Por Darío Rosatti
Buenos Aires – 16 Julio 2026 – Total News Agency – TNA – Las contradictorias declaraciones del presidente Javier Milei sobre las Islas Malvinas volvieron a quedar expuestas después de que los jugadores de la Selección argentina desplegaran una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, tras eliminar a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.
Mientras el mandatario aseguró este jueves que las islas son argentinas y que el país procurará recuperarlas por la vía diplomática, en las redes sociales volvió a circular un video en el que se lo escucha sostener que “las Malvinas nunca van a ser argentinas”.
Aunque el fragmento viral no permite reconstruir con absoluta certeza la totalidad del contexto en el que fue pronunciado, la expresión resulta coherente con otras declaraciones ambiguas de Milei, quien desde antes de asumir alternó reconocimientos formales de la soberanía argentina con elogios a Margaret Thatcher, concesiones discursivas a la posición británica y una llamativa resignación respecto de la posibilidad de recuperar las islas. Incluso al pso de un buque britanico por aguas de jurisdiccion argentinas por lo que la protesta del gobierno demoro una semana, despues que Total News Agency y otros medios la denunciaran.
El problema no reside en que el Gobierno intente reconstruir una relación económica y diplomática normal con el Reino Unido. La Argentina puede negociar inversiones, comercio, cooperación científica e incluso acuerdos militares con Londres sin abandonar ni debilitar su reclamo soberano.
La cuestión es por qué Milei parece considerar incompatibles ambas políticas y por qué sus declaraciones personales resultan, en ocasiones, menos firmes que las opiniones publicadas dentro del propio establishment británico.
Ese contraste quedó especialmente marcado este jueves cuando The Guardian, uno de los principales diarios del Reino Unido, publicó una columna del periodista y analista Simon Jenkins titulada: “¿Las Malvinas son argentinas? No exactamente, pero “las Falklands” no pueden seguir siendo británicas para siempre”.
El artículo no reconoce de manera plena la soberanía argentina, pero sostiene algo que Milei no siempre se atreve a plantear con igual claridad: la permanencia indefinida del dominio británico sobre las islas es histórica, geográfica, económica y políticamente insostenible, y tarde o temprano Londres deberá volver a negociar con Buenos Aires.
Una opinión británica más beneficiosa que la del Presidente argentino
Jenkins afirmó que ningún territorio heredado de la época imperial británica posee un derecho eterno a conservar su actual condición colonial.
También cuestionó que los contribuyentes británicos deban destinar más de 60 millones de libras anuales a sostener la defensa de unas islas ubicadas a miles de kilómetros del Reino Unido y frente a las costas argentinas.
El columnista recordó, además, que antes de la guerra de 1982 los gobiernos británicos negociaban con la Argentina una transferencia de soberanía acompañada por garantías para los isleños.
Las conversaciones habían avanzado después del acuerdo de comunicaciones firmado en 1971, que permitió a los habitantes de las islas viajar al continente, utilizar hospitales y establecimientos comerciales argentinos y acceder a becas educativas.
De acuerdo con Jenkins, el ministro laborista de Relaciones Exteriores Ted Rowlands discutió durante la década de 1970 una fórmula de arrendamiento con retrocesión, mediante la cual la soberanía sería reconocida a la Argentina mientras el Reino Unido conservaría temporalmente la administración.
Ese proyecto fue heredado en 1979 por el gobierno de Thatcher, que autorizó al ministro Nicholas Ridley a continuar las negociaciones.
La invasión ordenada por la dictadura militar argentina el 2 de abril de 1982 destruyó aquellas posibilidades, provocó la guerra y permitió que Londres congelara durante más de cuatro décadas cualquier discusión sobre soberanía.
Jenkins calificó aquella invasión como una “barbaridad”, pero también advirtió que el conflicto no justificaba que el Reino Unido suspendiera para siempre toda negociación.
Su conclusión es significativa: las islas no pueden continuar indefinidamente como una fortaleza militar británica aislada en el Atlántico Sur y, en algún momento, un gobierno de Londres deberá reunir el valor necesario para reabrir las conversaciones con la Argentina.
Resulta paradójico que una posición publicada en un diario británico sea, desde la perspectiva de los intereses argentinos, más beneficiosa que algunas expresiones pronunciadas por el propio Presidente de la Nación.
Milei podría acercarse a Londres sin resignar soberanía
La Argentina no necesita una política de hostilidad permanente contra el Reino Unido. Tampoco necesita convertir cada contacto diplomático o comercial en una confrontación sobre Malvinas.
Puede desarrollar un vínculo económico amplio, promover inversiones, recuperar mercados, negociar servicios financieros y facilitar la cooperación científica sin aceptar la ocupación británica ni relativizar el mandato constitucional.
Países con graves disputas territoriales mantienen relaciones comerciales, diplomáticas e incluso estratégicas sin abandonar sus posiciones soberanas.
