El requerimiento exige entregar comunicaciones y documentos relacionados con TourProdEnter, Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Javier Faroni y Diego Lucero. La identidad del convocado no fue confirmada y la AFA negó que sus máximas autoridades hayan sido citadas o que les secuestraran teléfonos.
Miami – 23 Julio 2026 – Total News Agency – TNA-. La investigación sobre los negocios internacionales y el movimiento de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino —AFA— ingresó en una etapa decisiva en Estados Unidos, donde un tribunal federal citó por primera vez a un testigo para que comparezca el próximo jueves 30 de julio ante un gran jurado del Distrito Sur de Florida.
La convocatoria no está dirigida al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, ni a su tesorero, Pablo Toviggino, sino a un tercero cuya identidad no fue revelada oficialmente. Sin embargo, el alcance del requerimiento coloca bajo la lupa las comunicaciones, contratos y registros vinculados con ambos directivos, con el empresario Javier Faroni, con TourProdEnter LLC y con Diego Lucero, un nombre relacionado con sociedades que aparecen alrededor de negocios e inversiones atribuidos al entorno del tesorero de la AFA.
La intervención de un gran jurado representa un avance sustancial respecto de las primeras averiguaciones. En el sistema penal estadounidense, ese cuerpo recibe pruebas y testimonios de manera reservada para determinar si existen elementos suficientes que justifiquen una acusación formal. La citación de un testigo no implica que las personas mencionadas hayan sido imputadas ni declara la comisión de un delito, pero confirma que los fiscales ya buscan reunir documentación con capacidad probatoria y reconstruir el recorrido de los fondos. El Departamento de Justicia explica que un testigo citado puede ser obligado a declarar sobre hechos concretos y a entregar registros requeridos por los fiscales.
El requerimiento se concentra en la estructura comercial utilizada por la AFA para cobrar contratos internacionales de patrocinio, televisación y organización de partidos amistosos. En el centro aparece TourProdEnter, una sociedad de Florida que comenzó a actuar en diciembre de 2021 como agente comercial internacional exclusivo de la entidad presidida por Tapia.
La empresa figura formalmente vinculada con Erica Gillette, esposa de Faroni, y operó cuentas en bancos estadounidenses a las que ingresaron pagos de grandes patrocinadores y socios comerciales de la Selección argentina. Registros bancarios obtenidos mediante procesos de apertura de prueba en Estados Unidos indican que TourProdEnter habría recaudado cerca de US$300 millones en cuatro años, provenientes, entre otras fuentes, de contratos con Adidas, empresas de medios y compañías que adquirieron derechos relacionados con la AFA.
La existencia de esos ingresos no constituye por sí sola una irregularidad, ya que la AFA sostiene que TourProdEnter fue contratada legítimamente para organizar su actividad comercial y logística internacional. El interrogante judicial se centra en el destino posterior de una parte del dinero y en su correspondencia con los estados contables, contratos y servicios efectivamente prestados.
De acuerdo con documentación bancaria analizada en investigaciones periodísticas y aportada a expedientes argentinos, cerca de US$57 millones habrían sido transferidos desde la estructura hacia diez sociedades constituidas en Miami. Una revisión anterior había detectado al menos US$42 millones girados a cuatro compañías que no registraban empleados ni actividad comercial verificable. Esos datos forman parte de acusaciones todavía sometidas a investigación y fueron rechazados por TourProdEnter, que sostuvo que las sospechas difundidas carecían de respaldo objetivo.
Entre las sociedades mencionadas aparecen Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velpasalt LLC y Velp LLC. Tres de ellas recibieron en conjunto unos US$38,9 millones antes de ser disueltas, mientras que otra figuraba como inactiva desde 2023. Los investigadores deberán determinar si esos pagos respondieron a servicios reales, comisiones comerciales, gastos de organización o si se utilizaron para desviar recursos que correspondían a la AFA.
El pedido de información incluye mensajes, correos electrónicos, registros de llamadas y documentación relacionada con Tapia, Toviggino, Faroni y Lucero. También apunta a conocer cómo se aprobaron los contratos, quién impartió instrucciones sobre las transferencias y cuáles fueron los beneficiarios finales de las sociedades receptoras.
