Washington – 17 Julio 2026 – Total News Agency – TNA – El gobierno de Donald Trump aseguró que no impedirá el regreso de María Corina Machado a Venezuela, aunque simultáneamente respaldó el proceso de reconciliación impulsado por la administración interina de Delcy Rodríguez y un sector opositor encabezado por Dinorah Figuera, una negociación que, por ahora, excluye a la principal referente electoral del antichavismo.
La posición estadounidense evidencia la estrategia ambigua adoptada por Washington después de la captura de Nicolás Maduro en enero: reconocer el liderazgo político y simbólico de Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, pero privilegiar como interlocutores a figuras consideradas más funcionales para una transición controlada y sin una ruptura inmediata de la estructura estatal chavista.
“La política del Departamento de Estado es clara: no vamos a impedir el regreso de María Corina”, declaró el subsecretario adjunto para América del Sur, Luis Méndez, durante una audiencia del Congreso estadounidense.
El funcionario reconoció, sin embargo, que todavía existe “trabajo” por hacer antes de que Machado pueda volver con garantías suficientes para evitar una detención.
Consultado sobre si Washington había exigido a Delcy Rodríguez que permitiera el retorno de la dirigente opositora, Méndez respondió que Estados Unidos dejó esa posición “muy clara a las autoridades interinas”.
La formulación revela que el eventual regreso de Machado no depende solamente de su voluntad ni de una decisión estadounidense. También está condicionado por el aparato judicial, policial y de inteligencia que sobrevivió a la caída de Maduro y continúa bajo la conducción de funcionarios vinculados al chavismo.
Washington respalda la mesa que excluye a Machado
El Departamento de Estado celebró el acuerdo anunciado por la Asamblea Nacional elegida en 2015, presidida por Dinorah Figuera, y el gobierno interino venezolano para iniciar una agenda conjunta a partir del 1 de agosto.
El plan incluye reformas institucionales, reconstrucción del sistema electoral, recuperación de garantías políticas y mecanismos destinados a normalizar la participación de partidos y candidatos.
“Este anuncio representa un importante paso adelante en el proceso de reconciliación política”, señaló el portavoz del Departamento de Estado, Thomas Pigott, en un comunicado oficial.
Las negociaciones estarán encabezadas por Figuera y por el presidente de la actual Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez y una de las principales figuras del régimen chavista.
Figuera regresó recientemente a Caracas después de permanecer exiliada en España y se reunió con Rodríguez para organizar la agenda de diálogo. El proceso recibió el respaldo de Washington, que volvió a reconocer a la Asamblea Nacional de 2015 como una institución legítima para representar a una parte de la oposición.
Machado no integra la negociación, pese a que encabezó el movimiento opositor durante las elecciones presidenciales de 2024 y sostuvo que su candidato, Edmundo González Urrutia, obtuvo una amplia victoria que el régimen se negó a reconocer.
La ausencia de Machado no parece accidental. Estados Unidos apuesta por una transición gradual, negociada con sectores chavistas y opositores moderados, antes que por una transferencia inmediata del poder a la dirigente con mayor capacidad de movilización dentro y fuera de Venezuela.
Delcy Rodríguez continúa controlando el Estado
Después de la operación estadounidense que terminó con la captura de Maduro y de Cilia Flores, Trump respaldó a Delcy Rodríguez como figura interina para evitar un vacío de poder.
La decisión sorprendió a buena parte de la oposición, que esperaba que Washington reconociera a Machado o a González Urrutia como autoridades legítimas.
Desde entonces, Rodríguez mantuvo el control de ministerios, fuerzas de seguridad, empresas estatales y estructuras administrativas. Aunque impulsó algunas excarcelaciones, una ley de amnistía y gestos de apertura, los principales organismos de coerción del chavismo no fueron desmantelados.
La transición quedó así bajo la conducción de una dirigente que ocupó la vicepresidencia durante el gobierno de Maduro y que fue una de sus principales colaboradoras.
Machado describió a Rodríguez como una de las responsables centrales de la represión y cuestionó que pueda conducir una democratización genuina.
Washington, en cambio, considera que la continuidad parcial del aparato estatal permite preservar el control territorial, evitar enfrentamientos internos, garantizar la producción petrolera y contener una nueva ola migratoria.
La prioridad estadounidense parece ser la estabilidad antes que una depuración inmediata del régimen.
Una reconciliación sin fecha electoral
La agenda conjunta anunciada por el chavismo y la oposición de Figuera comenzará formalmente el 1 de agosto.
Entre sus objetivos figuran el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la reforma del sistema electoral y la restitución de garantías para la actividad política.
Sin embargo, todavía no existe un calendario concreto para celebrar nuevas elecciones presidenciales.
Las conversaciones apuntan primero a reconstruir el Consejo Nacional Electoral, actualizar el padrón, permitir la participación de dirigentes inhabilitados y establecer condiciones mínimas de competencia.
Fuentes vinculadas al proceso consideran que la recuperación de la credibilidad electoral podría requerir al menos ocho meses, especialmente después de años de manipulación institucional y persecución contra candidatos opositores.
La falta de una fecha definida favorece a Delcy Rodríguez, que conserva el poder mientras las partes negocian las reglas de una futura elección.
También debilita a Machado, cuya principal demanda consiste en reconocer los resultados de 2024 o convocar rápidamente a comicios libres.
Machado conserva respaldo, pero perdió influencia en Washington
María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz en 2025 por su defensa de los derechos democráticos y por su lucha por una transición pacífica.
Después de salir clandestinamente de Venezuela para recibir el galardón, se instaló temporalmente en Estados Unidos y expresó reiteradamente su intención de regresar.
