Buenos Aires – 17 Julio 2026 – Total News Agency – TNA – La Asociación Mutual Israelita Argentina –AMIA– conmemoró este viernes el 32° aniversario del atentado terrorista iraní perpetrado contra su sede con un duro reclamo a la Justicia federal, a la que acusó de mantener la investigación “detenida, adormecida o cajoneada”, pese a que desde hace más de un año existe una resolución que habilita el juicio en ausencia contra diez acusados iraníes y libaneses vinculados con el régimen de Teherán y Hezbolá.
El acto central se realizó frente a la sede reconstruida de Pasteur 633, en el barrio porteño de Once, con la presencia del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, funcionarios nacionales, dirigentes políticos, familiares de las víctimas y representantes de la comunidad judía.
A las 9:53, la hora exacta en la que el 18 de julio de 1994 explotó la camioneta bomba que destruyó la mutual, una sirena volvió a interrumpir el tránsito y el silencio cubrió la calle Pasteur. El ataque dejó 85 muertos y más de 300 heridos y continúa siendo el mayor atentado terrorista cometido en territorio argentino.
El acto fue convocado bajo el lema “Hoy no podemos perder la memoria”, elegido para remarcar que la ausencia de condenas judiciales no puede transformarse en olvido social ni en resignación institucional. La ceremonia fue conducida por el actor Martín Seefeld.
“El terrorismo no logró vencernos”
El presidente de AMIA, Osvaldo Armoza, afirmó que la comunidad continúa en pie pese a la herida provocada por el atentado.
“Luego de 32 años, el terrorismo asesino no logró vencernos. Nos dejó una herida profunda, pero estamos de pie y seguiremos de pie”, expresó.
Sin embargo, el eje más duro de su intervención estuvo dirigido al funcionamiento de los tribunales.
“Durante este último año no se ha producido ninguna novedad relevante en la causa. Es como si estuviese detenida, adormecida o cajoneada”, denunció.
El reclamo alcanza especialmente a la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, que debe resolver planteos relacionados con la validez y el alcance del juicio en ausencia.
“No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos”, advirtió Armoza, al exigir una decisión que permita avanzar hacia el debate oral contra los acusados que permanecen fuera del alcance de la Justicia argentina.
Diez prófugos y una causa paralizada desde 2006
En junio de 2025, el juez federal Daniel Rafecas resolvió aplicar por primera vez en la historia judicial argentina el mecanismo de juicio en ausencia contra diez acusados de haber planificado, financiado y ejecutado el atentado.
Entre los imputados figuran los exfuncionarios iraníes Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani y Ahmad Reza Asghari, junto con los ciudadanos libaneses vinculados con Hezbolá Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.
Todos permanecen prófugos desde 2006 y varios tienen alertas rojas de Interpol. Irán se niega a extraditar a sus ciudadanos y algunos acusados ocuparon o continúan ocupando cargos relevantes dentro del régimen.
La resolución de Rafecas fue dictada a pedido del fiscal de la Unidad Fiscal AMIA, Sebastián Basso, después de la sanción de la Ley 27.784, que incorporó al ordenamiento argentino la posibilidad de juzgar a imputados rebeldes en causas de terrorismo, genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.
La norma permite que el proceso continúe aun cuando los acusados se sustraigan deliberadamente de la Justicia, aunque garantiza su representación mediante defensores oficiales y la posibilidad de solicitar un nuevo juicio si posteriormente comparecen y demuestran que no conocían el proceso o tenían un impedimento legítimo.
Pese a ese avance legal, la causa no llegó todavía al debate oral.
Críticas directas a Rafecas y a los fiscales
Armoza también reclamó al juez Rafecas que complete “de inmediato” los pasos procesales necesarios para elevar el expediente a juicio.
“Es incomprensible esta lentitud en permitir que el proceso sobre el juicio en ausencia siga avanzando”, sostuvo.
El dirigente valoró el trabajo del fiscal Sebastián Basso, aunque reclamó una investigación más profunda y activa. En cambio, calificó como “nulo” el desempeño del fiscal Gonzalo Miranda y solicitó al procurador general interino, Eduardo Casal, que revise su designación.
