Más de un mes después de que entre 70.000 y 80.000 personas cruzaran desde Marruecos hacia Ceuta en una crisis sin precedentes, Felipe VI continúa sin poder trasladarse oficialmente a la ciudad autónoma. Pedro Sánchez visitó Ceuta, varios ministros hicieron lo mismo y el Gobierno desplegó allí su aparato político, pero recién ahora Moncloa anuncia que el jefe del Estado viajará “en las próximas semanas”. El problema excede a Rabat: Marruecos defiende sus intereses y rechaza cualquier gesto que considere una afirmación española sobre Ceuta y Melilla; corresponde al Gobierno de España defender con igual claridad los propios. Sin embargo, durante semanas Sánchez condicionó una visita del Rey cuya autorización institucional depende precisamente del Ejecutivo y después llegó a reprochar públicamente al monarca que nunca hubiera realizado ese viaje.
Madrid – 6 de septiembre de 2026 – Total News Agency – TNA – La crisis de Ceuta dejó al descubierto una anomalía institucional difícil de explicar únicamente por la prudencia diplomática frente a Marruecos. Más de un mes después de la entrada masiva de decenas de miles de personas procedentes del país vecino, el rey Felipe VI continúa esperando para realizar una visita oficial a la ciudad autónoma, mientras el presidente Pedro Sánchez y numerosos ministros sí pudieron desplazarse allí sin que esas presencias fueran consideradas incompatibles con la estabilidad de la relación bilateral.
El Gobierno terminó anunciando el jueves en el Congreso que el monarca visitará Ceuta y Melilla “en las próximas semanas”, pero no proporcionó una fecha. Tres días antes, Sánchez había admitido que existían “argumentos y razones suficientes” para el viaje y añadió que se produciría “cuando se den las condiciones”. La pregunta que Moncloa continúa sin contestar es qué condiciones faltaron durante agosto para Felipe VI cuando no faltaron para el propio presidente ni para los integrantes de su Gobierno.
La cuestión adquiere especial gravedad porque España no se encuentra ante una simple controversia protocolar. El 30 de julio, Ceuta sufrió una entrada migratoria de dimensiones extraordinarias. Las primeras estimaciones hablaban de unas 60.000 personas y posteriormente el propio Gobierno elevó el cálculo hasta un rango superior a 70.000, con estimaciones que llegaron a 80.000. La ciudad tiene poco más de 83.000 habitantes, lo que permite dimensionar el impacto territorial, económico y social de aquel episodio.
Sánchez ha insistido en que no existe hasta el momento evidencia concluyente para acusar al Gobierno de Marruecos de haber organizado deliberadamente la avalancha. Reuters informó que el presidente reconoció que las fuerzas marroquíes permitieron el paso durante unas diez horas críticas, aunque sostuvo que todavía debe determinarse si aquello respondió a una decisión política o a incapacidad operativa por la sorpresa. Un informe policial español bajo análisis judicial describió una pasividad fronteriza inusual, mientras Rabat negó haber promovido la crisis.
Pero la responsabilidad eventual de Marruecos no debería ocultar el problema principal para España. Rabat defiende los intereses que considera propios, mantiene históricamente su reivindicación sobre Ceuta y Melilla y procura evitar cualquier gesto español que pueda interpretarse como una reafirmación especialmente contundente de soberanía. Es una posición coherente con la estrategia marroquí, independientemente de que Madrid la rechace. La responsabilidad política de un presidente español consiste precisamente en defender con igual determinación los intereses, símbolos e instituciones de España.
En ese marco, la presencia de Felipe VI en Ceuta tendría un significado que excede ampliamente un recorrido ceremonial. El artículo 56 de la Constitución establece que el Rey es jefe del Estado y símbolo de su unidad y permanencia, mientras el artículo 64 dispone que sus actos deben ser refrendados por el presidente del Gobierno o por los ministros competentes, quienes asumen la responsabilidad política correspondiente. El monarca no puede, por lo tanto, actuar como un dirigente partidario y decidir unilateralmente una visita institucional de esta naturaleza ignorando al Ejecutivo.
Esa arquitectura constitucional vuelve particularmente incómodo el reproche formulado por Sánchez el pasado 31 de agosto, cuando preguntó públicamente cuántas veces Felipe VI había visitado Ceuta y Melilla durante su reinado. El presidente llegó incluso a equivocarse al hablar de “más de veinte años” de reinado cuando Felipe VI ocupa el trono desde 2014, es decir, desde hace doce años. Durante ocho de esos doce años, además, Sánchez ha encabezado el Gobierno encargado de coordinar y refrendar los actos institucionales del jefe del Estado.
Desde que Sánchez llegó al poder en 2018 el Rey no visitó oficialmente Ceuta ni Melilla, y después de la crisis de julio el Gobierno demoró durante más de un mes la autorización política de un desplazamiento cuya conveniencia reclamaban autoridades de ambas ciudades y la oposición.
La propia actuación de Felipe VI durante la emergencia mostró que Zarzuela deseaba involucrarse. El Rey habló con Sánchez y con los presidentes de Ceuta y Melilla apenas estalló la crisis y posteriormente recibió en el Palacio de Marivent al presidente ceutí Juan Jesús Vivas, quien después del encuentro reiteró públicamente su convencimiento de que el monarca visitaría la ciudad y trasladaría su apoyo a los habitantes.
La comparación histórica tampoco favorece la cautela prolongada de Moncloa. En noviembre de 2007, el rey Juan Carlos I visitó Ceuta y Melilla acompañado por la reina Sofía después de haber pedido al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero realizar ese viaje. Marruecos reaccionó retirando temporalmente a su embajador en Madrid, pero la crisis fue posteriormente gestionada por vías diplomáticas y la relación bilateral continuó. La experiencia demostró que una reacción adversa de Rabat no obliga necesariamente a España a renunciar a una manifestación institucional de soberanía sobre su propio territorio.
