Buenos Aires, 27 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- El Gobierno nacional recibió 235 proyectos para instalar baterías de almacenamiento de energía eléctrica en distintos puntos críticos del país, una respuesta empresaria que superó en más de diez veces la potencia inicialmente licitada y que fue presentada por el ministro de Economía, Luis Caputo, como un “éxito absoluto”.
La convocatoria, impulsada por la Secretaría de Energía y ejecutada a través de CAMMESA, apuntaba originalmente a incorporar 700 megavatios de almacenamiento eléctrico. Sin embargo, las propuestas recibidas alcanzaron los 8.335 megavatios, lo que representa un 1.090% por encima de la potencia prevista.
En términos simples, el almacenamiento eléctrico con baterías funciona como una gran reserva de energía. Cuando el sistema tiene disponibilidad, las baterías se cargan. Cuando aparece un pico de consumo —por ejemplo, en días de calor extremo, cuando millones de hogares prenden aires acondicionados— esas baterías pueden entregar electricidad rápidamente para aliviar la red y reducir el riesgo de cortes.
La licitación, conocida como AlmaSADI, busca reforzar el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), que es la gran red eléctrica nacional que conecta generación, transporte y consumo en buena parte del país. El objetivo es sumar capacidad en nodos críticos, es decir, puntos de la red donde suelen aparecer cuellos de botella, saturación o mayor riesgo de interrupciones.
La fuerte participación privada marca un dato político y económico relevante: 37 empresas nacionales e internacionales presentaron proyectos en todas las regiones habilitadas. Las ofertas cubrieron nodos del Noroeste Argentino (NOA), Noreste Argentino (NEA), Centro, Litoral, Cuyo y Buenos Aires, con exclusión del AMBA, que ya había tenido una convocatoria específica el año pasado.
El cronograma prevé que el 16 de junio se publiquen los resultados de las propuestas técnicas presentadas y que el 24 de junio se realice la apertura de las ofertas económicas. Allí comenzará la etapa decisiva: definir qué proyectos son técnicamente viables, cuáles ofrecen mejores precios y cuáles resultan más convenientes para reforzar la red eléctrica.
El beneficio para la Argentina puede ser concreto. Si se adjudican y ejecutan proyectos competitivos, el país podrá contar con más respaldo eléctrico sin depender únicamente de nuevas centrales térmicas o de obras de transporte que suelen demandar plazos más largos. Las baterías tienen una ventaja clave: pueden instalarse en puntos específicos y responder rápido cuando el sistema lo necesita.
Para el lector no especializado, la diferencia es sencilla. Una central eléctrica produce energía. Una línea de alta tensión la transporta. Una batería, en cambio, permite guardar electricidad y liberarla en el momento crítico. No reemplaza a las centrales ni a las redes, pero ayuda a que todo el sistema funcione con más estabilidad.
El Gobierno lanzó la convocatoria a comienzos de marzo con una potencia objetivo de 700 MW. La instrucción a CAMMESA quedó formalizada mediante una resolución de la Secretaría de Energía, que estableció las bases de la licitación y definió que los sistemas a instalar deberán contribuir a la confiabilidad del abastecimiento eléctrico.
La iniciativa se apoya en el antecedente de AlmaGBA, el programa de almacenamiento para el Gran Buenos Aires. En ese caso, el Ejecutivo adjudicó 713 MW de capacidad en nodos críticos del área atendida por Edenor y Edesur, con una inversión estimada superior a los USD 540 millones. Ese primer paso fue pensado para reducir el riesgo de cortes en la región más poblada del país.
Ahora, el Gobierno busca llevar ese esquema al interior. La decisión apunta a resolver un problema histórico: muchas veces la Argentina tiene generación disponible, pero la red no logra transportar la electricidad con suficiente eficiencia hacia los lugares donde más se demanda. Las baterías pueden actuar como un “colchón” local para sostener el servicio en momentos de alta exigencia.
