaldo de Fidel Castro para convertir el monte tucumano en una experiencia guerrillera inspirada en la Sierra Maestra, aunque el líder cubano desaconsejó avanzar en ese momento con la operación mientras Juan Domingo Perón continuara con vida.
Mencionar esos antecedentes no significa sostener que todos los conflictos argentinos fueron dirigidos desde La Habana, sino explicar el marco internacional de la Guerra Fría, la expansión de la lucha revolucionaria y la influencia que el modelo cubano tuvo sobre sectores radicalizados de toda América Latina.
El antecedente democrático de Alfonsín
La decisión de estudiar tanto el terrorismo de Estado como la violencia de las organizaciones armadas tampoco representa una novedad introducida por el actual gobierno del presidente Javier Milei.
El 13 de diciembre de 1983, el presidente Raúl Alfonsín firmó dos decretos complementarios. Mediante el Decreto 157 ordenó promover acciones penales contra las conducciones de las organizaciones guerrilleras. A través del Decreto 158 dispuso el juzgamiento de los integrantes de las juntas militares que gobernaron el país desde 1976. Claramente, esto tuvo un final muy distinto al de los juicios a integrantes de las Fuerzas Armadas, que aun purgan prisión, en muchos casos con prueba fraguada por organización sociales con la vista a un costado de muchos tribunales. Los terroristas fueron indultados, también lo habían sido los militares, pero estos últimos indultos fueron anulados.
El esquema inicial de la recuperación democrática contemplaba, por lo tanto, investigar las responsabilidades de los jefes guerrilleros y, al mismo tiempo, juzgar la represión ilegal ejecutada desde el Estado. El propio material oficial sobre políticas de memoria reconoce que el Decreto 157 dio lugar a acciones por homicidio, asociación ilícita, instigación a cometer delitos y otras figuras penales, mientras que el Decreto 158 abrió el camino hacia el histórico Juicio a las Juntas.
Una oportunidad educativa, no una amenaza
El Dámaso Centeno, situado en el barrio porteño de Caballito, tiene sus orígenes en una institución destinada a brindar asistencia y educación a huérfanos de militares. Actualmente recibe a más de mil estudiantes, muchos de ellos sin relación familiar con las Fuerzas Armadas, y depende administrativamente de la estructura educativa del Ejército Argentino y del Ministerio de Defensa.
La convocatoria conocida hasta ahora no detalla públicamente quiénes serán los expositores ni el contenido completo de la clase. El anuncio difundido entre la comunidad educativa solo confirma la realización de una actividad sobre “memoria completa” para los alumnos de sexto año. La información pública proviene principalmente de una publicación periodística de izquierda, Pagina 12*, que fue la cuna del movimiento terrorista MTP que atacó el regimiento de La Tablada en 1989 y es crítica de la iniciativa.
Por esa razón, cuestionar el encuentro antes de escuchar a los expositores, conocer la bibliografía o evaluar los contenidos implica condenar preventivamente una actividad cuyo desarrollo todavía no ocurrió.
El criterio válido debería ser otro: exigir pluralidad de fuentes, documentación histórica, respeto por las víctimas y libertad para que los estudiantes formulen preguntas y contrasten interpretaciones.
Una clase rigurosa debe abordar los atentados de las organizaciones armadas, pero también el accionar de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), de raíz peronista y el golpe de Estado. La verdad histórica no se completa reemplazando una omisión por otra.
El derecho de todas las víctimas a ser recordadas
Durante décadas, familiares de personas asesinadas por organizaciones armadas reclamaron que sus historias fueran incorporadas al relato público. Policías, militares, sindicalistas, empresarios, diplomáticos, jueces, trabajadores y civiles ajenos a cualquier enfrentamiento fueron víctimas de atentados, secuestros y ejecuciones.
Recordarlos no reduce el dolor de los desaparecidos ni busca equiparar mecánicamente responsabilidades jurídicas diferentes. Significa reconocer que una democracia madura no necesita seleccionar víctimas según la identidad política de sus victimarios.
La Casa Rosada adoptó en 2026 la denominación “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa” y sostuvo que una sociedad debe mirar su pasado con libertad para aprender de él y evitar que sus tragedias vuelvan a repetirse.
La enseñanza escolar no debería quedar sometida a una única narrativa oficial, partidaria o militante. Los estudiantes tienen derecho a conocer cómo surgieron las organizaciones armadas, qué objetivos perseguían, qué vínculos internacionales desarrollaron, qué delitos cometieron y cómo respondió el Estado antes y después del golpe.
La decisión del Ministerio de Defensa de incorporar una clase sobre la violencia terrorista de los años setenta puede constituir un aporte positivo si se desarrolla con documentación, seriedad académica y respeto por la totalidad de las víctimas.
La memoria no se debilita cuando se agregan hechos. Se debilita cuando se prohíben preguntas, se ocultan crímenes o se pretende que los jóvenes repitan una interpretación sin acceder a las pruebas y al contexto.
Enseñar la historia completa no significa justificar la dictadura ni rehabilitar la represión clandestina. Significa afirmar que ningún proyecto político —de izquierda, de derecha, revolucionario, militar o estatal— tiene derecho a imponer sus ideas mediante la violencia.
Ese debería ser el aprendizaje central para los alumnos del Dámaso Centeno: en democracia, la verdad no puede tener víctimas olvidadas ni capítulos prohibidos.
*Pagina 12 fue creada por Jorge Lanata y financiada por Enrique Gorriaran Merlo, jefe del ERP y luego creador del MTP.