Hoy existe una sensibilidad similar. Fuentes políticas marroquíes consideran que una visita de Felipe VI podría ser interpretada como una provocación, especialmente mientras Marruecos atraviesa su propia campaña electoral y algunos miembros de su Gobierno reactivaron públicamente reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla. Precisamente por esa razón la visita posee tanta importancia: si el criterio para determinar cuándo puede el jefe del Estado recorrer territorio español termina dependiendo de cuánto pueda incomodar esa presencia a Rabat, la política exterior española queda sometida de hecho a una capacidad de condicionamiento marroquí.
La actitud de Sánchez contrasta además con el protagonismo que concedió durante semanas a la cooperación con Marruecos. El presidente elogió la respuesta de Rabat posterior a la entrada masiva, sostuvo que no existían pruebas suficientes para responsabilizar al Gobierno marroquí y pidió evitar acusaciones capaces de desencadenar una crisis bilateral. Es una prudencia diplomática defendible; lo menos comprensible es que esa cautela terminara trasladándose al propio jefe del Estado español.
El antecedente de Barcelona en 2020 muestra que no es la primera vez que el Ejecutivo de Sánchez limita un desplazamiento institucional de Felipe VI por consideraciones políticas. Aquel septiembre, Casa Real había confirmado inicialmente la presencia del monarca en la ceremonia de entrega de despachos a nuevos jueces en Barcelona, pero posteriormente comunicó que no acudiría. Integrantes del Consejo General del Poder Judicial señalaron entonces que el Gobierno no había autorizado la asistencia, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, reconoció después que la decisión estuvo relacionada con la proximidad del aniversario del referéndum independentista del 1 de octubre y con la sentencia sobre Quim Torra.
Ese episodio provocó un fuerte malestar en la magistratura. El entonces presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, expresó públicamente su “enorme pesar” por la ausencia del Rey y recordó su condición constitucional de símbolo de unidad y permanencia del Estado. Un año después Felipe VI regresó al acto, cerrando temporalmente aquella controversia.
Ahora la discusión se reproduce con una carga territorial todavía mayor.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, lleva semanas reclamando que Sánchez permita la visita y acusa al jefe del Ejecutivo de intentar trasladar al Rey responsabilidades por una ausencia que depende de la coordinación gubernamental. Desde Melilla, Juan José Imbroda reclamó también que Felipe VI visite ambas ciudades “sin más dilación”, recordando que la última visita de un monarca se produjo en 2007.
Mientras tanto, Zarzuela buscó fórmulas para hacer visible su respaldo sin provocar una confrontación constitucional. Felipe VI mantuvo contactos con las autoridades de las ciudades autónomas y ha utilizado mensajes y gestos institucionales para reafirmar su cercanía. El Gobierno, finalmente, parece haber cedido ante la presión pública: en su comparecencia parlamentaria del 3 de septiembre, Sánchez afirmó oficialmente que el Ejecutivo “ha compartido la necesidad” de que el jefe del Estado viaje a Ceuta y Melilla para transmitir “el compromiso absoluto del Estado” con ambas ciudades.
La formulación de Moncloa resulta reveladora porque confirma algo que durante semanas fue presentado como si dependiera de la voluntad personal del monarca: la visita requiere una decisión y coordinación del Gobierno.
Sánchez puede legítimamente considerar que mantener una relación estable con Marruecos es indispensable para España. Ambos países comparten intereses sobre inmigración, comercio, lucha antiterrorista, seguridad, pesca y control fronterizo, y una ruptura diplomática tendría consecuencias importantes.
Tampoco existe obligación de convertir a Marruecos en el único responsable de lo ocurrido el 30 de julio para sostener esta crítica. Rabat seguirá utilizando todos los instrumentos diplomáticos disponibles para defender sus intereses nacionales. La cuestión es qué hace Madrid para defender los españoles.
Después de más de un mes de crisis, la respuesta de Sánchez parece haber cambiado. El Gobierno promete ahora cien millones de euros adicionales para Ceuta, un tratamiento especial ante la Unión Europea y finalmente la visita de Felipe VI. Pero ese viaje llegará después de semanas durante las cuales el presidente y sus ministros pudieron pisar la ciudad mientras el jefe del Estado permanecía esperando unas imprecisas “condiciones” que Moncloa nunca terminó de explicar.
Cuando Felipe VI finalmente llegue a Ceuta y Melilla, el problema no será solamente qué mensaje enviará a Marruecos. La visita permitirá comprobar hasta qué punto el Gobierno entiende que la relación con Rabat debe administrarse desde el respeto mutuo y no mediante una autocontención española permanente. El precedente de 2007 demuestra que es posible defender una relación estratégica con Marruecos y, al mismo tiempo, ejercer sin complejos la soberanía y la representación institucional dentro del propio territorio; esa es precisamente la responsabilidad que ahora recae sobre Sánchez, no sobre un Rey cuyo margen de actuación constitucional depende del refrendo del Ejecutivo.
Fuentes consultadas: Constitución Española y Boletín Oficial del Estado; Presidencia del Gobierno de España–La Moncloa; Casa de S.M. el Rey; Congreso de los Diputados; Reuters; Europa Press; El País; documentación sobre la visita de Juan Carlos I a Ceuta y Melilla en 2007; antecedentes de la ausencia de Felipe VI en la entrega de despachos judiciales de Barcelona en 2020; declaraciones de Juan Jesús Vivas, Juan José Imbroda y Alberto Núñez Feijóo.
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