Las autoridades estadounidenses comenzaron además a contactar a empresas extranjeras que firmaron acuerdos con la AFA y enviaron pagos a cuentas de TourProdEnter. El interés del FBI y del Departamento de Justicia se explica porque las operaciones atravesaron bancos radicados en Estados Unidos, circunstancia que habilita la jurisdicción federal para investigar posibles delitos financieros, fiscales o de lavado de activos, aun cuando parte de los involucrados y de la actividad comercial se encuentren fuera del país.
La investigación sería impulsada por los fiscales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, funcionarios con experiencia en delitos económicos, integridad bancaria y litigios complejos. Gushue aparece vinculado a la estructura especializada del Departamento de Justicia que investiga operaciones capaces de comprometer la integridad del sistema financiero, mientras que las unidades federales de lavado trabajan habitualmente junto con el FBI, organismos tributarios y agencias de control bancario.
En medio de las versiones sobre la actuación de los agentes estadounidenses, la AFA difundió un comunicado firmado por el abogado Gregorio Dalbón para negar que los teléfonos de Tapia y Toviggino hubieran sido incautados. La entidad también aclaró que ninguno de los dos fue convocado a declarar y reconoció que la citación está dirigida a un tercero, al que se le pidió comparecer y presentar comunicaciones vinculadas con autoridades de la institución.
La precisión resulta importante: hasta ahora no existe confirmación pública de un secuestro de celulares ni de una citación personal contra Tapia o Toviggino. Tampoco puede asegurarse que los agentes no hayan copiado el contenido de los dispositivos. La negativa de la AFA despeja una de las versiones, pero no altera la existencia del requerimiento documental ni la comparecencia prevista para el 30 de julio. En Estados Unidos el FBI puede extraer la copia de un teléfono frente al imputado y dicho contenido tiene pleno valor legal ante un tribunal federal, siempre que se cumplan los requisitos constitucionales y procedimentales de la legislación de los Estados Unidos.
La identidad del testigo continúa bajo reserva. Entre las versiones periodísticas aparecen Pablo Beacon, excolaborador estrecho de Toviggino; integrantes del área comercial de la AFA; empresarios relacionados con partidos amistosos, y personas que participaron de la obtención de documentos bancarios en Florida. Ninguna de esas hipótesis fue confirmada por el tribunal ni por el Departamento de Justicia.
Beacon adquirió especial relevancia porque fue accionista de Malte SRL, la sociedad utilizada para comprar una mansión en Pilar investigada por la Justicia argentina y atribuida al entorno de Toviggino. Versiones no corroboradas sostienen que habría aportado información a las autoridades estadounidenses, pero su eventual condición de colaborador no fue reconocida oficialmente.
También aparece en los antecedentes el empresario Guillermo Tofoni, quien mantuvo reuniones con fiscales y agentes federales después de obtener mediante procesos judiciales más de 3.000 páginas de registros bancarios de TourProdEnter. Tofoni denunció que la estructura habría canalizado cientos de millones de dólares fuera de la Argentina y presentó la documentación ante tribunales locales y estadounidenses. La AFA mantiene con él una prolongada disputa comercial, por lo que sus acusaciones deberán ser contrastadas con los contratos, balances y movimientos bancarios.
La pesquisa en Florida se desarrolla mientras en la Argentina avanzan expedientes por presuntas irregularidades tributarias, apropiación de aportes y movimientos patrimoniales vinculados con autoridades de la institución. Esas causas son independientes, aunque la información obtenida en Estados Unidos podría generar pedidos de cooperación internacional si los fiscales encuentran operaciones conectadas con hechos investigados por los tribunales argentinos.
La citación del primer testigo modifica el escenario para la conducción de la AFA. Hasta ahora, Tapia y Toviggino habían respondido a las denuncias mediante comunicados y rechazos públicos; desde el jueves 30, un testigo deberá entregar documentación y responder bajo juramento ante la Justicia federal estadounidense.
