Buenos Aires, 13 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- Las investigaciones judiciales que rodean a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino entraron en una zona de extrema lentitud, mientras las defensas vinculadas al universo de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino despliegan maniobras para concentrar expedientes, discutir competencias y bloquear el uso penal de documentación obtenida en Estados Unidos. En el centro del tablero aparecen más de 3000 páginas de registros bancarios, transferencias internacionales, sociedades presuntamente fantasma y movimientos por decenas de millones de dólares que podrían complicar seriamente a los máximos responsables del fútbol argentino.
El dato político y judicial es fuerte: buena parte de las causas que afectan a la conducción de la AFA se encuentra virtualmente en “modo avión”, a la espera de definiciones de la Cámara Federal de Casación Penal sobre dónde deben tramitar los expedientes más sensibles. La disputa no es menor. Según la investigación publicada por La Nación, el intento de llevar causas relevantes al juzgado federal de Campana fue impulsado formalmente por defensas de terceros, pero habría sido alentado por abogados y operadores cercanos a Tapia y Toviggino.
La maniobra judicial giró alrededor del juez federal de Campana, Alejandro González Charvay, quien pidió a otros magistrados que se apartaran de expedientes vinculados a la AFA. La jugada tuvo éxito parcial, pero también generó resistencia en otros fueros, especialmente donde habían surgido los avances más sensibles: la justicia federal porteña, el fuero penal económico y el fuero ordinario. Uno de los puntos centrales es que no todas las causas pudieron ser absorbidas por Campana.
La discusión por la competencia quedó bajo la lupa porque podría definir el ritmo, el alcance y la profundidad de las investigaciones. En causas de corrupción, evasión, lavado o desvío de fondos, el juzgado que controla el expediente no es un dato administrativo: puede determinar qué medidas se ordenan, qué pruebas se valoran, qué imputados son citados y qué líneas se profundizan o se dejan dormir.
El contexto se volvió aún más sensible por la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia. Según el texto de base, el movimiento para concentrar causas coincidió temporalmente con su desembarco en la cartera judicial. Distintos medios habían señalado previamente los vínculos y contactos del llamado “clan Mahiques” con sectores de la AFA, especialmente en torno a expedientes que involucran a Tapia y Toviggino. Aunque esas relaciones no prueban por sí mismas una intervención indebida, sí alimentan sospechas en un escenario donde cada movimiento procesal tiene impacto directo sobre causas de alto voltaje.
El otro frente caliente está en Estados Unidos. Allí, el empresario Javier Faroni, a través de TourProdEnter LLC, intenta limitar o impedir que se utilicen en causas penales argentinas los documentos obtenidos mediante procedimientos de discovery, una herramienta del derecho estadounidense que permite acceder a información y documentación en litigios civiles o comerciales. Esos registros habían sido pedidos originalmente por el empresario Guillermo Tofoni en una disputa comercial contra la AFA, pero terminaron aportando información de enorme relevancia para investigaciones penales en la Argentina.
La documentación incluye transferencias bancarias, cuentas, sociedades y posibles trayectorias de fondos vinculados a negocios internacionales de la AFA. Según publicaciones periodísticas, el dinero recaudado por TourProdEnter en Miami habría alcanzado cifras cercanas a los US$400 millones, y los presuntos desvíos podrían superar los US$57 millones, con alrededor de diez empresas fantasma involucradas. Otros reportes previos habían detectado movimientos por más de US$40 millones hacia sociedades sin actividad aparente.
El intento de Faroni busca que los jueces estadounidenses dicten una protective order, u orden de protección, para restringir el uso de los documentos. En los últimos días, un juez del estado de Georgia habría hecho lugar parcialmente al pedido, pero sólo respecto del Synovus Bank, uno de los bancos que entregó información. La segunda parte de la ofensiva apunta a impedir que los discovery sean usados como prueba en causas penales argentinas.
