Lima – 21 Julio 2026 – Total News Agency – TNA – La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, invitó a licenciados de las Fuerzas Armadas que participaron en operaciones contra el terrorismo durante las décadas de 1980 y 1990 a integrar la Gran Parada y Desfile Cívico Militar del próximo 29 de julio, en una decisión que busca reconocer a quienes combatieron durante uno de los períodos más violentos de la historia peruana.
La invitación fue comunicada durante una reunión celebrada en el despacho de la mandataria electa, ubicado en el distrito limeño de San Isidro, donde representantes de asociaciones de excombatientes plantearon reclamos vinculados con reconocimiento institucional, beneficios económicos y asistencia estatal.
El encuentro se produjo a una semana de la ceremonia de transmisión de mando. Fujimori jurará como presidenta constitucional el 28 de julio ante el Congreso de la República y al día siguiente encabezará, por primera vez como jefa de Estado y comandante suprema de las Fuerzas Armadas, el tradicional desfile por las Fiestas Patrias.
La participación de los veteranos tendrá una fuerte carga histórica y política. Miles de jóvenes fueron enviados durante los años de violencia terrorista a zonas de emergencia para enfrentar a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru —MRTA—, muchas veces bajo condiciones precarias y sin recibir posteriormente un reconocimiento proporcional a los riesgos asumidos.
Durante la reunión, un representante identificado como Pereira explicó que los visitantes no pertenecen a organizaciones violentas ni al movimiento etnocacerista, sino que son licenciados de las Fuerzas Armadas y se consideran parte de la “reserva contraterrorista” del país.
“Somos licenciados de las Fuerzas Armadas, excombatientes de la lucha contra el terrorismo. No somos grupos violentistas ni etnocaceristas”, afirmó el vocero en declaraciones a Exitosa, al confirmar que Fujimori había aceptado recibirlos y los había invitado a participar del desfile.
Pereira sostuvo que la organización denominada Zona D reúne a unos 25.000 veteranos en todo el Perú. La cifra fue proporcionada por la propia asociación y no cuenta todavía con una certificación pública independiente. Según el dirigente, una delegación de aproximadamente 80 hombres llegó a Lima desde Huánuco, Junín, Huancayo, Chiclayo, San Martín y otras regiones para plantear sus reclamos ante la futura presidenta.
Los exmilitares permanecieron inicialmente en los exteriores de la oficina de Fujimori vestidos con uniformes similares a los utilizados durante sus años de servicio. Posteriormente fueron recibidos por la presidenta electa, quien escuchó sus demandas y manifestó su respaldo a quienes participaron en la pacificación nacional.
También asistieron integrantes de la Asociación Nacional de Defensores de la Democracia “Sargento Segundo EP Robert Delgado Viera”, que reclamaron avances en el reconocimiento formal de quienes combatieron al terrorismo y defendieron instalaciones, caminos, pueblos y bases militares.
La invitación a la Parada Militar constituye un gesto simbólico, pero las asociaciones esperan que el próximo Gobierno avance más allá de los homenajes y acelere la implementación de beneficios que durante años quedaron atrapados entre trámites administrativos, procesos de acreditación y restricciones presupuestarias.
Una deuda que atravesó varios gobiernos
El reclamo de los licenciados no es nuevo. Durante décadas, numerosos exsoldados denunciaron que, después de cumplir el servicio militar obligatorio en zonas de emergencia, regresaron a sus comunidades sin pensión, cobertura médica adecuada ni reconocimiento como veteranos.
El Congreso aprobó en marzo de este año una bonificación económica excepcional para licenciados que realizaron el servicio militar obligatorio entre 1980 y 2000 en zonas declaradas en emergencia, siempre que cuenten con el reconocimiento correspondiente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
La medida fue oficializada mediante la Ley 32577, destinada a quienes están comprendidos en la Ley del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional. La norma había sido aprobada con 86 votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.