La firmeza no exige agresión. Exige coherencia.
Milei podría afirmar que la Argentina desea una relación moderna con Londres y, al mismo tiempo, sostener inequívocamente que la soberanía sobre Malvinas no está resuelta, que existe una disputa reconocida internacionalmente y que el Reino Unido debe cumplir las resoluciones de las Naciones Unidas que promueven una negociación bilateral.
En cambio, el Presidente eligió elogiar reiteradamente a Thatcher, la primera ministra que condujo la guerra contra la Argentina, y calificó su desempeño como “brillante”.
Durante una entrevista concedida a la BBC en mayo de 2024, Milei sostuvo que admiraba a Thatcher y que cuestionarla por su actuación durante la guerra equivalía a utilizar un criterio “intelectualmente precario”. También reconoció que las islas se encuentran actualmente “en manos del Reino Unido” y afirmó que su recuperación podría demandar décadas.
Admirar determinadas reformas económicas de Thatcher es una decisión personal. Convertir esa admiración en una referencia política permanente, sin diferenciarla claramente de su responsabilidad en la guerra de 1982, representa una imprudencia institucional.
Thatcher no es una figura neutral en la historia argentina. Fue la jefa del gobierno que ordenó la operación militar británica y autorizó, entre otras decisiones, el hundimiento del crucero ARA General Belgrano, en el que murieron 323 argentinos, algo que el Presidente parecer no tener en cuenta..
Un Presidente puede reconocer las capacidades políticas o económicas de un adversario histórico, pero tiene la obligación adicional de medir el efecto internacional de sus palabras.
Una política condicionada por intereses económicos
Las ambigüedades de Milei pueden relacionarse con su intención de atraer inversiones británicas, fortalecer la relación con las potencias occidentales y evitar que la cuestión Malvinas se convierta en un obstáculo para su programa económico.
El Gobierno necesita capitales para minería, energía, hidrocarburos, infraestructura y servicios financieros. Londres continúa siendo una plaza económica relevante y mantiene influencia sobre fondos de inversión, entidades bancarias y empresas multinacionales.
También existe interés argentino en reducir las restricciones británicas que dificultan la compra de equipamiento militar con componentes fabricados en el Reino Unido.
Ese acercamiento puede ser legítimo y beneficioso. Lo cuestionable sería utilizarlo como argumento para enfriar, relativizar o postergar indefinidamente la defensa de la soberanía.
Una cosa es construir una relación pragmática con Londres. Otra muy distinta es transmitir que la Argentina ha comenzado a resignarse.
El Reino Unido no renuncia a sus intereses comerciales cuando reafirma su control sobre las islas. No existe razón para que la Argentina renuncie a su posición territorial para obtener inversiones.
El video y una peligrosa señal diplomática
La frase atribuida a Milei —“las Malvinas nunca van a ser argentinas”— no transfiere soberanía ni constituye jurídicamente una renuncia formal.
Pero las palabras de un jefe de Estado no son irrelevantes.
En el derecho internacional, las declaraciones públicas de autoridades con capacidad para representar al Estado pueden adquirir importancia cuando son claras, específicas, reiteradas y acompañadas por una conducta diplomática consistente.
El fragmento aislado difícilmente podría ser invocado por Londres como una renuncia jurídicamente vinculante. Sin embargo, sí puede ser utilizado como herramienta política y propagandística para demostrar que el propio Presidente argentino considera inviable la recuperación de las islas.
Cada ambigüedad reduce la consistencia del discurso nacional y ofrece a la diplomacia británica argumentos para sostener que el reclamo argentino no es uniforme ni permanente.
La Argentina necesita exactamente lo contrario: continuidad, previsibilidad y una posición de Estado que no cambie según la entrevista, el interlocutor o la coyuntura política.
La bandera de la Selección y la reacción británica
La exhibición de la bandera después de la victoria argentina por 2-1 contra Inglaterra provocó una inmediata reacción del gobierno británico, que pidió a la FIFA investigar a los jugadores.
El primer ministro Keir Starmer y otros funcionarios británicos calificaron la manifestación como inapropiada y recordaron que el reglamento de la FIFA restringe los mensajes políticos durante las competencias.
La entidad podría imponer una multa económica a la Asociación del Fútbol Argentino –AFA–, como ocurrió en antecedentes similares.
Milei defendió el derecho de los futbolistas a expresar el sentimiento argentino y aseguró posteriormente que “las Malvinas son argentinas” y que serán recuperadas mediante la diplomacia.
La declaración fue correcta, pero apareció después de años de mensajes contradictorios y cuando el reclamo había sido impulsado espontáneamente por los jugadores, no por una iniciativa diplomática del Gobierno.
La reacción británica también mostró una diferencia importante.