La cuestión es técnica, pero decisiva. Las defensas sostienen que la documentación fue obtenida para un litigio comercial y no para una investigación penal. Del otro lado, los investigadores consideran que esos registros tienen valor orientativo y pueden servir para pedir cooperación internacional formal, ampliar medidas, reconstruir flujos financieros y detectar sociedades, cuentas y beneficiarios reales. La pelea no es por un papel: es por el mapa del dinero.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Procelac, a cargo del fiscal Diego Velasco, analizó la situación en un informe de más de 50 páginas. Según el texto citado, la documentación proveniente de los discovery aporta información preliminar de notable relevancia para la investigación, ya que permite reconstruir posibles trayectorias económicas de fondos vinculados a negocios de la AFA, identificar sociedades, cuentas y personas de interés, y orientar nuevas medidas de prueba locales e internacionales.
Ese informe habría recomendado avanzar con nuevos pedidos de cooperación internacional, pero con autorización específica para cada causa en la que se pretenda utilizar la documentación. También se planteó recurrir a la Red de Recupero de Activos de GAFILAT, RRAG, una vía de cooperación regional para rastrear bienes, dinero y estructuras patrimoniales vinculadas a delitos económicos y lavado de activos. Esa alternativa permitiría blindar jurídicamente el uso de la información y evitar que el debate sobre el origen civil del discovery paralice las investigaciones penales.
Entre las sociedades mencionadas aparecen Marmasch, Soagu Services, Velp, Velpasalt y SOMA SRL, esta última vinculada en la investigación a la compra de la mansión de Pilar. El entramado societario es uno de los puntos más delicados del expediente, porque podría conectar negocios comerciales de la AFA, transferencias internacionales, sociedades de baja sustancia económica y activos inmobiliarios.
El caso de TourProdEnter ya venía bajo observación desde diciembre, cuando se informó que la Justicia había hallado un contrato entre la AFA y la empresa vinculada a Faroni. Ese acuerdo habría sido clave para canalizar ingresos comerciales del exterior. El juez federal Luis Armella llegó a ordenar allanamientos y dispuso restricciones sobre Faroni, en una causa donde se investigan transferencias millonarias en Estados Unidos.
El frente judicial se divide en varios expedientes. Uno de ellos involucra a Tapia y Toviggino por presunta evasión y se tramita ante el juez en lo penal económico Diego Amarante. Allí ambos fueron procesados por la supuesta retención y omisión de depósito de impuestos y contribuciones por más de $19.000 millones entre 2024 y 2025. Las defensas apelaron los procesamientos y ahora buscan revertir el cuadro en la Cámara en lo Penal Económico.
A diferencia de otros expedientes, esa causa es la que parece avanzar con mayor firmeza. El resto quedó atrapado entre conflictos de competencia, planteos defensivos y demoras que, en la práctica, benefician a los investigados. En la AFA, según las reconstrucciones periodísticas, esperan con atención la resolución de Casación. Una decisión que confirme el traslado de las causas podría reordenar todo el tablero. Una resolución que devuelva expedientes a sus fueros originales podría reactivar medidas que quedaron demoradas.
El intento de llevar los expedientes a Campana ya había sufrido un revés parcial. El fiscal Ricardo Sáenz dictaminó que una investigación clave vinculada a presuntos desvíos millonarios hacia sociedades fantasma en Miami debía permanecer en Buenos Aires, lo que frenó la estrategia de concentrar todo en el juzgado de González Charvay.
El conflicto incluso abrió la posibilidad de intervención de la Corte Suprema de Justicia, según reportes publicados en abril, ante la disputa de competencia entre causas por presuntas irregularidades en la AFA. El argumento para mover expedientes a Campana se apoyaba, entre otros puntos, en la eventual mudanza de la sede de la entidad a Pilar, aunque distintas publicaciones señalaron que esa mudanza no estaba plenamente aprobada por organismos como ARCA o la Inspección General de Justicia.
Detrás de la discusión judicial aparece una pregunta política inevitable: ¿por qué las causas que comprometen a la conducción del fútbol argentino avanzan tan lento si ya existen documentos, transferencias, sociedades y montos identificados? La respuesta parece estar en una combinación de poder económico, vínculos políticos, capacidad de presión judicial y una estrategia defensiva orientada a ganar tiempo.
La AFA no es una institución cualquiera. Maneja un universo de poder que combina fútbol, contratos comerciales, derechos internacionales, vínculos con clubes, dirigentes provinciales, empresarios, intermediarios, publicidad, televisión, viajes, selecciones nacionales y una influencia social enorme. Investigar a su cúpula no implica sólo revisar balances: implica tocar una red de intereses con llegada transversal.
