Por Daniel Romero
Washington – 24 Julio 2026 – Total News Agency – TNA-. Trump volvió a imponer aranceles a la Argentina y las demoras en la Hidrovía y las patentes pudieron pesar en la decisión.
Estados Unidos puso en vigencia este viernes un arancel adicional del 10% sobre una amplia variedad de importaciones procedentes de la Argentina, pese al acercamiento político entre Donald Trump y Javier Milei y apenas meses después de que ambos gobiernos anunciaran un acuerdo comercial que contemplaba la eliminación de tarifas para más de 1.600 productos argentinos.
La medida forma parte de una ofensiva de la administración norteamericana contra 60 economías acusadas de no aplicar prohibiciones suficientemente eficaces contra la importación de mercaderías elaboradas mediante trabajo forzoso. Las tasas establecidas oscilan entre el 10% y el 12,5%, con excepciones para determinados bienes energéticos, alimentos, fertilizantes y materias primas consideradas indispensables para la economía estadounidense.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos —USTR— utilizó la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, un instrumento que permite responder a prácticas extranjeras consideradas injustificadas, discriminatorias o perjudiciales para el comercio norteamericano. Washington sostuvo que las deficiencias de los países investigados permiten el ingreso de productos fabricados mediante trabajo forzoso y colocan a las empresas estadounidenses en una situación competitiva desfavorable.
La Argentina quedó dentro del grupo que recibirá la tasa menor del 10%, junto con Canadá, México, Reino Unido, India, Indonesia, Bangladesh, Camboya, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka y Trinidad y Tobago. Los países que no tienen una prohibición integral o compromisos considerados suficientes enfrentarán un recargo del 12,5%.
El gravamen reemplaza al arancel global temporal del 10% que Trump había aplicado durante 150 días después de que la Corte Suprema de Estados Unidos invalidara buena parte de su anterior esquema tarifario. En términos nominales, varios productos argentinos continuarán soportando una carga similar a la que regía hasta el jueves, pero ahora bajo una estructura jurídica distinta y sin una fecha inmediata de vencimiento.
La decisión resulta especialmente significativa porque el acuerdo bilateral firmado en febrero había previsto que Estados Unidos eliminara las tarifas recíprocas sobre aproximadamente 1.675 posiciones argentinas, mientras Buenos Aires reduciría o suprimiría gravámenes para más de 220 categorías de productos norteamericanos. Entre los bienes argentinos beneficiados se mencionaron minerales críticos, insumos farmacéuticos, materiales industriales, maquinaria y componentes.
La reaparición de una tasa general del 10% demuestra que la sintonía ideológica entre Milei y Trump no garantiza por sí sola un acceso preferencial estable al mercado estadounidense. La política comercial de Washington continúa subordinada a resultados concretos, concesiones regulatorias y avances verificables en los compromisos asumidos por sus socios.
La justificación formal de la USTR se concentra exclusivamente en las políticas contra el trabajo forzoso. No existe, hasta el momento, un documento oficial estadounidense que vincule la inclusión argentina con la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, las reformas de propiedad intelectual o las dificultades legislativas del Gobierno.
Sin embargo, esos asuntos integran la negociación comercial más amplia entre ambos países y pudieron haber influido en la decisión de Washington de mantener a la Argentina dentro del nuevo régimen, en lugar de reconocerle una exclusión general. Se trata de una hipótesis política y comercial, no de una causa oficialmente confirmada, basada en información, a la que tuvo acceso TNA sobre diferentes malestares en Washington.
Uno de los puntos de fricción fue la concesión de la Hidrovía, la principal vía de salida de las exportaciones agroindustriales argentinas. La licitación terminó adjudicada por 25 años al consorcio encabezado por la empresa belga Jan De Nul, asociado con la firma argentina Servimagnus, después de una disputa con otra compañía belga, DEME. La vía navegable abarca unos 1.400 kilómetros y concentra más del 80% de las exportaciones argentinas.
El proceso había despertado objeciones desde Estados Unidos. Una compañía norteamericana cuestionó condiciones del pliego que, a su criterio, favorecían a Jan De Nul y dificultaban la participación de nuevos competidores. Entre las exigencias objetadas figuraba la experiencia previa en el dragado continuo de al menos 250 kilómetros de río, requisito que la empresa belga podía acreditar gracias a sus décadas de operación en el Paraná.
