Por Redacción
Buenos Aires-22 de abril de 2026-Total News Agency-TNA- Javier Milei decidió avanzar con una reforma política de alto voltaje y envió al Senado un proyecto de 29 páginas que busca rediseñar buena parte del sistema electoral argentino. La iniciativa propone eliminar las PASO nacionales, incorporar el criterio de Ficha Limpia, endurecer los requisitos para crear y sostener partidos políticos, reforzar controles sobre el financiamiento y profundizar el esquema de boleta única en papel, en una jugada con fuerte carga institucional pero también con un claro objetivo político: achicar el margen de maniobra de la vieja estructura partidaria y trasladar a las fuerzas la responsabilidad de ordenar sus propias internas.
El corazón del proyecto pasa por la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, bajo el argumento de que el Estado no debe seguir financiando internas partidarias. Milei ya había anticipado la ofensiva con un mensaje desde sus redes, donde planteó que los argentinos no tienen por qué pagar las disputas de la política. Reuters informó que el borrador revisado mantiene ese eje central y lo combina con nuevas reglas sobre candidaturas, financiamiento y organización partidaria. En los hechos, el oficialismo intenta instalar que las PASO dejaron de ser una herramienta de democratización para convertirse en una costosa encuesta nacional previa a la elección general.
Pero el proyecto no se queda ahí. También eleva exigencias para la personería jurídico-política de los partidos, fija nuevos pisos de afiliación y establece causales más severas para la pérdida de reconocimiento legal. La lógica oficial es clara: bajar la proliferación de sellos sin vida real, limitar estructuras de ocasión y obligar a que las fuerzas acrediten arraigo efectivo. El texto además avanza sobre la presentación de avales, restringe la doble postulación y refuerza la alternancia de género en las listas. Todo eso apunta a una arquitectura electoral más dura y más centralizada, donde se busca ordenar un sistema que el Gobierno considera sobredimensionado, costoso y funcional a aparatos políticos que sobreviven más por ingeniería legal que por representación genuina.
Otro capítulo sensible es Ficha Limpia, que el proyecto incorpora para impedir candidaturas y cargos partidarios de personas con condena en segunda instancia por delitos dolosos. El borrador también amplía restricciones para designaciones en altos cargos ejecutivos y organismos estatales, lo que convierte a la propuesta en algo más amplio que una simple reforma electoral. El Gobierno busca así apropiarse de una bandera con fuerte impacto simbólico y presentarse como el actor que viene a correr del sistema a dirigentes condenados, en un terreno donde la demanda social por depuración institucional tiene peso propio desde hace años. Aun así, el alcance exacto de esas inhabilitaciones y su eventual aplicación práctica quedarán sujetos al debate parlamentario y, probablemente, a futuras controversias judiciales.
La iniciativa además ajusta el régimen de financiamiento partidario, prohíbe donaciones anónimas y ciertos aportes privados, exige mayor trazabilidad bancaria y obliga a detallar gastos de campaña, incluso en internet y redes sociales. También fija nuevas ventanas para la campaña electoral y prohíbe actos oficiales, inauguraciones de obra pública y anuncios estatales en los días previos al comicio para evitar ventajas indebidas del oficialismo de turno. En paralelo, el proyecto consolida el uso de la boleta única en papel para cargos nacionales y prevé adecuaciones para categorías provinciales y municipales allí donde corresponda. El paquete, en definitiva, no toca una sola pieza: intenta intervenir sobre todo el engranaje electoral.
El movimiento abre ahora una pelea legislativa de fondo. Aunque el oficialismo llega fortalecido tras las legislativas de 2025 y ya mostró capacidad para avanzar con otras reformas, la discusión electoral toca intereses muy sensibles de gobernadores, partidos tradicionales y estructuras provinciales que viven también de las reglas actuales. Por eso, el proyecto que Milei presentó como una ofensiva contra la casta y el gasto político entra al Congreso con una carga simbólica fuerte, pero también con resistencias previsibles. Lo que está en juego no es sólo si sobreviven o no las PASO: lo que empieza a discutirse es qué sistema político quiere pararse frente a la próxima etapa argentina, y cuánto poder real está dispuesto a resignar cada actor en nombre de esa reforma
