Buenos Aires – 17 Julio 2026 – Total News Agency – TNA – Una empresa especializada en medicina laboral y control del ausentismo quedó en el centro de un escándalo político después de conocerse que Nicolás Quereilhac, hermano de Soledad Quereilhac y cuñado del gobernador bonaerense Axel Kicillof, figura como empleado en relación de dependencia de la misma firma que recibe contratos multimillonarios de la provincia de Buenos Aires para auditar licencias de docentes y auxiliares.
La compañía es Dienst Consulting S.A., una prestadora privada que desde hace años trabaja para organismos públicos nacionales, provinciales y municipales en la gestión de licencias médicas, exámenes preocupacionales, auditorías de salud laboral y control del ausentismo.
La existencia de un vínculo laboral entre Quereilhac y Dienst fue publicada inicialmente por medios bonaerenses que exhibieron documentación previsional y registros laborales. Sin embargo, hasta el momento no se informó públicamente qué tareas desempeña, desde cuándo trabaja en la compañía, cuál es su jerarquía ni si intervino de alguna manera en las relaciones comerciales de la firma con el Estado provincial.
La coincidencia no prueba por sí sola la existencia de un delito o una contratación direccionada. Pero configura una situación que exige explicaciones institucionales: una empresa financiada con fondos de la administración de Kicillof tendría entre sus empleados a un familiar político directo del gobernador.
Ni el gobierno bonaerense ni Dienst difundieron hasta ahora una aclaración detallada sobre el alcance de ese vínculo.
Un contrato que superó los $3.374 millones
Uno de los principales negocios de Dienst en territorio bonaerense corresponde al control y auditoría de licencias médicas del personal docente y auxiliar dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación.
La documentación oficial del expediente EX-2023-03095036-GDEBA-SDCADDGCYE muestra que una redeterminación de precios llevó el monto contractual a 3.374.188.732,56 pesos, con pagos distribuidos entre los ejercicios presupuestarios correspondientes. La resolución exigió además a la empresa constituir una garantía equivalente al 10 por ciento del valor adjudicado.
El monto no necesariamente representa la totalidad de los pagos históricos recibidos por la compañía, ya que Dienst prestó servicios a la Provincia durante diferentes administraciones y mediante sucesivas licitaciones, extensiones y actualizaciones de precios.
Su presencia en el control de licencias docentes tampoco comenzó con Kicillof. La empresa ya había trabajado con gobiernos anteriores y fue cuestionada durante la gestión de María Eugenia Vidal por gremios que denunciaban dificultades en las juntas médicas, visitas domiciliarias incumplidas, malos tratos y rechazos de certificados.
Esa continuidad convierte el caso en un negocio que atraviesa la grieta política: una compañía que prestó servicios bajo administraciones de distinto signo y que ahora vuelve a generar interrogantes por sus vínculos personales y societarios.
El cuñado del gobernador
Nicolás Quereilhac es hermano de la esposa del gobernador y posee antecedentes laborales dentro del Estado nacional.
Distintas publicaciones le atribuyen funciones anteriores en Aerolíneas Argentinas y en el Ministerio de Economía, además de su posterior ingreso a Dienst Consulting.
Los documentos difundidos por esos medios lo ubican como trabajador registrado de la firma, aunque no permiten conocer con precisión su función. Esa falta de información es relevante: no es lo mismo desempeñar una tarea técnica sin contacto con el Estado que integrar áreas comerciales, institucionales o vinculadas con contrataciones públicas.
La relación familiar con Kicillof tampoco convierte automáticamente a Quereilhac en funcionario ni le impide trabajar en una empresa contratista.
El posible conflicto aparece porque la Provincia mantiene una relación económica considerable con su empleadora y porque no se conoce si existieron medidas de transparencia, declaraciones de intereses o mecanismos de apartamiento para evitar cualquier influencia real o aparente.