La polémica adquirió una dimensión geopolítica porque sectores estadounidenses advirtieron sobre posibles vínculos comerciales del consorcio ganador con intereses chinos. Directivos de Jan De Nul se reunieron en mayo con el embajador norteamericano en Buenos Aires, Peter Lamelas, para explicar su posición sobre la licitación y las características de su propuesta.
La concesión fue además cuestionada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que señaló deficiencias en cláusulas anticorrupción, mecanismos de evaluación, cesión de contratos y estudios ambientales. La oposición reclamó suspender el procedimiento, aunque el Gobierno avanzó con la adjudicación.
Washington considera la Hidrovía un activo estratégico no sólo por su importancia comercial, sino también por su relación con la seguridad regional, el narcotráfico, el contrabando y la creciente presencia china en infraestructura sudamericana. El hecho de que ninguna empresa estadounidense quedara en condiciones de competir por una concesión multimillonaria pudo haber reducido el margen político para otorgar a la Argentina una excepción arancelaria amplia.
El segundo frente sensible es el capítulo de propiedad intelectual incluido en el acuerdo bilateral. La Argentina se comprometió a enviar al Congreso la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes —PCT—, revisar los criterios de patentabilidad y alinear parte de su sistema con los estándares reclamados por Estados Unidos.
El PCT no concede automáticamente una patente mundial, pero permite iniciar mediante una sola solicitud el procedimiento para buscar protección en múltiples países. Sus defensores sostienen que reduce costos administrativos, facilita la internacionalización de inventores y empresas argentinas y mejora la integración del país en el sistema global de innovación.
La propuesta encontró una fuerte resistencia de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos —CILFA— y de otras entidades de capital nacional. Los laboratorios advierten que una modificación amplia de los criterios de patentabilidad podría favorecer estrategias de prolongación artificial de monopolios, conocidas como evergreening, mediante cambios menores sobre medicamentos ya existentes que no aportan beneficios terapéuticos sustanciales.
Según la industria nacional, una protección más extensa o la multiplicación de solicitudes podría retrasar la entrada de medicamentos genéricos y biosimilares, aumentar los costos para las obras sociales, las prepagas y el sistema público, y reducir la capacidad de producción de los laboratorios argentinos.
La discusión no se limita a la adhesión formal al PCT. El acuerdo con Estados Unidos también contempla revisar directrices restrictivas aplicadas a patentes farmacéuticas y biotecnológicas, analizar mecanismos de protección de datos de prueba y adecuar la legislación argentina a estándares internacionales de reciprocidad.
El proyecto obtuvo dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados con 57 firmas sobre 91 legisladores presentes, pero su aprobación definitiva requiere atravesar un Congreso fragmentado y negociaciones con bloques opositores, gobernadores, intendentes y representantes de provincias donde la industria farmacéutica posee un peso económico relevante con fuerte poder de lobby.
El oficialismo aceptó incorporar modificaciones y reservas parciales para conservar cierto margen de maniobra en la aplicación del tratado. Esa salida buscó contener la resistencia local, aunque pudo ser interpretada en Washington como una implementación incompleta de los compromisos asumidos.
Las multinacionales farmacéuticas consideran que un régimen más fuerte de propiedad intelectual es una condición para anunciar inversiones en producción, investigación clínica y desarrollo de nuevos medicamentos. Los laboratorios nacionales, en cambio, sostienen una hipótesis, que ceder en todos los frentes puede fortalecer a compañías extranjeras sin garantizar que las inversiones prometidas se concreten.
Ese conflicto coloca a Milei frente a una contradicción política. Para consolidar el acuerdo con Trump debe avanzar con reformas reclamadas por Estados Unidos, pero para aprobarlas necesita votos de una oposición que exige proteger la industria local y evitar un supuesto encarecimiento de los medicamentos.
Medicamentos genéricos puros
En el segmento de los medicamentos genéricos sin marca comercial, Estados Unidos suele presentar precios equivalentes o incluso inferiores a los registrados en la Argentina, especialmente cuando se comparan tratamientos de consumo masivo adquiridos sin cobertura médica.
