Buenos Aires, 13 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- La crisis política y judicial que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este miércoles un nuevo capítulo explosivo: la Justicia federal imputó a su hermano, Francisco Adorni, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, luego de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano. El expediente quedó a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuán y tramita en el Juzgado Federal N°6, actualmente subrogado por el juez Daniel Rafecas.
La investigación apunta a determinar si el crecimiento patrimonial del actual diputado bonaerense y ex funcionario del área de Defensa puede justificarse con sus ingresos declarados. Según trascendió, el fiscal ya ordenó una batería de medidas de prueba, incluyendo pedidos de informes a organismos fiscales, bancarios y migratorios, además del levantamiento del secreto fiscal y bancario del imputado.
El caso amenaza con profundizar aún más el desgaste político del oficialismo libertario, golpeado desde hace semanas por denuncias vinculadas al patrimonio y estilo de vida de integrantes del círculo más cercano al presidente Javier Milei. La situación resulta especialmente sensible porque el Gobierno construyó gran parte de su discurso sobre la promesa de “terminar con la casta” y combatir la corrupción política.
De acuerdo con la denuncia judicial, el foco está puesto sobre una evolución patrimonial considerada “difícil de explicar”. En su declaración jurada correspondiente a 2024, Francisco Adorni informó poseer el 50% de una vivienda en City Bell, valuada en aproximadamente $38,7 millones, además del 50% de un vehículo Chery Tiggo modelo 2017 y depósitos y bienes por cerca de $43,7 millones. Sin embargo, apenas un año después declaró un patrimonio neto de más de $80,5 millones.
La denuncia sostiene que ese salto patrimonial coincidiría con la compra de una camioneta Jeep Renegade y la cancelación anticipada de un crédito hipotecario del Banco Provincia cercano a los $60 millones en apenas doce meses. Para la denunciante, los ingresos salariales declarados no alcanzarían para justificar semejante capacidad financiera en tan corto plazo.
El fiscal Marijuán ya solicitó información a más de treinta organismos estatales y privados. Entre ellos figuran la ARCA —ex AFIP—, ARBA, Migraciones, registros automotores y organismos financieros. También se requirió información sobre eventuales blanqueos o sinceramientos fiscales a los que el funcionario pudiera haberse acogido.
Uno de los puntos que más inquieta dentro de sectores políticos y judiciales es el vínculo directo entre el avance económico del funcionario y su desembarco en cargos públicos de relevancia tras la llegada de La Libertad Avanza al poder. Francisco Adorni ingresó inicialmente como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y posteriormente fue promovido a la conducción del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF).
La resolución judicial también expone las crecientes tensiones internas dentro del oficialismo. La denunciante, Marcela Pagano, ex integrante del bloque libertario y hoy enfrentada con sectores cercanos a Karina Milei, se convirtió en una de las voces más críticas hacia el entorno presidencial. Su presentación judicial fue interpretada en la Casa Rosada como una nueva señal de la feroz interna que atraviesa al oficialismo.
La imputación contra el hermano del jefe de Gabinete se suma además al complejo escenario que enfrenta el propio Manuel Adorni, quien ya se encuentra bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito tras una serie de revelaciones sobre viajes, propiedades y gastos incompatibles con sus ingresos declarados. En las últimas semanas, distintas publicaciones periodísticas y presentaciones judiciales pusieron bajo la lupa vuelos privados, compras inmobiliarias y movimientos financieros vinculados al funcionario y su entorno familiar.
En paralelo, el presidente Javier Milei salió recientemente a respaldar públicamente a su jefe de Gabinete, asegurando que las denuncias forman parte de una “operación política” y descartando cualquier desplazamiento del funcionario. Sin embargo, dentro del oficialismo ya existen sectores que temen que el tema termine erosionando seriamente la imagen anticasta que llevó al libertarismo al poder.
Mientras tanto, la Justicia comienza a avanzar sobre documentación bancaria, registros patrimoniales y movimientos financieros que podrían abrir una nueva etapa de alta tensión política para el Gobierno nacional. La investigación recién comienza, pero en Comodoro Py admiten en privado que el expediente podría derivar en nuevas medidas de impacto si aparecen inconsistencias relevantes entre los bienes declarados y los ingresos efectivamente registrados.
