Buenos Aires, 11 de noviembre de 2025 – Total News Agency-TNA-El Gobierno de Javier Milei avanza hacia la firma de un histórico acuerdo comercial con los Estados Unidos, que implicará la reducción de aranceles para unos 150 productos argentinos a cambio de que el país se adhiera a exigencias del informe 301 del United States Trade Representative (USTR) sobre la protección de patentes, informaron fuentes oficiales.
El canciller argentino Pablo Quirno encabezará este martes una comitiva que viajará a Washington para reunirse con altas autoridades del Gobierno estadounidense y desplegar los últimos detalles de la negociación, junto a funcionarios liderados por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Según declaraciones recogidas en el seno del Ejecutivo, el convenio “queda prácticamente cerrado”, aunque los acuerdos específicos aún se encuentran bajo confidencialidad.
En esencia, Argentina aceptará concesiones sustanciales en materia de propiedad intelectual como contraparte del acceso preferencial al mercado estadounidense. Entre los rubros favorecidos figuran carne vacuna, aluminio, acero, vinos, miel, cítricos, langostinos y madera, que el año pasado exportaron por unos 6.400 millones de dólares. Por su parte, para EE.UU. el tratado significaría asegurar un aliado estratégico que impulse inversiones en energía, minería e infraestructura, según palabras del canciller.
No obstante, la parte más sensible del acuerdo radica en las exigencias del USTR, que en su informe 301 señala que Argentina no cumple con la Ley de Patentes de 1995, mantiene restricciones para laboratorios extranjeros y permite la comercialización de genéricos sin autorización extranjera. Las implicaciones comprenden la adhesión al Patent Cooperation Treaty (PCT) y la creación de una fiscalía especializada en infracciones de marcas y patentes.
El contrapunto ocurre dentro del país: la industria farmacéutica nacional, agrupada en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), rechaza la exigencia de derogar las resoluciones de 2012 que limitaban la patentabilidad de productos químicos-farmacéuticos. En contraparte, los laboratorios de capital extranjero exigen mayor protección. Esta grieta es un foco de tensión en la negociación que también concierne al Ministerio de Salud.
El anuncio podría producirse en los próximos días. El embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, declaró hace poco que el acuerdo “está prácticamente finalizado” y que solo resta el momento adecuado para comunicarlo. El Gobierno argentino considera que la alianza con EE.UU. abrirá “confianza a inversores” y potenciará la competitividad de la industria agroexportadora.
Las implicancias para la Argentina son múltiples. Por un lado, la baja de aranceles mejoraría el acceso al mercado estadounidense de productos que hoy enfrentan una tarifa del 10 % o, en el caso de aluminio y acero, del 50 %. Por otro, asumir compromisos sobre propiedad intelectual puede generar un costo doméstico importante: puede encarecer medicamentos, limitar la producción local de genéricos e implicar cambios regulatorios profundos para muchas industrias.
El Gobierno defiende que el pacto representa un salto estratégico para la inserción internacional del país y para atraer inversión en tecnología, infraestructura y energía. Y así lo expresó el canciller al afirmar que “estamos muy acostumbrados al toma y daca, acá hay una alianza estratégica”. Sin embargo, analistas advierten que firmar el convenio sin medir sus efectos podría comprometer sectores sensibles de la economía doméstica.
El factor estadounidense adquiere relevancia geopolítica: la relación entre ambos países se ha fortalecido, y el contexto global de competencia entre EE.UU., China y otras potencias presiona a Argentina a definir rápidamente su rol como exportador de materias primas y proveedor de mercados de tecnología y agroindustria. El acuerdo en ciernes con EE.UU. puede marcar un punto de inflexión para el país en su estrategia exterior.
En este momento, el foco está en Washington. El equipo argentino deberá cerrar los últimos flecos técnicos, incluyendo mecanismos de monitoreo de cumplimiento, calendarios para la implementación de las medidas y la supervisión de la industria farmacéutica nacional. El futuro del acuerdo dependerá de esa letra chica, que ahora se encuentra en manos de negociadores que deben equilibrar los beneficios comerciales con las resistencias internas.