En abril aseguró que volvería antes de finalizar 2026 y pidió elecciones rápidas para evitar que la frustración social terminara provocando una nueva crisis. También afirmó que las reformas electorales podían completarse en un plazo aproximado de nueve meses.
Machado mantiene una alta visibilidad internacional y reiteró su intención de presentarse nuevamente como candidata presidencial.
Sin embargo, su relación con la administración Trump se deterioró después de la caída de Maduro.
Trump afirmó inicialmente que Machado no poseía suficiente respaldo interno para asumir el control inmediato del país y decidió trabajar con Delcy Rodríguez.
La dirigente intentó recomponer la relación, agradeció públicamente la intervención estadounidense e incluso entregó a Trump la medalla física correspondiente a su Premio Nobel, aunque el Instituto Nobel aclaró que la distinción no podía ser transferida.
El gesto no modificó sustancialmente la estrategia de la Casa Blanca.
Washington continuó apostando por una transición administrada en la que Machado aparece como una figura relevante, pero no como la autoridad alrededor de la cual se organiza el nuevo poder.
El riesgo de legitimar al chavismo sin democratizar Venezuela
La reconciliación puede evitar una nueva confrontación y abrir espacios políticos después de años de persecución.
Pero también existe el riesgo de que el proceso permita a la antigua estructura chavista conservar el poder mediante concesiones limitadas, sin desmontar los mecanismos que hicieron posible la represión y el fraude electoral.
Delcy y Jorge Rodríguez controlan una parte considerable del aparato político heredado de Maduro. Si la transición se prolonga sin elecciones, pueden utilizar el tiempo para reorganizar al oficialismo, reconstruir alianzas y presentarse como garantes de la estabilidad.
La participación de Figuera otorga legitimidad opositora al proceso, pero no garantiza que represente a la mayoría del movimiento democrático.
La Asamblea Nacional de 2015 fue elegida legítimamente, aunque su mandato original venció hace años y su continuidad institucional fue sostenida de manera excepcional por sectores de la oposición y gobiernos extranjeros.
Machado, en cambio, construyó su legitimidad política mediante las primarias opositoras, las protestas y el proceso electoral de 2024.
Excluirla podría reducir la credibilidad social de cualquier acuerdo alcanzado.
El regreso podría convertirse en una prueba decisiva
Estados Unidos afirma que no bloqueará el retorno de Machado, pero tampoco anunció garantías concretas para su seguridad.
El propio Méndez reconoció que antes debe asegurarse que no sea arrestada.
Delcy Rodríguez había advertido anteriormente que Machado tendría que “responder ante Venezuela” por haber respaldado la intervención estadounidense que terminó con la captura de Maduro. Esa amenaza sigue pesando sobre cualquier intento de regreso.
Si Machado vuelve y es detenida, quedará demostrado que el aparato represivo continúa funcionando y que Washington carece de capacidad —o de voluntad— para imponer condiciones básicas a las autoridades interinas.
Si puede regresar, organizarse políticamente y competir, la transición ganará credibilidad.
El caso se convierte así en una prueba más importante que los comunicados diplomáticos.
No basta con afirmar que Estados Unidos no impedirá su ingreso. La cuestión es si exigirá que una ganadora del Nobel de la Paz pueda volver a su país sin ser perseguida, detenida o inhabilitada.
La tragedia sísmica aceleró el acercamiento
Las negociaciones se reactivaron después de los terremotos que devastaron distintas regiones de Venezuela en junio y dejaron miles de muertos, decenas de miles de heridos y una grave crisis habitacional.
La emergencia obligó al gobierno interino y a sectores opositores a coordinar tareas humanitarias y de reconstrucción.
Esa cooperación facilitó el anuncio de una agenda política conjunta y permitió a Washington presentar la reconciliación como parte de un proceso de estabilización nacional.
Sin embargo, la utilización de la tragedia como punto de partida para un acuerdo no debería desplazar las responsabilidades acumuladas durante años de autoritarismo.
La reconstrucción material necesita acompañarse con justicia, liberación de presos políticos, libertad de prensa, retorno de los exiliados y elecciones verificables.
Una transición diseñada desde Washington
Estados Unidos mantiene una influencia decisiva sobre el nuevo escenario venezolano.
Capturó a Maduro, respaldó la continuidad de Delcy Rodríguez, facilitó el regreso de Figuera y avaló la agenda que comenzará en agosto.
Washington también conserva herramientas económicas fundamentales: sanciones, licencias petroleras, acceso a mercados y reconocimiento diplomático.
En los hechos, la administración Trump actúa como árbitro y tutor de una transición cuyos principales participantes dependen de su aprobación.
Esa influencia puede favorecer una salida democrática. Pero también puede consolidar un modelo diseñado principalmente para proteger los intereses estratégicos, energéticos y migratorios estadounidenses.
La decisión de relegar a Machado muestra que Washington no necesariamente respalda al actor opositor con mayor legitimidad electoral, sino a quienes considera capaces de garantizar una evolución ordenada y previsible.
Estados Unidos sostiene que no impedirá su regreso. Pero, al apoyar una mesa en la que no participa, contribuye a dejarla fuera de las decisiones centrales sobre el futuro venezolano.
La verdadera reconciliación no puede limitarse a un entendimiento entre antiguos funcionarios chavistas y una fracción de la oposición.
Para ser legítima deberá incluir a todas las corrientes democráticas, ofrecer garantías a Machado y otros exiliados, establecer un calendario electoral y permitir que sean los venezolanos —y no Washington ni los herederos de Maduro— quienes decidan quién debe gobernarlos.
