Buenos Aires, 11 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- El Gobierno nacional prepara el envío al Senado de una nueva tanda de 33 candidatos para ocupar cargos relevantes en la Justicia Federal, una movida institucional de alto impacto que se suma a los 77 pliegos ya presentados en abril y que podría elevar a alrededor de 110 el número de postulantes en trámite parlamentario antes del receso de invierno.
La ofensiva oficial busca cubrir vacantes acumuladas durante años en tribunales, fiscalías y cámaras federales, una deuda estructural que afecta el funcionamiento del Poder Judicial. Pero el nuevo paquete también llega en un momento políticamente sensible, atravesado por tensiones internas, lecturas cruzadas en Comodoro Py y la crisis todavía abierta por el llamado “Adorni-gate”, que mantiene bajo presión al oficialismo y a distintos actores judiciales.
Entre los nombres que integran la nueva tanda aparece Juan Tomás Rodríguez Ponte, actual titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, conocida como DAJuDeCO, organismo que administra las escuchas judiciales. Su postulación apunta al Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, una plaza de enorme peso en el mapa judicial del conurbano bonaerense. La información fue adelantada por medios nacionales y replicada en distintos portales especializados en temas judiciales.
La candidatura de Rodríguez Ponte genera especial atención porque trabajó durante años en el juzgado federal de Ariel Lijo, magistrado que tiene bajo su órbita una investigación sensible vinculada al entorno del jefe de Gabinete. A su vez, su esposa es la fiscal Alejandra Mángano, quien pidió cerrar por inexistencia de delito la causa por la inclusión de Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, en la gira presidencial a Nueva York.
El dato no es menor. En política judicial, los nombres nunca circulan en el vacío: cada pliego implica trayectoria, apoyos, relaciones, equilibrios y también señales de poder. En este caso, el eventual desembarco de Rodríguez Ponte en un juzgado federal relevante se interpreta como una jugada que mira mucho más allá de una simple cobertura administrativa de vacantes.
Cerca del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sostienen que algunos de los pliegos ya fueron enviados a Presidencia, mientras que otros permanecen bajo revisión en el Ministerio y serían remitidos en las próximas horas. El objetivo del oficialismo es imprimir velocidad a un proceso que venía demorado, ordenar el tablero judicial y avanzar con designaciones antes de que el calendario legislativo entre en una etapa de menor actividad.
Mientras tanto, la Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por el senador oficialista Juan Carlos Pagotto, continúa con las audiencias públicas de los candidatos ya enviados por el Poder Ejecutivo. El Senado informó oficialmente que la comisión realizó nuevas audiencias destinadas al tratamiento de pliegos para la designación de magistrados del Poder Judicial, con grupos de postulantes que exponen antecedentes y responden preguntas de los legisladores.
La tercera tanda también incluye candidatos para la estratégica Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, tribunal que tuvo intervención en discusiones sensibles para el Gobierno, entre ellas la reforma laboral resistida por la CGT y por sectores sindicales. Entre los nombres señalados para ocupar vocalías figuran Diego Fernando Manauta, Diego Javier Tula y Claudio Fabián Loguarro.
Para la administración libertaria, la cobertura de vacantes en la Justicia laboral no es un asunto menor. El Gobierno de Javier Milei sostiene que la modernización del régimen laboral es una pieza central de su programa económico y que la Argentina necesita reglas más previsibles para contratar, invertir y producir. En ese esquema, los tribunales laborales aparecen como un actor decisivo, porque sus criterios pueden facilitar o bloquear reformas que el oficialismo considera indispensables para quebrar décadas de rigidez normativa, litigiosidad y poder sindical.
El nuevo listado también busca completar vacantes en cámaras federales de Catamarca y Tucumán, además de cubrir una fiscalía federal en Corrientes, entre otros cargos. En la primera línea de la nómina aparece Evangelina María Lazala, candidata a jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal N° 18 de CABA, señalada por fuentes oficiales como una postulante sin objeciones relevantes para su promoción.
Sin embargo, alrededor de varios pliegos persiste una discusión de fondo: cuánto se sabe realmente de los candidatos, quiénes los impulsan y qué nivel de control público existe sobre sus antecedentes. Desde este año, de acuerdo con el texto base, ya no se publican edictos en grandes diarios para difundir los nombres de los postulantes, sino que la información se canaliza a través de la web del Senado. Para fuentes parlamentarias, ese cambio reduce la visibilidad pública y puede hacer que los plazos para presentar objeciones venzan sin que buena parte de la sociedad se entere de quiénes aspiran a ocupar cargos judiciales relevantes.
La observación es central. En una democracia republicana, cubrir vacantes judiciales es necesario; hacerlo sin suficiente publicidad, debate y escrutinio puede convertirse en una práctica riesgosa. La Argentina necesita jueces, fiscales y camaristas con capacidad técnica, independencia y coraje institucional, no simples nombres alineados a pactos de coyuntura o equilibrios de poder entre despachos.
El oficialismo defiende la aceleración del proceso como una forma de ordenar una Justicia que arrastra cientos de vacantes, subrogancias prolongadas y estructuras que funcionan a media máquina. La crítica, en cambio, apunta a la velocidad, la opacidad relativa del procedimiento y los vínculos políticos o judiciales de algunos postulantes.
El próximo paso será el ingreso formal de los nuevos pliegos al Senado, donde comenzará el recorrido institucional: publicación, período de impugnaciones, audiencias públicas en la Comisión de Acuerdos y eventual votación en el recinto. Según medios legislativos y judiciales, los primeros 77 pliegos ya transitan la etapa de audiencias, mientras que la nueva tanda de 33 podría comenzar a ser tratada más adelante, una vez despejado el paquete inicial.
La jugada del Gobierno tiene una lectura doble. Por un lado, responde a una necesidad concreta: cubrir vacantes que paralizan expedientes, demoran causas y deterioran el servicio de justicia. Por otro, implica una decisión política de enorme alcance: dejar una marca propia en tribunales federales, cámaras estratégicas y fiscalías con peso institucional.
En la Argentina, donde la Justicia muchas veces fue utilizada como refugio, herramienta de presión o moneda de cambio, la cobertura de cargos no puede tratarse como un trámite administrativo. Cada pliego define quién tendrá poder para investigar corrupción, revisar decisiones del Estado, intervenir en causas sensibles, resolver conflictos laborales o controlar abusos del poder político.
Por eso, la aceleración oficial deberá ser acompañada por transparencia, publicidad real y control parlamentario serio. Cubrir vacantes es necesario. Cubrirlas bien, con jueces independientes y sin favores cruzados, es indispensable.
