Buenos Aires, 13 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- El procesamiento de la ex fiscal Viviana Fein por presunto encubrimiento agravado en la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman reabrió una pregunta que la política, la Justicia y los servicios de inteligencia argentinos arrastran desde hace más de once años: si la escena del crimen fue alterada, si hubo acciones deliberadas y si la primera investigación fue desviada, entonces ¿a quién se buscó proteger?
La decisión del juez federal Julián Ercolini, dictada a partir del requerimiento del fiscal Eduardo Taiano, no se limita a señalar errores, desprolijidades o impericia profesional. El tipo penal de encubrimiento agravado implica, en términos jurídicos, una conducta orientada a ayudar a eludir la investigación o a alterar pruebas vinculadas con un delito anterior. Dicho de otro modo: no se trata de haber trabajado mal, sino de haber contribuido presuntamente a que un crimen quedara impune.
Ese es el punto que vuelve explosivo el fallo. Porque la Justicia federal ya sostiene, en la línea consolidada de la causa, que Nisman no se suicidó, sino que fue asesinado en su departamento de Le Parc, en Puerto Madero, entre el 17 y el 18 de enero de 2015. La acusación judicial vincula ese homicidio con su función como fiscal de la causa AMIA y con la denuncia que había presentado pocos días antes contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento de ciudadanos iraníes acusados por el atentado de 1994.
La pregunta, entonces, se vuelve inevitable: nadie necesita encubrir un suicidio. Si la ex fiscal que tuvo a su cargo las primeras horas de la investigación es procesada por encubrimiento agravado, el razonamiento judicial apunta a una escena mucho más amplia que la de una funcionaria desbordada. Apunta a un operativo inicial que habría permitido contaminar, alterar o degradar pruebas centrales en el momento más sensible de cualquier investigación criminal: las primeras horas.
El fallo de Ercolini describió un escenario de “descontrol” en el departamento de Nisman. Según la resolución difundida por medios judiciales, Fein no habría preservado debidamente la escena del hecho ni recolectado todos los elementos probatorios disponibles. También se le reprocha haber permitido la alteración del lugar, tanto por su propio accionar como por la presencia y movimientos de personas que actuaban bajo su órbita como auxiliares de la Justicia.
La escena, con el paso de los años, se transformó en una postal de lo que nunca debe ocurrir en una muerte violenta de alta sensibilidad institucional. Decenas de personas circularon por un departamento de tres ambientes. Funcionarios, jefes policiales, efectivos de fuerzas federales y allegados pasaron por un lugar que debía haber sido cerrado, protegido, filmado, fotografiado y tratado con máximo rigor forense. En cambio, hubo pisadas, desplazamientos, objetos manipulados y una cadena de custodia seriamente cuestionada.
Entre los hechos más graves que se mencionan en la causa aparecen el tratamiento irregular del arma de la que salió el disparo, la presencia de numerosas personas en el lugar, manchas de sangre afectadas, teléfonos manipulados, objetos movidos, omisiones en accesos del departamento y una preservación deficiente del ambiente donde fue hallado el cuerpo. Todo eso ocurrió mientras el entonces secretario de Seguridad, Sergio Berni, permanecía en el lugar y mantenía comunicaciones con Cristina Fernández de Kirchner.
Ese punto sigue siendo uno de los grandes interrogantes políticos del caso. Berni caminó por la escena de la muerte de un fiscal federal que acababa de denunciar a la Presidenta de la Nación. Lo hizo en contacto con la propia mandataria y con presencia de funcionarios y jefes de fuerzas federales. Las comunicaciones existieron; lo que nunca se conoció con claridad fue su contenido. Y en una causa donde el contexto político pesa tanto como la prueba material, esa opacidad alimenta una sospecha que el tiempo no logró disipar.