La crítica no desconoce que Rafecas fue quien habilitó el juicio en ausencia, sino que apunta a la demora posterior para concretar las medidas procesales que permitirían trasladar la acusación a un tribunal oral.
La decisión adoptada en 2025 todavía debe superar recursos y cuestionamientos de algunas querellas y de la defensa oficial. Mientras AMIA y DAIA apoyaron el nuevo procedimiento, organizaciones como Memoria Activa, APEMIA y la asociación 18J objetaron su aplicación por considerar que aún existen pruebas pendientes y riesgos de repetir las irregularidades que afectaron investigaciones anteriores.
Irán, Hezbolá y una responsabilidad judicialmente establecida
La causa judicial argentina atribuye la planificación del atentado a las más altas autoridades iraníes de la época y su ejecución operativa a Hezbolá.
En abril de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal declaró que los ataques contra la Embajada de Israel en 1992 y contra AMIA en 1994 fueron organizados por Irán y ejecutados por la organización terrorista libanesa.
Pese a esas conclusiones, ninguno de los responsables intelectuales u operativos fue detenido ni condenado.
La impunidad se prolongó además por maniobras de encubrimiento, irregularidades judiciales y operaciones políticas que desviaron la investigación durante años.
Uno de los episodios más graves fue el Memorándum de Entendimiento con Irán, firmado en 2013 por el gobierno de la ex presidente Cristina Kirchner. El fiscal Alberto Nisman denunció que el acuerdo buscaba favorecer a los acusados iraníes y levantar las alertas internacionales. Cuatro días después de presentar esa acusación, apareció muerto en su departamento; la Justicia argentina considera que fue asesinado.
La Corte Suprema dejó firme en 2024 que Cristina Kirchner deberá enfrentar un juicio oral por presunto encubrimiento agravado, obstrucción de la Justicia y abuso de autoridad en relación con ese memorándum.
Alerta por la Triple Frontera
Durante su discurso, Armoza advirtió también sobre la vulnerabilidad de las fronteras argentinas y pidió reforzar los controles en la Triple Frontera, además de los pasos limítrofes con Bolivia y Chile.
“La vulnerabilidad de nuestros límites geográficos es un riesgo que ya no nos podemos permitir”, afirmó mientras Milei escuchaba desde la primera fila.
La advertencia adquiere especial importancia por los antecedentes de Hezbolá en América Latina, sus redes financieras y logísticas y la posibilidad de que organizaciones vinculadas con Irán utilicen zonas fronterizas con controles insuficientes.
La comunidad judía reclama que la investigación del atentado no sea tratada únicamente como un expediente histórico, sino como una cuestión vigente de seguridad nacional.
Milei y una ley que todavía no produjo el juicio
El Gobierno de Milei promovió la aprobación del juicio en ausencia y presentó esa legislación como una ruptura con décadas de inacción política frente al terrorismo iraní.
En 2024, el Presidente afirmó que el terrorismo de Irán constituía “un asunto de interés nacional” y prometió brindar herramientas a la Justicia para juzgar a los responsables de los atentados.
La sanción de la Ley 27.784 y la posterior decisión de Rafecas representaron avances concretos.
Sin embargo, el reclamo de AMIA demuestra que una herramienta legal no garantiza por sí sola justicia. Sin resoluciones de Casación, procesamientos firmes, acusaciones completas y una elevación efectiva a juicio oral, el nuevo instituto corre el riesgo de convertirse en otra promesa atrapada en el expediente.
Treinta y dos años sin condenas
El atentado fue cometido en pocos segundos, pero su investigación lleva más de tres décadas atravesadas por demoras, encubrimientos y frustraciones.
Los familiares conocen los nombres de los principales acusados, pero todavía no vieron a ninguno sentado ante un tribunal argentino.
La frase pronunciada por Armoza resume el agotamiento de una comunidad que no exige nuevos homenajes simbólicos, sino decisiones judiciales.
La causa no carece de leyes, acusados ni hipótesis sobre la responsabilidad iraní. Lo que sigue faltando es un proceso capaz de transformar esas conclusiones en condenas.
A 32 años del ataque, la sirena volvió a sonar a las 9:53. La Justicia, según la AMIA, continúa en silencio.