El gobierno bonaerense debería informar cuándo tomó conocimiento de esa relación laboral, qué funcionarios intervinieron en las contrataciones y si Quereilhac tuvo alguna participación directa o indirecta.
La empresa, por su parte, debería precisar su cargo, las tareas asignadas y si trabaja en áreas vinculadas con el sector público.
Una adjudicación multimillonaria en la Ciudad
La controversia excede a la Provincia.
Según documentación del proceso de contratación citada por las publicaciones que revelaron el caso, Dienst también resultó adjudicataria de un servicio de medicina laboral y control del ausentismo para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por un monto cercano a 15.871 millones de pesos y un plazo de dos años.
La adjudicación demuestra que la firma no depende exclusivamente del kirchnerismo bonaerense. También accede a contratos de una administración enfrentada políticamente con Kicillof.
Dienst ya había participado en licitaciones porteñas para servicios de exámenes médicos y control laboral. Una resolución oficial de la Ciudad registra su intervención en procedimientos competitivos anteriores.
La magnitud del nuevo contrato deberá ser explicada mediante el expediente completo, incluyendo cantidad de agentes alcanzados, servicios incluidos, duración, competidores, precios unitarios y criterios de evaluación.
El caso revela que la medicina laboral estatal se convirtió en una caja de miles de millones administrada mediante prestadores privados que controlan licencias de cientos de miles de trabajadores.
Quién conduce Dienst
La empresa informa que brinda servicios médicos, jurídicos y tecnológicos destinados a gestionar salud ocupacional, telemedicina, ausentismo y auditorías para organizaciones públicas y privadas.
Los registros oficiales ubican a María Natalia Martín como presidenta y representante de Dienst en distintas contrataciones públicas. Un decreto bonaerense ya la identificaba en esa función en operaciones celebradas años atrás.
Publicaciones periodísticas sostienen que Martín también mantuvo un vínculo laboral con el sistema público de salud bonaerense, circunstancia que agrega otro punto que debería aclararse, especialmente respecto de las fechas y la posible superposición de funciones.
La existencia de antecedentes dentro del Estado no supone una irregularidad, pero adquiere relevancia cuando quien dirige una contratista conserva o conservó relaciones laborales con organismos que forman parte de la misma administración contratante.
Diego Zuckerberg y el entramado empresarial
Detrás de la historia de Dienst también aparece el empresario Diego Zuckerberg, identificado en distintas publicaciones como antiguo directivo o referente de la firma.
Zuckerberg adquirió visibilidad pública en 2021, cuando el entonces jefe de Gabinete Juan Manzur evaluó incorporarlo a su equipo. La designación quedó frustrada después de que aparecieran informaciones sobre su participación en estructuras societarias offshore reveladas alrededor de los Pandora Papers y sus relaciones comerciales con actores sindicales.
La aparición de una persona en filtraciones sobre sociedades offshore no prueba por sí misma la comisión de un delito. Esas estructuras pueden tener usos legales, aunque requieren conocer sus propietarios, jurisdicciones, movimientos y finalidad.
Zuckerberg también participa en VulEnergy, empresa que impulsa un proyecto de energía geotérmica en Antofagasta de la Sierra, Catamarca, sobre un área aproximada de 25.000 hectáreas.
El emprendimiento analiza la producción de energía y la eventual extracción directa de litio de acuíferos geotermales. El empresario mantuvo reuniones con el gobernador catamarqueño Raúl Jalil y autoridades de la empresa minera provincial.
Estos negocios no están necesariamente vinculados con los contratos de medicina laboral. Pero muestran la amplitud de las relaciones empresariales y políticas construidas alrededor de quienes participaron en la conducción de Dienst.
Del Grupo Elías a contratos con gobiernos enfrentados
Distintos antecedentes periodísticos relacionaron los orígenes o parte del desarrollo comercial de Dienst con empresarios vinculados al denominado Grupo Elías, con presencia en Bahía Blanca y nexos con sectores del sindicalismo camionero.
