por Enrique Guillermo Avogadro
“Cuando la ley ya no te protege de los corruptos, sino que protege a los corruptos de ti, sabes que la nación está condenada”.
Ayn Rand
La Justicia, en su concepción platónica, es una virtud. En la Argentina, en cambio, se ha convertido demasiadas veces en una variable de ajuste político. Cuando los ciudadanos comienzan a sospechar que una misma ley puede tener distinto significado según quién sea el acusado, quién la víctima o qué intereses estén en juego, ya no estamos ante una simple deficiencia del servicio de Justicia: estamos ante una enfermedad de la República. La Corte Suprema, como cabeza del Poder Judicial, tiene la obligación de percibir el enorme desprestigio que éste ha acumulado ante una ciudadanía que contempla, entre inerme y resignada, el manto de impunidad que demasiados jueces y camaristas federales tienden sobre los poderosos — sean empresarios, políticos o dirigentes de la AFA — termina preguntándose si existe realmente una Justicia igual para todos.
Y esa pregunta es devastadora. No hay República posible cuando el ciudadano común siente que la ley cae sobre él con todo su peso mientras se vuelve maleable cuando llega a los despachos donde se deciden los destinos de los poderosos. No me refiero solamente a la proverbial lentitud de nuestros tribunales. El problema es más profundo: la percepción de que los tiempos, las interpretaciones y hasta las competencias judiciales pueden modificarse según las circunstancias. Hay causas que duermen durante décadas y otras que de pronto adquieren una velocidad sorprendente. Hay decisiones que parecen definitivas hasta que cambia el escenario político y jueces que sostienen una interpretación para luego encontrar argumentos para sostener exactamente la contraria.
El propio diseño constitucional atribuyó al Consejo de la Magistratura la selección mediante concursos públicos, cuya terna es elevada luego al Poder Ejecutivo. El problema aparece cuando los mecanismos destinados a garantizar el mérito se convierten en terrenos fértiles para la discrecionalidad, las negociaciones y los favoritismos. La alteración de órdenes de mérito, las sospechas sobre concursos, las designaciones y subrogancias y el peso de las relaciones personales alimentan una percepción particularmente dañina: que para llegar a determinados cargos judiciales no siempre alcanza con ser el mejor. Y, si esa percepción se instala, la toga pierde autoridad antes incluso de que su titular dicte su primera sentencia.
Por eso resulta auspicioso que la propia Corte haya intentado recientemente corregir algunos de estos defectos. En marzo presentó un proyecto de reglamento para los concursos de magistrados destinado a reforzar la idoneidad y el mérito, reducir la discrecionalidad, garantizar el anonimato de las pruebas de oposición y establecer reglas más claras para las entrevistas personales. Es un paso en la dirección correcta. Pero una reforma reglamentaria no será suficiente si quienes deben aplicarla siguen sometidos a los mismos incentivos políticos que han deteriorado el sistema.
La causa relacionada con el ingreso de los Eskenazi a YPF, iniciada en 2006 y dormida desde entonces en el despacho del inefable Juez Ariel Lijo es un ejemplo de cómo el paso del tiempo se convierte en impunidad. Pero también preocupa la volatilidad de algunos criterios judiciales. Lo ocurrido recientemente con los jueces de Casación Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, al dar marcha atrás sobre sus propios criterios y disponer que la causa relacionada con la denominada “quinta de la AFA” sea instruida por el Juzgado Federal de Campana, como pretendían los imputados, vuelve a plantear una pregunta elemental: ¿qué principios permanecen inalterables cuando cambian las circunstancias? No se trata de exigir que los jueces jamás modifiquen sus decisiones; sería absurdo: pueden equivocarse y corregir sus errores. Lo que la sociedad no puede aceptar es que la coherencia jurídica parezca depender del viento político.
Existe, además, un problema mucho más doloroso. Los jueces y camaristas que intervienen en causas por delitos de lesa humanidad tienen una enorme responsabilidad respecto de las condiciones de detención de personas de edad avanzada que, en muchos casos, padecen enfermedades graves. El fallecimiento de más de mil detenidos durante los últimos años, y las condiciones en que muchos atravesaron sus últimos días, demuestra que el Estado argentino no ha cumplido sus obligaciones constitucionales. Un Estado de Derecho no puede convertirse en un Estado de venganza, y quienes administran justicia también están sometidos a la ley.
Aquí aparece el problema esencial: la captura de la toga. No hablo solamente de corrupción, que debe ser castigada con todo rigor, sino de algo más sutil y peligroso: la progresiva identificación de determinados magistrados con intereses del poder político, económico o corporativo. Un juez no debe ser amigo ni enemigo del Gobierno, ser oficialista ni opositor, buscar el aplauso de los medios ni de las redes sociales. Mucho menos debe preguntarse qué consecuencias políticas tendrá una sentencia antes de decidir conforme al derecho. Su obligación es sencilla y difícil: aplicar la ley. A veces esa decisión favorecerá al Gobierno y otras lo perjudicará, beneficiará a un empresario y otras lo condenará; puede proteger a un dirigente político o terminar con él en prisión. Eso es precisamente la independencia judicial. La verdadera independencia no consiste en que los jueces sean independientes cuando nadie los contradice, sino en que puedan ser impopulares sin miedo cuando la Constitución y la ley así lo exigen.
La Argentina necesita jueces que comprendan que su legitimidad no nace de su proximidad con el poder, sino de su capacidad para resistirlo. Necesita concursos transparentes, órdenes de mérito respetados, antecedentes evaluados con rigor, reglas previsibles y decisiones fundadas. Necesita una Justicia veloz, porque una Justicia tardía muchas veces equivale a una Justicia denegada. Y, sobre todo, una Justicia que no tenga miedo de equivocarse contra el poder.
La seguridad jurídica no es una abstracción. Es la certeza de que las reglas serán las mismas para todos: que un contrato será respetado, una inversión tendrá protección, una empresa no dependerá de una decisión arbitraria, un ciudadano podrá reclamar contra el Estado y un poderoso podrá ser condenado si viola la ley. Sin esa certeza no habrá inversiones genuinas, crédito, crecimiento sostenible ni trabajo registrado y bien remunerado. La Argentina ya ha demostrado una extraordinaria capacidad para destruir su moneda, su ahorro, sus empresas y sus oportunidades. Es imperdonable que haya destruido también la confianza en la Justicia.
Por eso, ésta es una carta abierta a los ministros de la Corte. No les pedimos que sean héroes sino algo mucho más elemental: que sean jueces. Que recuerden que la toga no es un escudo para proteger privilegios, sino una carga que obliga a soportar presiones. Que comprendan que la independencia judicial no se declama: se ejerce. Y que sepan que, cuando un juez se atreve a aplicar la ley aún contra el poder, quizá pierda amigos, titulares y aplausos, pero gana algo infinitamente más importante: la República.
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