Córdoba, 16 de abril de 2026-Total News Agency-TNA- La crisis que envuelve al camarista federal Abel Sánchez Torres dejó de ser un problema de pasillos tribunalicios para convertirse en un temblor político e institucional de escala mayor en la Justicia Federal de Córdoba. Las denuncias por presunta manipulación de expedientes, abuso de autoridad, coacción, violencia de género y sospechas sobre su crecimiento patrimonial ya no golpean solamente al vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones provincial, sino también a su pareja, la camarista Graciela Montesi, presidenta del mismo tribunal. La gravedad del caso se explica no sólo por el contenido de las acusaciones, sino por la magnitud del poder acumulado por Sánchez Torres en casi tres décadas de carrera y por la red de vínculos políticos, empresariales y judiciales que, según distintas reconstrucciones periodísticas, lo proyectó mucho más allá de Córdoba.
La novedad más fuerte de estas horas es que ambos magistrados fueron llamados a declaración indagatoria por el juez federal Alejandro Sánchez Freytes, a pedido de los fiscales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedian. La imputación gira en torno a una presunta maniobra para manipular la integración del tribunal en el marco de la megacausa Bunge, una investigación por evasión tributaria agravada. Según la hipótesis fiscal, Montesi y Sánchez Torres habrían vulnerado el régimen legal de subrogancias y el orden de sorteos para intervenir juntos en expedientes de alto impacto económico, desplazando a quienes legalmente debían completar las salas. La causa no se limita a ellos: también incluye a los secretarios Mario Olmedo y Gustavo Flores, bajo sospechas de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción.
El expediente judicial tiene, además, una base humana y política especialmente sensible. La punta del ovillo fue la denuncia presentada en 2025 por la secretaria penal Celina Laje Anaya, quien acusó a Sánchez Torres, a Montesi y a Olmedo de hostigamiento, persecución, violencia psicológica, laboral, institucional y de género después de negarse a convalidar una integración de sala que consideraba irregular. Según distintos reportes, la funcionaria sostuvo que a partir de esa negativa comenzó una represalia que terminó afectando su salud y su situación laboral. Ese episodio fue el que abrió una compuerta mucho mayor: de un conflicto interno se pasó a una investigación sobre el eventual manejo direccionado de causas y sobre el funcionamiento mismo del máximo tribunal federal cordobés.
El caso se volvió todavía más delicado porque las denuncias también rozan el patrimonio del camarista. De acuerdo con la cobertura reciente, el fiscal Turano promovió otra acción penal para investigar si hubo un crecimiento patrimonial injustificado en Sánchez Torres, una línea que se abrió a partir del mismo clima de sospecha que rodea el expediente principal. Todavía se trata de una etapa inicial, pero el solo hecho de que el frente penal se haya extendido desde la manipulación de causas hacia el peculio personal del magistrado muestra que la situación ya desbordó por completo la defensa de rutina. Si esa línea avanza, el escándalo podría escalar desde el fuero penal hacia el Consejo de la Magistratura de la Nación, donde el nombre del camarista no es precisamente marginal.
Y ahí aparece el costado más explosivo del affaire. Sánchez Torres no es un juez periférico ni un funcionario aislado. Medios de Córdoba y Buenos Aires lo describen como un operador de gran peso dentro del entramado federal, con llegada al Consejo de la Magistratura, vínculos fluidos con miembros de la Corte Suprema, contactos históricos con el peronismo, con sectores del cordobesismo y con actores del establishment económico provincial, desde la Bolsa de Comercio hasta la Fundación Mediterránea. En esa trama aparecen mencionados nombres como Alberto Lugones, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Daniel Angelici, además de dirigentes políticos de distintos signos con los que compartió mesas, actos y circuitos de poder. Nada de eso prueba delito alguno por sí mismo, pero sí ayuda a entender por qué en el llamado Círculo Rojo cordobés el caso ya genera alarma: si las denuncias desembocan formalmente en el Consejo o toman volumen nacional, no arrastrarán sólo a dos camaristas, sino a una red de relaciones largamente aceitada.
En ese contexto, hay un dato que Total News Agency ya había advertido varios meses antes de la actual escalada. En octubre de 2025, esta agencia publicó una nota sobre la denuncia de Celina Laje Anaya y describió el cuadro como una “grave y desgarradora denuncia por abuso de poder y violencia de género en la Justicia Federal de Córdoba”. Aquel artículo ya señalaba que la funcionaria atribuía a Sánchez Torres, a Montesi y a Olmedo una maniobra para reconfigurar una sala judicial sin el sorteo reglamentario, lo que habría permitido asegurar mayoría en causas de fuerte interés económico y político. Lo que entonces parecía, para algunos, apenas una advertencia periodística severa, hoy aparece reflejado en un expediente penal que ya derivó en imputaciones e indagatorias.
La defensa, por supuesto, rechaza de plano las acusaciones. El abogado Carlos Nayi, que representa a Sánchez Torres y a Montesi, calificó la denuncia como “absolutamente infundada” y “falaz”, y sostiene que sus clientes son ajenos a los delitos que se les imputan. Ese derecho de defensa es central y debe ser preservado. Pero el problema político e institucional ya existe, aun antes de cualquier resolución judicial definitiva. Porque cuando las máximas autoridades de una cámara federal terminan sentadas ante un juez por presuntamente manipular sorteos, castigar a una secretaria que se resistió y favorecer a imputados en una causa sensible, el golpe no lo recibe sólo una persona: lo recibe la credibilidad misma del sistema.
Por eso, en Córdoba ya no se discute solamente si Sánchez Torres y Montesi lograrán defenderse con éxito en el expediente penal. Lo que está en juego es algo bastante más amplio: si una estructura de poder judicial que durante años pareció blindada empieza por fin a quedar expuesta. Y si eso finalmente ocurre, el recorrido del caso difícilmente se detenga en una indagatoria. Puede avanzar hacia el Consejo de la Magistratura, tensionar vínculos con la Corte y dejar al descubierto hasta qué punto las relaciones, los avales y las terminales políticas pesan dentro de la Justicia Federal argentina. En ese sentido, el expediente de Córdoba ya dejó de ser un episodio local. Se transformó en un test sobre el verdadero alcance del poder judicial cuando sus propios engranajes quedan bajo sospecha.