El beneficio alcanza a quienes terminaron el servicio militar en determinados grados y pueden acreditar su participación efectiva en operaciones desarrolladas durante el período de violencia terrorista. Sin embargo, las asociaciones advierten que una parte importante de los veteranos todavía enfrenta dificultades para obtener certificados, actas, partes de guerra y resoluciones administrativas.
El problema se agrava porque muchos documentos fueron extraviados, permanecen incompletos o nunca fueron entregados a los soldados que actuaron en zonas rurales y de difícil acceso.
Durante los últimos meses, el Congreso realizó varias ceremonias de reconocimiento a licenciados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. En una de ellas fueron homenajeados 160 veteranos que participaron en la pacificación durante la década de 1990. Otros actos entregaron medallas y diplomas a militares y policías que combatieron al terrorismo entre los años 80 y 90.
Para las asociaciones, esos reconocimientos resultan importantes, pero insuficientes mientras no se traduzcan en atención sanitaria, protección previsional y compensaciones económicas efectivas.
La primera señal política de Fujimori hacia las Fuerzas Armadas
La decisión también representa una de las primeras definiciones políticas de Fujimori antes de asumir la Presidencia. La mandataria electa reivindicó durante la campaña el restablecimiento del orden, el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y una respuesta más firme frente al crimen organizado.
Su acercamiento a los veteranos conecta inevitablemente con el legado de su padre, el fallecido ex presidente Alberto Fujimori, durante cuyo Gobierno fue detenido en 1992 el fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y se produjo el debilitamiento operativo de las organizaciones terroristas.
El fujimorismo considera la derrota de Sendero Luminoso uno de los mayores logros de aquella administración. Sus críticos recuerdan, en cambio, que durante ese período también se produjeron graves violaciones a los derechos humanos por parte de agentes estatales.
Reconocer a quienes combatieron al terrorismo no implica desconocer los delitos cometidos en operaciones ilegales ni cerrar las investigaciones sobre abusos. Significa distinguir entre responsabilidades individuales y el servicio prestado por miles de soldados, policías, ronderos y miembros de comités de autodefensa que enfrentaron una amenaza destinada a destruir el sistema democrático.
El desafío del nuevo Gobierno será evitar que el homenaje quede atrapado en la polarización entre fujimorismo y antifujimorismo. Los veteranos reclaman que su reconocimiento sea considerado una política de Estado, no una concesión partidaria.
Preparativos y seguridad para el desfile
El Ministerio de Defensa confirmó que la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 se realizará el miércoles 29 de julio en la avenida Brasil. Las autoridades ya iniciaron las coordinaciones con medios de comunicación, fuerzas de seguridad, municipios y organismos de transporte para organizar la cobertura y el ingreso del público.
En los días previos se instalarán tribunas, cercos de seguridad, puestos sanitarios y estructuras destinadas a las autoridades e invitados. También se aplicarán cortes y desvíos vehiculares en la avenida Brasil y calles cercanas.
La ceremonia reúne tradicionalmente a unidades del Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, además de delegaciones civiles, instituciones educativas, cuerpos de bomberos y organizaciones vinculadas con la defensa nacional.
Para los licenciados antiterroristas, marchar el 29 de julio tendrá un significado especial. No se tratará solamente de desfilar frente a las nuevas autoridades, sino de volver a ocupar un lugar visible ante un país que, durante años, apenas recordó su participación.
La invitación de Fujimori abre una expectativa concreta. Los veteranos fueron convocados a la principal ceremonia militar del Perú, pero ahora esperan que el reconocimiento continúe después de que terminen los actos patrios.
La deuda no se salda únicamente con una medalla, una fotografía o un lugar en el desfile. Se salda identificando a quienes sirvieron, eliminando trabas burocráticas y garantizando que los hombres que arriesgaron su vida frente al terrorismo no terminen abandonados por el mismo Estado que los envió a combatir.