Mientras Londres respondió institucionalmente y reafirmó sin titubeos su posición, el Gobierno argentino continúa enviando señales ambiguas, mezclando admiración personal por Thatcher, pragmatismo económico y afirmaciones de soberanía que no siempre mantienen la misma intensidad.
El mandato constitucional no admite resignaciones
La primera disposición transitoria de la Constitución Nacional ratifica la soberanía legítima e imprescriptible de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
También establece que la recuperación de esos territorios, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.
El Presidente no tiene facultades para relativizar ese mandato.
Su obligación constitucional no consiste en iniciar una guerra ni en adoptar una política agresiva. Consiste en sostener activamente el reclamo por medios pacíficos, promover negociaciones y evitar acciones que puedan interpretarse como reconocimiento de la soberanía británica.
La Constitución ofrece precisamente el equilibrio que Milei debería aplicar: firmeza sobre la soberanía, respeto por los habitantes y utilización exclusiva de medios pacíficos.
No existe contradicción entre dialogar y reclamar. Tampoco entre comerciar y defender los intereses nacionales.
¿Puede ser juzgado por traición a la Patria?
Las declaraciones conocidas no permiten sostener jurídicamente una acusación por traición a la Patria.
El artículo 119 de la Constitución limita ese delito a tomar las armas contra la Nación o unirse a sus enemigos prestándoles ayuda y socorro.
Una opinión, incluso si resulta imprudente, derrotista o contraria a una política histórica, no configura por sí sola esa conducta.
Tampoco existe actualmente un estado de guerra entre la Argentina y el Reino Unido.
Sin embargo, la ausencia del delito de traición no convierte todas las acciones presidenciales en constitucionalmente aceptables.
Si el Gobierno adoptara medidas concretas para reconocer la soberanía británica, renunciar al reclamo, entregar jurisdicción o permitir la explotación unilateral de recursos argentinos, podrían abrirse debates sobre incumplimiento de los deberes de funcionario público, mal desempeño o juicio político.
La responsabilidad política y constitucional es más amplia que la estrictamente penal.
La Ley de Tierras y la soberanía sobre los recursos
La intención del Gobierno de eliminar las restricciones de la Ley 26.737 de Tierras Rurales agregó otro elemento de preocupación.
La norma limita la concentración de tierras rurales en manos extranjeras y establece controles sobre la adquisición de grandes superficies y propiedades ubicadas en áreas sensibles.
Su eventual derogación, impulsada por Milei, no implica jurídicamente la pérdida de soberanía territorial. La propiedad de una tierra por un extranjero no transforma ese territorio en parte de otro Estado.
Pero la discusión no puede reducirse a una cuestión registral.
La concentración extranjera de grandes extensiones, fuentes de agua, minerales, bosques, costas o zonas fronterizas puede generar condicionamientos económicos y estratégicos. La soberanía no consiste solamente en conservar una bandera o un título jurídico, sino también en mantener capacidad efectiva para decidir sobre recursos, infraestructura y territorio.
La política sobre Malvinas y la política de tierras comparten una pregunta central: cuánto control está dispuesto a conservar el Estado argentino sobre sus recursos estratégicos.
Una apertura económica sin regulaciones podría favorecer inversiones. Una apertura sin evaluación geopolítica podría aumentar dependencias difíciles de revertir.
Londres no cede y Buenos Aires no debería resignarse
El artículo de Simon Jenkins demuestra que dentro del propio Reino Unido existen voces capaces de reconocer que la situación actual no puede mantenerse eternamente.
Su postura no es la posición oficial de The Guardian ni del gobierno británico, sino una columna firmada por un experto analista en un diario respetado en Reino Unido. Pero su importancia radica precisamente en que cuestiona, desde Londres, la idea de una soberanía británica perpetua y recuerda que antes de 1982 existieron negociaciones concretas para transferir la soberanía.
Jenkins no afirma que las Malvinas sean plenamente argentinas. Pero reconoce que no pueden seguir siendo británicas para siempre, que su mantenimiento resulta costoso y que la lógica geográfica terminará imponiendo una negociación.
Esa opinión resulta más favorable para la Argentina que la frase derrotista del Presidente Milei.
Milei no necesita confrontar con Londres ni resucitar el lenguaje belicista de la dictadura. Necesita formular una política coherente: cooperación económica con el Reino Unido, respeto hacia los isleños, rechazo de toda intervención militar y firmeza absoluta sobre la existencia de una disputa de soberanía.
La Argentina puede acercarse al Reino Unido sin entregar Malvinas. Puede recibir inversiones sin aceptar condiciones coloniales. Puede negociar sin humillarse y reclamar sin agredir.
Lo que no puede hacer es permitir que la claridad sobre el futuro de las islas aparezca primero en un diario británico mientras el Presidente argentino transmite resignación, admiración por Thatcher o dudas sobre un mandato que la Constitución define como permanente e irrenunciable.
