Buenos Aires, 1 de abril de 2026-Total News Agency-TNA-. Manuel Adorni llegará el próximo 29 de abril a la Cámara de Diputados con un frente político y judicial mucho más pesado que el que imaginaba la Casa Rosada hace apenas unas semanas. Lo que debía ser su informe de gestión terminó convirtiéndose en una verdadera prueba de resistencia: la oposición ya le cargó 4.800 preguntas por escrito, un récord para la figura del jefe de Gabinete, y buena parte de ese arsenal apunta directo a tres zonas de máximo desgaste para el funcionario: su patrimonio, el viaje privado a Uruguay y el caso $LIBRA.
El número, por sí solo, ya pinta el clima. Según los registros parlamentarios y reconstrucciones periodísticas de las últimas horas, los 19 bloques que integran la Cámara baja y reúnen a sus 257 diputados utilizaron una ventana de apenas 48 horas para cargar miles de consultas en el sistema. El promedio fue impactante: cerca de 100 preguntas por hora. En el oficialismo tratan de bajarle dramatismo, pero en el Congreso nadie esconde que la sesión se perfila como una de las más incómodas del año para un funcionario que, además, llegará bajo investigación judicial y con su credibilidad patrimonial seriamente golpeada.
La presión no nace sólo de la disputa parlamentaria. El trasfondo es que Adorni deberá presentarse en medio de una causa por presunto enriquecimiento ilícito que ya empezó a moverse con medidas concretas. El fiscal federal Gerardo Pollicita citó como testigo para el 8 de abril a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino en la compra del departamento de Caballito escriturado por USD 230.000 y financiado en gran parte con un crédito privado de USD 200.000 otorgado por dos mujeres que aparecieron como acreedoras de la operación. La citación es relevante porque pone bajo la lupa la arquitectura misma de la compraventa y convierte a la escribana en la primera testigo llamada en un expediente que ya dejó de ser ruido mediático para entrar de lleno en terreno judicial.
Ese expediente, además, no se limita al departamento sobre la calle Miró. La fiscalía también mira la propiedad de Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete. Por eso la oposición quiere que el informe del 29 de abril no sea una mera exposición administrativa, sino una instancia de rendición política real. El planteo de fondo es que no alcanza con que Adorni repita que construyó su patrimonio en el sector privado o que algunas propiedades aparecerán en la próxima declaración jurada: lo que se busca ahora es que detalle fechas, montos, origen de fondos, modalidad de financiamiento y relación con cada una de las personas que aparecen involucradas en esas operaciones.
En ese marco, las preguntas más incisivas ya empezaron a hacerse públicas. Myriam Bregman pidió precisiones sobre la cantidad de inmuebles del funcionario y de su esposa, cómo fueron adquiridos y con qué fondos. Pablo Juliano, Esteban Paulón y Maximiliano Ferraro empujan la línea más dura sobre la evolución patrimonial y ampliaron la denuncia para que se profundice la investigación sobre las compras inmobiliarias. El paquete opositor también incluye consultas por los viajes, los contratos cruzados y la eventual incompatibilidad entre ingresos declarados y nivel de gastos. El mensaje político es claro: Adorni ya no será examinado sólo por la marcha del Gobierno, sino por su propia situación personal.
El otro foco caliente es el viaje privado a Punta del Este, una escala que sigue generando ruido judicial y político. En la causa que tramita ante el juez Ariel Lijo, el piloto y bróker Agustín Issin declaró que quien gestionó y pagó los pasajes fue Marcelo Grandío, amigo de Adorni y periodista de la TV Pública. Según esa reconstrucción, la ida fue cobrada por la operadora aérea a la productora ImHouse, vinculada a Grandío, y la vuelta fue facturada directamente por el bróker al periodista por USD 3.000, con emisión posterior al vuelo. Ese punto resulta especialmente sensible porque alimenta una de las preguntas más incómodas para el jefe de Gabinete: quién pagó realmente, por qué lo hizo y qué relación administrativa o comercial une a los protagonistas de esa trama.
Todo esto ocurre, además, bajo una obligación institucional que ya venía generando observaciones. El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que el jefe de Gabinete debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada cámara, para informar sobre la marcha del gobierno. En ese contexto, la presentación del 29 de abril no será una visita más, sino el primer gran examen parlamentario de Adorni en su nuevo rol, con el detalle nada menor de que llegará después de meses de blindaje político, denuncias acumuladas y un creciente malestar opositor por la falta de explicaciones convincentes.
Así, lo que empezó como un trámite institucional terminó mutando en una escena de alto voltaje. Adorni no sólo tendrá que hablar de economía, empleo, provincias o gestión. Tendrá que ir al Congreso con miles de preguntas encima, una escribana citada por la Justicia, un viaje a Uruguay bajo sospecha y una mochila patrimonial que ya pesa demasiado. En el oficialismo todavía lo sostienen, pero en la práctica el jefe de Gabinete llegará al recinto cercado por un dato brutal: esta vez, el problema no será cuánto tiempo habla, sino cuánto de todo eso logra explicar sin volver a hundirse más.
