Mientras la Justicia estadounidense profundiza el seguimiento de los negocios internacionales de la entidad, en la Argentina varios expedientes vinculados con Claudio Tapia y Pablo Toviggino permanecen demorados. La causa por evasión que tramita el juez Diego Amarante es la excepción.
Buenos Aires – 23 Julio 2026 – Total News Agency – TNA-. Las investigaciones judiciales que alcanzan a las máximas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino —AFA— atraviesan en la Argentina una sucesión de conflictos de competencia, recursos y planteos defensivos que demoraron el análisis de las denuncias por presunto fraude, lavado de activos y movimientos irregulares de fondos.
Mientras fiscales estadounidenses comenzaron a requerir documentación y comunicaciones sobre los contratos internacionales de la institución, varios expedientes locales continúan atrapados en discusiones sobre qué juez debe intervenir, cuáles pruebas pueden utilizarse y si las distintas denuncias deben investigarse juntas o por separado.
El principal enfrentamiento gira alrededor de la causa por la mansión de Pilar, un inmueble de grandes dimensiones cuya propiedad formal fue vinculada con Luciano Nicolás Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, señalados en el expediente como posibles prestanombres. La investigación también analiza relaciones societarias y patrimoniales con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
La causa había sido enviada al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Alejandro González Charvay, pero la Cámara en lo Penal Económico resolvió que debía regresar a la Ciudad de Buenos Aires y quedar bajo la responsabilidad de la jueza María Verónica Straccia, subrogante del Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 10. El tribunal había ordenado que el traspaso se realizara con urgencia, luego de considerar que los hechos tenían conexión con investigaciones tributarias y financieras tramitadas en ese fuero.
El traslado, sin embargo, volvió a quedar condicionado cuando las defensas de Pantano y Conte acudieron a la Cámara Federal de Casación Penal. Los jueces Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky aceptaron analizar el recurso de queja, pese a que anteriormente el mismo tribunal había dejado la resolución de la competencia en manos de la Cámara en lo Penal Económico.
Casación deberá revisar ahora las actuaciones desarrolladas durante los últimos meses y decidir si la investigación continúa con Straccia o retorna al juzgado de González Charvay. La reapertura de esa discusión suspendió en los hechos el avance que debía comenzar antes de la feria judicial.
Las defensas pretenden concentrar en Campana distintos expedientes vinculados con dirigentes, empresarios y sociedades relacionadas con la AFA. Ese intento de unificar las investigaciones fue cuestionado por fiscales y querellantes, quienes advirtieron que podía provocar nuevas demoras y alejar las causas de los tribunales especializados en delitos económicos.
González Charvay ya había incorporado a su juzgado una parte de la investigación sobre TourProdEnter LLC, la empresa radicada en Florida que administró contratos comerciales internacionales de la AFA. Ese tramo se encontraba inicialmente en manos del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, quien había ordenado medidas sobre el empresario Javier Faroni antes de declararse incompetente y remitir el expediente a Campana.
No pudo absorber, en cambio, el expediente que tramitan la jueza Paula Petazzi y la fiscal Silvana Russi en la Justicia penal ordinaria. Allí se incorporó documentación obtenida mediante procedimientos de discovery autorizados por jueces de Estados Unidos, con registros bancarios, contratos y transferencias relacionadas con TourProdEnter.
La firma, vinculada con Faroni y su esposa, Erica Gillette, actuó como agente comercial de la AFA para cobrar patrocinios, derechos y otros ingresos generados fuera de la Argentina. La documentación difundida hasta ahora indica que por sus cuentas circularon entre US$300 millones y US$400 millones, aunque las cifras definitivas y el destino de los fondos deben ser determinados judicialmente.
Parte de esos documentos registra transferencias por más de US$50 millones hacia sociedades estadounidenses cuya actividad económica está bajo análisis. Las denuncias sostienen que algunas compañías no tenían empleados ni estructura comercial visible, mientras que TourProdEnter afirmó que sus operaciones respondieron a contratos legítimos y servicios efectivamente prestados.
Faroni promovió planteos para cuestionar la validez y utilización en la Argentina de las más de 3.000 páginas obtenidas en Estados Unidos. La discusión apunta a determinar si esos documentos pueden ser incorporados directamente como prueba penal o si deben ser requeridos mediante los mecanismos formales de cooperación judicial internacional.
El conflicto adquirió mayor relevancia después de que fiscales del Distrito Sur de Florida comenzaran a solicitar comunicaciones y registros vinculados con TourProdEnter, Faroni, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, Toviggino y otros allegados a la conducción de la entidad.
A diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos, donde se citó a un tercero para comparecer ante un gran jurado el 30 de julio, en varios expedientes argentinos todavía no fueron convocadas a declarar todas las personas mencionadas en las transferencias y contratos investigados.
Otro expediente demorado es el iniciado en Santiago del Estero, donde un fiscal federal llegó a solicitar medidas restrictivas contra Tapia y Toviggino. La investigación reconstruyó sociedades vinculadas con el tesorero, movimientos patrimoniales y vuelos privados utilizados por personas de su entorno.
Entre los movimientos analizados figura un vuelo realizado en julio de 2021 entre Miami y Buenos Aires, en el que Toviggino habría viajado junto al empresario de seguros Jorge Giani y la esposa de este, vinculada laboralmente con la Corte Suprema de Justicia. Esos datos forman parte de las medidas pendientes de profundización y no implican por sí mismos la comisión de un delito.
El expediente que mantiene un avance más sostenido es el que tramita el juez en lo Penal Económico Diego Amarante por presunta retención indebida de impuestos y contribuciones a la seguridad social.
Amarante procesó a Tapia, Toviggino, la AFA como persona jurídica y otros directivos por la falta de depósito, dentro de los plazos legales, de aproximadamente $19.000 millones retenidos en concepto de IVA, Ganancias y aportes de la seguridad social durante 2024 y 2025.
La Cámara en lo Penal Económico confirmó los procesamientos de Tapia y Toviggino. En el caso del presidente de la AFA, su apelación fue declarada desierta porque la defensa no cumplió en término con una audiencia. Ambos quedaron sujetos a embargos por $350 millones y a la prohibición de salir del país, aunque Tapia recibió autorización judicial para viajar al Mundial.
Las defensas intentaron apartar a Amarante al alegar enemistad y falta de imparcialidad, pero esos planteos fueron rechazados en distintas instancias. También reclamaron el cierre del expediente mediante la figura de la reparación integral, con el argumento de que la deuda había sido pagada.
El fiscal Claudio Navas Rial y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero —ARCA— se opusieron al sobreseimiento al considerar que el pago posterior no elimina automáticamente la responsabilidad penal por fondos que ya habían sido retenidos a terceros.
La investigación de Amarante fue ampliada a partir de otra denuncia de ARCA por presunta utilización de facturas apócrifas y contrataciones dudosas relacionadas con obras en el predio de Ezeiza y servicios informáticos. El organismo fiscal pidió analizar posibles salidas no documentadas por más de $289 millones y determinar si existió una organización destinada a cometer delitos tributarios.
La Cámara rechazó además el intento de las defensas de separar esa denuncia del expediente principal, por lo que las presuntas facturas falsas y la retención de aportes continuarán siendo investigadas de manera conjunta por el mismo magistrado.
