Jerusalén, 24 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- Israel elevó nuevamente el tono diplomático contra España y convocó a la jefa de la Embajada de España en Israel, Francisca Pedrós, a una reunión de aclaración en el Ministerio de Asuntos Exteriores, luego de la difusión de videos e imágenes que, según la Cancillería israelí, muestran graves episodios de violencia de la policía española contra participantes de la flotilla propalestina.
La convocatoria fue ordenada por el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa’ar, y estuvo a cargo del jefe de la Oficina Política del ministerio, el embajador Yossi Amrani. Durante el encuentro, Israel acusó al gobierno de Pedro Sánchez de actuar con una doble vara: condena a Israel por hacer cumplir un bloqueo marítimo que considera legal, pero guarda silencio cuando las fuerzas de seguridad españolas reprimen a los mismos activistas que antes presentaba como víctimas.
El planteo israelí apunta directo al corazón político de la relación bilateral. Desde Jerusalén sostienen que Madrid envió o alentó políticamente a provocadores contra Israel, luego cuestionó la actuación israelí frente a las flotillas, pero no mostró la misma indignación cuando los incidentes se produjeron bajo responsabilidad de autoridades españolas.
Según el comunicado israelí, Amrani le reclamó a Pedrós una explicación sobre por qué, casi 24 horas después de los hechos denunciados, ni Pedro Sánchez ni alguno de sus ministros habían condenado la violencia policial en España, mientras que sí suelen reaccionar rápidamente contra Israel ante cualquier episodio vinculado a Gaza o a las flotillas.
La comparación formulada por Israel es política y directa. En las seis flotillas anteriores, sostuvo la Cancillería israelí, sus fuerzas debieron enfrentar provocaciones mucho más graves por parte de cientos de participantes, y aun así —según la versión israelí— no recurrieron a los niveles de violencia que ahora atribuyen a agentes españoles.
El episodio se produce en medio de una relación cada vez más deteriorada entre Israel y el gobierno socialista de Pedro Sánchez, que en los últimos meses profundizó sus críticas contra la política israelí en Gaza y asumió una posición de fuerte confrontación diplomática. Esa tensión se agravó tras las detenciones y deportaciones de activistas de flotillas que intentaron llegar a la Franja, en desafío al bloqueo marítimo israelí.
España, por su parte, había convocado días atrás al encargado de negocios israelí para protestar por el trato dado a ciudadanos españoles y otros activistas detenidos tras la interceptación de una flotilla rumbo a Gaza. El canciller español José Manuel Albares calificó esas imágenes como “monstruosas”, “inhumanas” y “vergonzosas”, y exigió disculpas públicas a Israel.
La respuesta israelí ahora busca devolver el golpe político. Para Jerusalén, la indignación selectiva de Madrid revela una estrategia más ideológica que humanitaria: el gobierno español aparece siempre dispuesto a condenar a Israel, pero no a mirar con el mismo rigor la conducta de sus propias fuerzas de seguridad cuando enfrenta protestas internas protagonizadas por los mismos sectores que antes defendía.
El trasfondo es aún más sensible porque la guerra en Gaza no comenzó en el vacío. Fue consecuencia directa del ataque terrorista de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, cuando fueron asesinadas más de 1.200 personas, además de secuestros y ataques contra civiles israelíes. Desde entonces, Israel sostiene que su política de seguridad, incluido el control marítimo sobre la Franja, busca impedir el fortalecimiento logístico y militar de Hamás.
En ese marco, la Cancillería israelí también exigió explicaciones por la falta de medidas del gobierno español respecto del activista hispano-palestino Saif Abu Kashk, señalado por Israel por supuestos vínculos con Hamás y sancionado la semana pasada por Estados Unidos. El Departamento del Tesoro norteamericano incluyó a Abu Kashk entre los organizadores de flotillas y estructuras propalestinas alcanzadas por sanciones, en el marco de acusaciones vinculadas al financiamiento o apoyo a redes relacionadas con Hamás.
Según la información difundida por Washington, las sanciones bloquean bienes e intereses patrimoniales bajo jurisdicción estadounidense y pueden afectar a personas o entidades que realicen transacciones con los sancionados. Para Israel, ese dato vuelve todavía más difícil de explicar la pasividad del gobierno de Sánchez frente a un activista español señalado por una potencia aliada por presuntos nexos con una organización terrorista.
La figura de Saif Abu Kashk ya había sido mencionada por Israel en informes previos sobre la supuesta participación de Hamás en la organización de flotillas hacia Gaza. En septiembre de 2025, la Cancillería israelí afirmó que documentos hallados en la Franja probaban la implicación directa de Hamás y vinculó a Abu Kashk con estructuras asociadas a la PCPA y con Cyber Neptune, una empresa radicada en España que, según la versión israelí, estaría relacionada con embarcaciones de la flotilla Sumud.
La disputa diplomática coloca a España en una posición incómoda. Por un lado, el gobierno de Sánchez busca capitalizar una postura de alto perfil contra Israel dentro de la agenda europea. Por el otro, la aparición de sanciones estadounidenses contra un activista español vinculado a la flotilla y los cuestionamientos por la actuación de la policía española abren un flanco difícil de cerrar.
Para Israel, el caso expone la contradicción de un gobierno que reclama estándares humanitarios absolutos cuando se trata de juzgar a las fuerzas israelíes, pero evita aplicar el mismo criterio cuando los incidentes ocurren en territorio español. La acusación de hipocresía, planteada formalmente ante Francisca Pedrós, marca un nuevo capítulo en una relación bilateral que sigue deteriorándose.
La discusión excede el episodio policial. En el fondo, lo que se debate es si las flotillas hacia Gaza son iniciativas humanitarias espontáneas o herramientas políticas utilizadas para erosionar el bloqueo marítimo israelí, desafiar la seguridad de Israel y blanquear redes de militancia vinculadas a organizaciones extremistas. Jerusalén sostiene lo segundo y ahora suma a Madrid al centro de sus reclamos.
En un momento en que Europa debate sanciones, reconocimientos diplomáticos y nuevas presiones sobre Israel, la reacción del gobierno de Sánchez vuelve a quedar bajo observación. Para la diplomacia israelí, la vara española no mide igual cuando el acusado es Israel que cuando los señalados son sus propios agentes o activistas vinculados a la flotilla.