Más del 90% de las recetas dispensadas en el mercado estadounidense corresponde a medicamentos genéricos, fabricados en gran escala por laboratorios de Estados Unidos, India y China. A través de cadenas como CVS, Walgreens y Walmart, o mediante plataformas de descuentos como GoodRx, tratamientos genéricos para el colesterol, la hipertensión arterial y otras enfermedades crónicas pueden conseguirse por valores de entre 4 y 15 dólares.
En la Argentina existen medicamentos genéricos, segundas marcas y copias producidas por laboratorios nacionales. Sin embargo, algunos fármacos de uso crónico ampliamente recetados, como valsartán, rosuvastatina y bisoprolol, alcanzaron valores significativos medidos en dólares, especialmente cuando el paciente debe pagar el precio completo sin cobertura de una obra social, una empresa de medicina prepaga o algún programa de descuento.
En determinados casos, el precio argentino de una presentación comercial reconocida puede superar el costo de su equivalente genérico en Estados Unidos. La comparación depende de la dosis, la cantidad de comprimidos, la marca, el canal de venta y el tipo de cobertura disponible, pero contradice la afirmación general de que una mayor protección de la industria farmacéutica nacional garantiza necesariamente medicamentos más baratos para los consumidores.
Medicamentos de venta libre en EE.UU
La diferencia también se observa en analgésicos, antialérgicos y otros productos de venta libre, conocidos en Estados Unidos como Over-The-Counter —OTC—. Medicamentos básicos como ibuprofeno, paracetamol y loratadina suelen comercializarse en el mercado estadounidense en presentaciones considerablemente más grandes y con un costo unitario inferior.
En supermercados, farmacias y estaciones de servicio estadounidenses pueden encontrarse frascos de 200 o 500 comprimidos de ibuprofeno por menos de 10 dólares, lo que reduce el precio de cada unidad a pocos centavos.
En el mercado argentino, en cambio, los analgésicos suelen venderse en blísteres de 10 o 20 comprimidos. El menor tamaño de las presentaciones, la incidencia de las marcas comerciales, los márgenes de distribución y la estructura de comercialización elevan considerablemente el costo por unidad.
Esta diferencia permite discutir uno de los principales argumentos utilizados por los laboratorios nacionales contra una mayor apertura del sistema de patentes. La protección de la producción local puede constituir un objetivo industrial legítimo, pero no demuestra por sí misma que los pacientes argentinos accedan siempre a medicamentos más económicos.
La USTR indicó que la tasa del 10% podrá aplicarse a países que ya poseen prohibiciones contra el trabajo forzoso, que prometieron adoptarlas mediante acuerdos comerciales o que aplican mecanismos parciales. La Argentina recibió el tratamiento más bajo porque asumió compromisos en esa materia, pero no fue apartada completamente del régimen.
El nuevo esquema contempla exenciones para materias primas que Estados Unidos no puede producir en cantidades suficientes o a precios razonables, así como para bienes cuya penalización pueda generar problemas de abastecimiento o perturbaciones económicas internas. La composición final de esas excepciones determinará el daño efectivo para las exportaciones argentinas.
Los sectores más expuestos serán aquellos que compiten con proveedores alternativos y tienen escaso margen para trasladar el arancel al comprador. En esos casos, el importador estadounidense puede exigir una reducción del precio, cancelar operaciones o sustituir al proveedor argentino.
Los productos diferenciados, los recursos naturales escasos y los bienes incluidos en listas de excepción tendrán mayores posibilidades de conservar su posición. Minerales críticos, determinados insumos industriales, energía y materias primas no disponibles en Estados Unidos podrían recibir un tratamiento más favorable.
La Argentina deberá negociar ahora la preservación de las preferencias previstas en el acuerdo de febrero y demostrar avances verificables en los compromisos asumidos. En esa discusión aparecerán inevitablemente la legislación sobre trabajo forzoso, el sistema de patentes, el acceso de empresas estadounidenses a sectores estratégicos y las condiciones regulatorias para nuevas inversiones.
Fuentes consultadas: Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos; Casa Blanca; acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos; Cámara de Diputados de la Nación; CILFA; Gobierno argentino; documentación de la licitación de la Hidrovía; Reuters; Financial Times; El País; Infobae; Buenos Aires Times; Fuentes TNA