La defensa de Fein sostiene que la acusación se basa en conjeturas, que ella no tenía control operativo absoluto sobre las fuerzas de seguridad y que se pretende cargar sobre su actuación inicial el fracaso de una investigación compleja. Su abogado podrá apelar ante la Cámara Federal porteña, que deberá revisar si confirma o revoca el procesamiento. Pero, por ahora, la resolución judicial coloca a la ex fiscal en una posición procesal delicada y abre la puerta a una pregunta de mayor alcance: si hubo encubrimiento, ¿fue una decisión aislada o parte de una maniobra superior?
La hipótesis de una maniobra superior no nace del aire. El expediente por la muerte de Nisman viene acumulando líneas vinculadas a estructuras de inteligencia, tanto de la ex SIDE como del área de inteligencia del Ejército. El fiscal Taiano avanzó sobre decenas de agentes militares que trabajaban durante el período en que el general César Milani encabezaba la fuerza. Esa línea busca determinar si hubo seguimientos, operaciones o intervenciones de inteligencia en los días previos y posteriores a la muerte del fiscal.
El nombre de Milani aparece desde hace años en la periferia política del caso por su rol al frente del Ejército durante el kirchnerismo y por las sospechas sobre un esquema de inteligencia paralelo. El ex jefe militar negó cualquier vinculación y sostuvo públicamente que no existe una sola pista que lo relacione con la muerte de Nisman. Pero la fiscalía no abandonó esa línea y continúa tratando de reconstruir comunicaciones, movimientos y estructuras activas en aquel enero de 2015.
También aparecen en el contexto del expediente los nombres de ex funcionarios de inteligencia y operadores políticos del kirchnerismo, entre ellos Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, vinculados al aparato de inteligencia del período y también alcanzados por la causa del Memorándum con Irán. Ese expediente, originado en la denuncia de Nisman, volvió a tomar impulso luego de que la Justicia rechazara planteos de nulidad y dejara el camino abierto para que se fije fecha de juicio oral.
El Memorándum con Irán fue el corazón político de la denuncia de Nisman. El fiscal sostenía que el acuerdo firmado en 2013 buscaba favorecer a los iraníes acusados por el atentado contra la AMIA, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos. La denuncia apuntaba contra Cristina Fernández de Kirchner, Héctor Timerman, Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis D’Elía, Fernando Esteche y otros imputados. La muerte del fiscal ocurrió un día antes de que expusiera ante el Congreso.
Por eso el procesamiento de Fein tiene un peso que excede lo administrativo. No se trata sólo de revisar si una fiscal hizo mal su trabajo. Se trata de establecer si la primera línea de investigación fue desviada en un caso que involucraba a un fiscal federal muerto, a la Presidenta denunciada, al aparato de inteligencia, a la causa AMIA y a la relación del kirchnerismo con Irán. En cualquier país serio, eso sería un terremoto institucional.
El fallo puede generar un efecto dominó. Si la Cámara Federal confirma el procesamiento, la Justicia no sólo habrá validado la sospecha sobre la actuación inicial de Fein, sino que también habrá reforzado la tesis de que existió una maniobra para encubrir el homicidio. Y si hubo maniobra, el próximo paso lógico será determinar quiénes la ordenaron, quiénes la ejecutaron, quiénes la facilitaron y quiénes se beneficiaron con el desvío.
La pregunta “¿a quién encubrió Fein?” no presupone una respuesta penal definitiva, pero sí marca el centro de gravedad del expediente. Una fiscal no altera sola una escena rodeada de funcionarios, fuerzas federales, jefaturas operativas y autoridades políticas. Menos todavía en un caso que, desde el primer minuto, tenía impacto nacional e internacional. Si no actuó para sí misma, la Justicia deberá identificar para quién o para qué funcionó ese presunto encubrimiento.
Los hechos de aquella noche siguen pesando. El ingreso de demasiadas personas al departamento. La deficiente preservación de pruebas. El tratamiento irregular del arma. La falta de rigor sobre accesos. Las comunicaciones políticas desde la escena. El rol de las fuerzas federales. La demora en decisiones elementales. El ruido permanente alrededor del teléfono de Nisman. Todo eso no pertenece al terreno de la opinión: integra el inventario de anomalías que la causa lleva años acumulando.