El impacto puede sentirse especialmente durante el verano. En los días de temperaturas extremas, el consumo eléctrico se dispara y la red opera al límite. Si hay baterías instaladas en nodos sensibles, el sistema puede responder con más rapidez y evitar que una falla local derive en interrupciones más amplias.
Luis Caputo celebró la respuesta empresaria y destacó que la convocatoria superó ampliamente la oferta inicial. Para el equipo económico, el dato sirve además como señal de confianza: hay inversores dispuestos a participar en proyectos de infraestructura energética si existen reglas claras, contratos previsibles y un esquema de recuperación de la inversión.
La participación de 37 empresas también muestra que el almacenamiento dejó de ser una tecnología experimental para convertirse en una herramienta central de los sistemas eléctricos modernos. En el mundo, las baterías se usan cada vez más para acompañar el crecimiento de las energías renovables, estabilizar redes y mejorar la calidad del servicio.
La Argentina tiene una oportunidad adicional. El país cuenta con recursos renovables de gran calidad, especialmente energía solar en el norte y eólica en la Patagonia. Pero esas fuentes tienen una característica: producen de manera variable. El sol no genera de noche y el viento no sopla siempre igual. Las baterías permiten ordenar mejor esa energía, guardarla cuando sobra y entregarla cuando hace falta.
Por eso, el almacenamiento eléctrico puede mejorar la integración de renovables, reducir la necesidad de generación de emergencia, bajar costos operativos y fortalecer la seguridad del sistema. También puede abrir una nueva cadena de inversiones, empleo técnico, obras de conexión y servicios asociados.
La licitación incluye además una mirada federal. Al abarcar NOA, NEA, Centro, Litoral, Cuyo y Buenos Aires fuera del AMBA, el programa busca reforzar zonas donde los problemas de red suelen sentirse con fuerza, especialmente en períodos de alta demanda o ante contingencias climáticas.
La clave estará ahora en los precios. Recibir muchas ofertas es una señal positiva, pero el éxito final dependerá de adjudicar proyectos eficientes, con costos razonables, garantías de cumplimiento y plazos realistas. Una mala adjudicación podría encarecer el sistema; una buena adjudicación puede mejorar la calidad del servicio y atraer nuevas inversiones.
También será importante el diseño contractual. CAMMESA, como administradora del mercado eléctrico mayorista, tendrá un rol central en el proceso. Los contratos deberán dar previsibilidad a los inversores, pero también proteger al sistema eléctrico y a los usuarios, evitando compromisos excesivos o pagos por capacidad que no se traduzcan en mejoras concretas.
En términos políticos, la licitación llega en un momento en que el Gobierno de Javier Milei busca mostrar que la infraestructura energética puede desarrollarse con inversión privada y sin volver a esquemas de gasto público descontrolado. El mensaje oficial es claro: mejorar el sistema, reducir cortes y atraer capital sin romper el equilibrio fiscal.
Para la economía real, el punto central es otro: un sistema eléctrico más confiable favorece a hogares, comercios, industrias, hospitales, escuelas y servicios esenciales. Cada corte de luz tiene un costo económico y social. Si las baterías ayudan a reducir interrupciones, la mejora se sentirá tanto en la vida cotidiana como en la productividad.
La respuesta masiva de empresas nacionales e internacionales demuestra que existe interés en invertir en energía argentina. Ahora el desafío será ordenar ese interés, elegir bien los proyectos y ejecutar rápido. La demanda de electricidad seguirá creciendo, la infraestructura necesita modernizarse y el país no puede permitirse seguir administrando la emergencia cada verano.
La licitación de baterías no resuelve todos los problemas del sistema eléctrico, pero marca un paso importante hacia una red más moderna, flexible y segura. En un país que necesita producir más, exportar más y atraer inversiones, contar con energía confiable no es un lujo: es una condición básica para crecer.