En ese marco, el rol de Pablo Toviggino resulta especialmente sensible. Como tesorero de la AFA y hombre fuerte del armado interno, su nombre aparece en distintas líneas de investigación. También se mencionan sus sociedades, vuelos privados y presuntos vínculos con operadores judiciales y empresariales. Una causa en Santiago del Estero incluso habría incluido un pedido de detención impulsado por un fiscal federal, aunque ese expediente también permanece trabado.
Uno de los capítulos que genera mayor inquietud en el entorno de la AFA es la posible colaboración de Juan Pablo Beacon, ex mano derecha de Toviggino, con la Justicia estadounidense. Según la investigación de base, de su teléfono habrían surgido chats, documentos y videos con fajos de dólares. Si ese material se valida y se integra a investigaciones formales, podría abrir una línea probatoria de enorme impacto.
La cercanía del Mundial 2026 agrega presión. A un mes de la competencia, la AFA intenta sostener su imagen internacional mientras sus principales dirigentes enfrentan causas por evasión, presuntos desvíos de fondos y maniobras societarias. El contraste es incómodo: mientras la selección argentina representa una de las marcas deportivas más potentes del mundo, la conducción administrativa aparece rodeada de sospechas judiciales.
El problema no es deportivo. Nadie discute aquí el mérito de jugadores, cuerpo técnico o hinchas. La cuestión es institucional. La conducción del fútbol argentino debe explicar cómo se administraron recursos millonarios, qué rol cumplieron empresas intermediarias, por qué fondos de negocios internacionales terminaron en determinadas sociedades y si hubo evasión, lavado, fraude o enriquecimiento indebido.
Desde una mirada republicana, la Justicia debería actuar con celeridad y sin mirar camisetas. El fútbol no puede ser un territorio exento de controles. Si una universidad, una empresa, un funcionario o un sindicato deben rendir cuentas, también debe hacerlo la AFA. Más aún cuando se habla de cientos de millones de dólares, sociedades en el exterior y documentación bancaria obtenida en Estados Unidos.
La maniobra para limitar los discovery puede ser una estrategia defensiva válida en términos procesales, pero políticamente tiene un efecto obvio: busca quitar del expediente el material que permitió seguir el rastro del dinero. Si las transferencias no dicen nada, no debería haber temor a que se investiguen. Si dicen demasiado, se entiende la urgencia por bloquearlas.
La decisión de Casación será clave. Puede devolver impulso a las investigaciones o prolongar la agonía procesal con nuevos reenvíos, discusiones de competencia y demoras. Según trascendidos judiciales, una posibilidad es que el tribunal considere que debía intervenir la Cámara en lo Penal Económico, lo que enviaría nuevamente la discusión a otro fuero y alargaría los tiempos. En causas de esta naturaleza, el tiempo no es neutro: enfría pruebas, desalienta testigos, dispersa documentación y favorece a quienes tienen mejores abogados.
El caso AFA ya no puede leerse como una suma de expedientes dispersos. Es un sistema de causas que parecen tocar distintos bordes de un mismo problema: el manejo opaco de fondos, el uso de intermediarios, la circulación internacional de dinero, las sociedades de dudosa actividad, los vínculos con inmuebles, los posibles incumplimientos fiscales y la capacidad de la dirigencia futbolística para influir sobre el ritmo judicial.
La pregunta final es si la Justicia argentina podrá procesar esa complejidad o si volverá a quedar atrapada en una maraña de competencia, nulidades y planteos formales. Estados Unidos ya entregó documentación. Procelac ya detectó relevancia económica. El fuero penal económico ya procesó por evasión. Hay jueces, fiscales, sociedades y transferencias identificadas. Lo que falta es una decisión institucional clara de avanzar sin pedir permiso al poder del fútbol.
En la AFA pueden festejar demoras, fallos parciales o reenvíos. Pero la documentación no desaparece. Las transferencias siguen escritas. Los bancos dejaron rastros. Y si los discovery se blindan por la vía correcta de cooperación internacional, el expediente puede volver con más fuerza. En ese caso, el “modo avión” podría terminar de golpe, con un aterrizaje forzoso para varios nombres pesados de la calle Viamonte.
