Buenos Aires-17 de Marzo de 2026-Total News Agency-TNA- En medio de la nueva ola de revelaciones sobre el caso $LIBRA, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, salió a fijar una posición política y jurídica que busca bajar la temperatura del debate público: consideró “imprudente” atribuirle delitos al presidente Javier Milei cuando, remarcó, ni siquiera fue imputado en una causa. Con tono severo hacia parte de la oposición parlamentaria, el funcionario cuestionó a los diputados que, a su juicio, “hablan con tanta liviandad” sobre una eventual responsabilidad penal del jefe de Estado y pidió dejar actuar a la Justicia.
Las declaraciones, formuladas en A24, llegaron en un momento especialmente delicado para la administración libertaria. En los últimos días, la investigación judicial volvió a tomar volumen tras la difusión de peritajes, chats y registros de llamadas que involucran al empresario Mauricio Novelli y a integrantes del entorno oficial, además de la aparición de un borrador que aludiría a un presunto acuerdo millonario vinculado con la promoción del activo digital. Ese combo reactivó el frente político en la Cámara de Diputados, donde sectores opositores volvieron a poner el foco sobre la comisión especial creada para seguir el caso y reclamaron medidas contra el fiscal Eduardo Taiano.
Frente a ese escenario, Mahiques buscó marcar una línea divisoria entre el impacto político del expediente y su situación procesal real. Sostuvo que en la Argentina la única autoridad con facultades para imputar y eventualmente responsabilizar penalmente a una persona es el Poder Judicial, a través de fiscales y magistrados, y recordó que una condena solo puede hablarse como tal cuando queda firme tras atravesar distintas instancias. En esa lógica, sugirió que convertir sospechas, filtraciones o reconstrucciones mediáticas en culpabilidad anticipada no solo es prematuro, sino también peligroso para el debido proceso.
El ministro también intentó relativizar el peso probatorio del supuesto documento que menciona un pago de cinco millones de dólares a cambio de difusión. Según su planteo, no existe hasta el momento una prueba concluyente que acredite que ese acuerdo se haya concretado efectivamente, y remarcó que buena parte de lo conocido hasta ahora trascendió en la prensa antes de consolidarse en el expediente con valor procesal definitivo. No fue una defensa cerrada de los hechos investigados, sino una advertencia sobre la distancia que, según el oficialismo, separa una sospecha periodística de una imputación judicial sólida.
Otro punto central de su intervención fue la denuncia sobre una presunta filtración de información reservada. Mahiques explicó que, además de la causa principal sobre $LIBRA, existe otra investigación referida a la posible salida irregular de archivos desde un organismo de la Procuración General de la Nación. Allí deslizó una preocupación sensible: si una persona sin autorización accedió al material, lo extrajo y lo hizo circular, la cadena de custodia podría haberse visto comprometida. Y si esa cadena fue vulnerada, agregó, se abre el interrogante sobre eventuales adulteraciones, manipulaciones o incorporaciones espurias en archivos que hoy alimentan el debate público.
Ese argumento no es menor, porque se convirtió en la principal línea de respuesta del oficialismo ante las revelaciones que golpean al Gobierno. En vez de discutir solamente el contenido de los peritajes, la estrategia parece orientarse a cuestionar el recorrido de la información y la forma en que llegó al conocimiento público. Es, en los hechos, una doble defensa: por un lado, negar que exista prueba concluyente contra el Presidente; por otro, advertir que parte del material difundido podría quedar bajo sospecha si se comprueba una filtración irregular.
De todos modos, el problema para la Casa Rosada no desaparece. Aunque Mahiques procuró desdramatizar la dimensión penal inmediata del caso, el expediente sigue acumulando ruido político y erosiona la narrativa de pureza institucional con la que el mileísmo construyó buena parte de su identidad pública. La reactivación parlamentaria, los pedidos para apartar a Taiano y la difusión de nuevos elementos sobre Novelli muestran que el tema está lejos de apagarse. Por ahora, el Gobierno apuesta a refugiarse en la presunción de inocencia y en el respeto a los tiempos judiciales. Pero el costo político de cada nueva filtración, auténtica o discutida, ya empezó a correr por otra vía: la de la credibilidad.