Desde una mirada institucional, el caso Nisman es una herida abierta porque muestra el punto en que pueden cruzarse el poder político, la inteligencia, la Justicia y la impunidad. Un fiscal federal apareció muerto después de acusar a la Presidenta por encubrir a los sospechosos de uno de los peores atentados terroristas de la historia argentina. Once años después, la Justicia procesa a la fiscal que manejó la escena inicial por presunto encubrimiento agravado. No hace falta exagerar: la gravedad se explica sola.
El kirchnerismo, naturalmente, rechaza esta lectura. Sus voceros y medios afines sostienen que el procesamiento de Fein responde a una construcción judicial destinada a sostener la hipótesis del asesinato y a mantener viva una causa políticamente dirigida contra Cristina Fernández de Kirchner. Esa posición deberá ser debatida en tribunales. Pero el dato concreto es que la resolución existe, el procesamiento fue dictado y la investigación sigue avanzando sobre una línea que considera probado el homicidio.
La defensa de Fein también intentará demostrar que no hubo dolo, que no existió voluntad de encubrir y que las irregularidades, si las hubo, fueron producto del caos propio de un hecho excepcional. Esa discusión será central. Porque para que exista encubrimiento no alcanza con acreditar desorden; hace falta probar una conducta deliberada. La Cámara deberá analizar si el fallo de Ercolini alcanza ese estándar o si sólo describe una investigación inicial desastrosa.
Pero incluso en el escenario más favorable para Fein, el problema institucional permanece. La escena de la muerte de Nisman fue tratada de una manera incompatible con la importancia del caso. Y esa falla inicial condicionó toda la investigación posterior. En materia criminal, las primeras horas suelen ser decisivas. Si allí se pierde la prueba, si se contamina el lugar, si se rompe la cadena de custodia, la verdad empieza a alejarse.
La causa también mantiene procesado a Diego Lagomarsino, el colaborador informático de Nisman, señalado como partícipe necesario por haber entregado el arma utilizada en el hecho. Pero la gran pregunta sigue sin respuesta definitiva: quiénes fueron los autores materiales y quiénes, si los hubo, los autores intelectuales. El procesamiento de Fein no responde eso, pero puede empujar la investigación hacia quienes intervinieron en el primer blindaje del crimen.
En términos políticos, el dato más incómodo para el kirchnerismo es que la muerte de Nisman vuelve una y otra vez al punto original: la denuncia contra Cristina Kirchner por el pacto con Irán. La causa del memorándum sigue viva y encaminada al juicio oral. La muerte del fiscal ya no es tratada por la Justicia como un suicidio. Y ahora la fiscal que comandó el inicio de la investigación queda procesada por encubrimiento agravado.
Años después de haber dejado el caso, Fein recibió incluso un elogio público de Cristina Fernández de Kirchner, que escribió “Chapeau para la fiscal Fein”. La frase, vista hoy, adquiere una resonancia política inevitable. No prueba nada por sí misma, pero ayuda a entender por qué cada gesto, cada llamada y cada movimiento de aquel enero de 2015 sigue siendo leído bajo sospecha.
La Argentina necesita saber quién mató a Alberto Nisman. Pero también necesita saber quiénes ayudaron a que no se supiera. Esa segunda pregunta es tan importante como la primera. Porque los autores materiales pueden ejecutar un crimen; los encubridores garantizan que el crimen sobreviva en la impunidad.
El procesamiento de Viviana Fein no cierra el caso. Lo reabre en su zona más oscura. Y coloca a la Justicia frente a una obligación que no puede seguir postergándose: reconstruir la cadena completa de responsabilidades, desde la escena contaminada hasta los despachos donde se tomaron decisiones. Once años después, la pregunta sigue intacta. Si Nisman fue asesinado y si la escena fue encubierta, ¿a quién protegió aquel operativo?