La empresa también obtuvo contratos para evaluaciones psicofísicas, medicina laboral y servicios de auditoría en diferentes jurisdicciones.
Su expansión demuestra capacidad para sobrevivir a cambios de gobierno y trabajar con administraciones peronistas, macristas y provinciales de distintos signos.
Esa transversalidad no constituye una prueba de favoritismo. Puede responder a experiencia acumulada, infraestructura, tecnología y capacidad operativa en un mercado con pocos prestadores nacionales.
Sin embargo, cuando una empresa se convierte en proveedora habitual de diversos Estados, los controles deben ser más estrictos: competencia efectiva, precios comparables, cumplimiento contractual, transparencia societaria y ausencia de vínculos personales que puedan condicionar las decisiones públicas.
Una actividad sensible
El control del ausentismo no es un servicio administrativo menor.
Las empresas contratadas tienen acceso a información sanitaria, historias clínicas, diagnósticos, certificados médicos y datos personales sensibles de empleados públicos.
Además, pueden recomendar la aprobación o el rechazo de licencias que afectan salarios, estabilidad laboral y condiciones de trabajo.
Docentes y trabajadores estatales denunciaron en distintas provincias evaluaciones virtuales insuficientes, demoras, rechazo de certificados y decisiones tomadas sin examen presencial. Esas acusaciones fueron difundidas por sindicatos y medios, aunque deben analizarse caso por caso y no implican automáticamente responsabilidad penal de Dienst.
La privatización de esta tarea coloca a una compañía comercial en una posición de enorme poder sobre empleados estatales y obliga a auditar no sólo cuánto cobra, sino también cómo toma sus decisiones médicas.
El conflicto de interés debe ser investigado, no supuesto
Hasta el momento no existe evidencia pública suficiente para afirmar que Kicillof haya intervenido personalmente para beneficiar a Dienst o que su cuñado haya utilizado el vínculo familiar para obtener contratos.
Tampoco se conoce una denuncia judicial que haya probado direccionamiento, coimas o administración fraudulenta en las adjudicaciones mencionadas.
Pero la falta de una prueba penal no elimina el conflicto político.
Los estándares de integridad pública también exigen evitar apariencias de favoritismo y transparentar los vínculos familiares con contratistas estatales.
La Provincia debería publicar los contratos completos, sus prórrogas, redeterminaciones, informes de cumplimiento y dictámenes de los organismos de control.
También tendría que explicar si comparó el precio de Dienst con otras alternativas y por qué mantuvo o extendió el servicio.
La Ciudad, por su parte, deberá difundir las condiciones de su adjudicación multimillonaria y demostrar que existió competencia suficiente.
Una caja que salta la grieta
La medicina laboral se transformó en un negocio estatal de gran escala.
La Provincia paga miles de millones para controlar las licencias del sistema educativo. La Ciudad destina una suma todavía mayor al ausentismo de sus empleados. Otras jurisdicciones también contrataron a Dienst o servicios semejantes.
La empresa se presenta como especialista tecnológica en prevención y gestión sanitaria. Sus críticos la describen como una firma beneficiada por sucesivos gobiernos y cuestionada por trabajadores sometidos a sus auditorías.
En medio de esas dos imágenes aparece ahora un dato políticamente explosivo: la compañía contratada por la administración bonaerense sería empleadora del cuñado del gobernador.
La coincidencia no alcanza para dictar una condena. Sí alcanza para exigir respuestas inmediatas.
Kicillof debe aclarar si conocía el vínculo, qué función ocupa Quereilhac y qué recaudos tomó su gobierno. Dienst debe identificar las tareas de su empleado y explicar su estructura societaria. Los organismos de control deben revisar adjudicaciones, prórrogas y redeterminaciones.
Cuando una empresa privada administra información médica y contratos de miles de millones provenientes de gobiernos de ambos lados de la grieta, el silencio deja de ser una respuesta aceptable.
