Buenos Aires – 21 Julio 2026 – Total News Agency – TNA – La liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas —IOSFA— quedó atrapada en un enfrentamiento presupuestario entre los ministerios de Defensa y Seguridad Nacional, mientras el pasivo consolidado de la entidad ya alcanza los $213.902 millones y amenaza con trasladar la crisis hacia las dos nuevas obras sociales creadas por el Gobierno.
La disputa dejó de ser una discusión técnica. Tras cinco reuniones de una comisión especial sin resultados concretos, la resolución comenzó a escalar hacia la Casa Rosada y podría requerir una decisión directa del presidente Javier Milei, tanto por su condición de jefe del Poder Ejecutivo como por su rol constitucional de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
El dato más delicado es que aproximadamente el 65% de la deuda total corresponde a contribuciones impagas de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina, ambas dependientes del Ministerio de Seguridad.
Las obligaciones atribuidas a esas dos fuerzas ascienden a $139.057 millones, alrededor de 94 millones de dólares al tipo de cambio oficial tomado por el informe. El pasivo total de IOSFA equivale a unos 145 millones de dólares.
La dimensión de la deuda expone una paradoja estatal: el Gobierno decidió extinguir la obra social unificada y dividirla en dos estructuras, pero no consiguió establecer quién aportará los fondos necesarios para cerrar el organismo anterior sin dejar proveedores, clínicas y profesionales impagos.
Cinco reuniones y ninguna solución
El 6 de julio, el administrador encargado de la liquidación de IOSFA, coronel mayor retirado Ariel Guzmán, remitió al ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, un informe con las conclusiones de la quinta reunión de la Comisión Especial Ad Hoc creada para acompañar el proceso, según informo Ámbito.
El documento confirmó que no existe todavía un plan integral para cancelar la deuda y que tampoco resultaron eficaces los reclamos dirigidos a las fuerzas federales de Seguridad para que regularizaran sus obligaciones.
Según la información conocida, las Fuerzas Armadas realizaron los aportes comprometidos durante la transición. Gendarmería y Prefectura, en cambio, mantienen contribuciones patronales pendientes que arrastran antecedentes desde 2017.
Durante las reuniones, el representante del Ministerio de Seguridad, Fernando Domínguez, sostuvo que la cartera no dispone de recursos suficientes para afrontar el monto reclamado. Esa respuesta trasladó el conflicto hacia la discusión presupuestaria entre ministerios.
Guzmán concluyó que, después de cinco encuentros, no fue posible avanzar en un programa de cancelación ni exigir que las fuerzas de Seguridad cumplieran sus obligaciones del mismo modo que lo hicieron las Fuerzas Armadas. Por ello, recomendó llevar el asunto hacia “otras instancias decisorias”.
La frase representa, en términos administrativos, el reconocimiento de que la comisión agotó su capacidad de negociación.
El Gobierno dividió el sistema, pero heredó la deuda
El Decreto de Necesidad y Urgencia 88/2026 dispuso la disolución y posterior liquidación de IOSFA, que desde 2013 concentraba la cobertura sanitaria del personal militar, civil de las Fuerzas Armadas, Gendarmería y Prefectura.
En su reemplazo se crearon dos organismos: la Obra Social de las Fuerzas Armadas —OSFA—, bajo la órbita de Defensa, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad —OSFFESEG—, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.
La separación buscaba terminar con años de reclamos cruzados entre militares y fuerzas de Seguridad, cuyos afiliados denunciaban prestaciones suspendidas, farmacias sin cobertura, demoras en autorizaciones y profesionales que abandonaban la cartilla por falta de pago.
Sin embargo, dividir administrativamente el sistema no hizo desaparecer las obligaciones acumuladas.
La normativa estableció un período de transición de 365 días y designó a Guzmán como administrador de la liquidación. También creó una comisión asesora integrada por representantes de Defensa, Seguridad, Salud y Economía, con participación de la Sindicatura General de la Nación —SIGEN— para el control y la auditoría.
La propia IOSFA informó que esa comisión debía contribuir al ordenamiento administrativo y a la finalización de las funciones del organismo, aunque ya en su primera reunión quedaron planteos sin solución que requerían respuestas posteriores.
Cuatro meses después, el problema central continúa siendo el mismo: no hay fondos suficientes para cancelar el pasivo.
Defensa rechaza pagar la deuda de Seguridad
Desde el Ministerio de Defensa consideran que la nueva OSFA no debería absorber obligaciones generadas por Gendarmería y Prefectura.
La posición de esa cartera sostiene que utilizar aportes correspondientes al personal militar para cubrir una deuda atribuida a fuerzas dependientes de Seguridad reproduciría el desequilibrio que justificó la disolución de IOSFA.
Seguridad, por su parte, reconoce la falta de recursos y evita comprometer una fecha de cancelación. Esa postura deja como alternativas una ampliación presupuestaria, una transferencia extraordinaria del Tesoro o un programa de pagos de largo plazo.
En cualquiera de los casos, la decisión ya no puede quedar exclusivamente en manos de Presti o de las autoridades de Seguridad. Requiere la intervención del jefe de Gabinete, del Ministerio de Economía y, finalmente, del Presidente.
El Estado aparece al mismo tiempo como acreedor, deudor y responsable de garantizar la continuidad de la cobertura sanitaria.
El riesgo para afiliados y prestadores
La ausencia de una solución amenaza con transformar la liquidación en un proceso interminable.
Los proveedores y prestadores podrían iniciar nuevas demandas judiciales, suspender servicios o reclamar actualizaciones por inflación e intereses. Cuanto más se demore el pago, mayor será el costo final para el Estado.
La crisis también podría afectar a las nuevas obras sociales. Si los activos útiles son transferidos a OSFA y OSFFESEG, pero las deudas permanecen concentradas en un organismo sin recursos, la liquidación podría quedar reducida a una estructura vacía, incapaz de responder a los acreedores.
Detrás de la disputa existen cientos de miles de afiliados: militares en actividad y retirados, personal civil, gendarmes, prefectos, jubilados y familiares que dependen de la cobertura para acceder a medicamentos, tratamientos oncológicos, cirugías y prestaciones por discapacidad.
La deuda no constituye únicamente una discusión contable entre dos ministerios. Representa servicios médicos ya prestados y todavía no pagados.
El Gobierno pretendió resolver la crisis mediante una reorganización administrativa, pero el problema financiero permaneció intacto. La división de IOSFA permitió separar a las fuerzas, aunque también dejó al descubierto cuál de las áreas acumulaba la mayor parte de las obligaciones.
Ahora Milei deberá decidir quién paga la cuenta.
Si el Tesoro aporta recursos extraordinarios, el costo recaerá sobre el conjunto de los contribuyentes. Si Seguridad asume la deuda, deberá obtener una ampliación de partidas. Si Defensa termina absorbiéndola, se profundizará el malestar dentro de las Fuerzas Armadas.
La comisión técnica ya reconoció que no puede avanzar. La herencia de IOSFA llegó a la Casa Rosada y amenaza con convertirse en otro conflicto político dentro de un Gobierno que decidió cerrar una obra social antes de garantizar cómo saldaría sus deudas.
