Por Daniel Romero
Buenos Aires, 29 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- La presencia de redes vinculadas al régimen de Irán en Occidente volvió a ocupar el centro de la preocupación estratégica tras reportes que señalan la posible existencia de cientos de personas relacionadas con el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) en Canadá, mientras en América Latina crecen las preguntas sobre los alcances reales del acuerdo militar que Bolivia firmó con Teherán durante el gobierno de Luis Arce y que el nuevo presidente Rodrigo Paz Pereira decidió dar por terminado.
El dato canadiense funciona como punto de partida para una alarma mayor. Canadá incorporó formalmente al CGRI a su listado de organizaciones terroristas en junio de 2024, alineándose con la postura de Estados Unidos y endureciendo su régimen de sanciones, control migratorio y persecución de eventuales redes de apoyo. Desde entonces, sectores opositores, organizaciones de la diáspora iraní y reportes de prensa han advertido que podrían residir en territorio canadiense cientos de individuos vinculados al aparato del régimen iraní. Algunas estimaciones hablan de más de 700, aunque las autoridades canadienses no confirmaron oficialmente esa cifra como un número cerrado de operativos.
La discusión no es menor. Si un país como Canadá, con sistemas migratorios, financieros y de seguridad mucho más robustos que los de buena parte de América Latina, enfrenta dificultades para identificar, investigar y expulsar a individuos ligados al CGRI, la pregunta regional es inevitable: ¿qué capacidad real tienen los Estados latinoamericanos para detectar redes de influencia, inteligencia, logística o penetración vinculadas a Irán?
Esa inquietud se vuelve especialmente sensible en el caso de Bolivia. En julio de 2023, bajo la gestión de Luis Arce, La Paz y Teherán firmaron un memorando de entendimiento en materia de seguridad y defensa. El acuerdo fue presentado oficialmente como una cooperación orientada a mejorar capacidades de control fronterizo, lucha contra el contrabando y combate al narcotráfico, incluso mediante tecnología de drones iraníes.
Sin embargo, desde el primer momento el pacto generó preocupación en la región. La Argentina pidió explicaciones, legisladores bolivianos reclamaron transparencia y analistas de seguridad advirtieron que el convenio podía abrir una puerta de entrada a capacidades militares, inteligencia, entrenamiento y presencia operativa iraní en un país ubicado en el corazón geográfico de Sudamérica, con fronteras compartidas con Brasil, Argentina, Paraguay, Chile y Perú.
El gobierno de Rodrigo Paz Pereira, de orientación centroderechista, confirmó en abril de 2026 que dio por terminado el convenio militar con Irán. La decisión fue leída como una señal de alineamiento con Estados Unidos y como un intento de desactivar uno de los legados más controvertidos de la política exterior de Arce. Pero también puede explicar, al menos en parte, el interés de sectores internos y externos en debilitar al nuevo gobierno boliviano.
El punto más delicado es que, junto con la información confirmada sobre el acuerdo militar, circulan denuncias mucho más graves sobre una eventual llegada masiva de personal iraní a Bolivia durante la vigencia del pacto. Versiones no verificadas hablan de vuelos procedentes de Irán que habrían arribado al aeropuerto de La Paz con ciudadanos iraníes, presuntamente vinculados al CGRI o a tareas de “instrucción en drones”.
Lo que sí está claro es que el interés iraní por la tecnología de drones en Bolivia fue reconocido por autoridades de la gestión anterior. El entonces ministro de Defensa, Edmundo Novillo, defendió en 2023 la posibilidad de incorporar capacidades iraníes para vigilancia de fronteras, control de zonas montañosas y lucha contra el contrabando y el narcotráfico. El problema es que, en manos de un régimen como el iraní, la cooperación “defensiva” suele tener una frontera difusa con la inteligencia, la penetración estratégica y la construcción de redes de influencia.
La situación actual de Bolivia agrega otro componente. El presidente Paz Pereira enfrenta una crisis social severa, con protestas, bloqueos, desabastecimiento, presión sindical y movilizaciones que el Gobierno atribuye en parte a sectores cercanos al ex presidente Evo Morales. En ese contexto, la cancelación del acuerdo militar con Irán y el giro hacia una relación más estrecha con Estados Unidos pueden haber tocado intereses geopolíticos y redes de poder que exceden la disputa social tradicional.
Sería irresponsable afirmar, que operativos iraníes asesoran protestas en Bolivia. Pero también sería ingenuo ignorar que Irán ha utilizado históricamente redes diplomáticas, comerciales, culturales, religiosas y de inteligencia para proyectar influencia fuera de Medio Oriente. En América Latina, esa presencia encontró durante años terreno fértil en gobiernos hostiles a Washington, especialmente en Venezuela, Bolivia y Nicaragua.
La Argentina conoce bien el problema. La Justicia argentina probó que Irán y Hezbollah fueron responsables por los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la AMIA en 1994. Esa experiencia convierte cualquier avance militar o de inteligencia iraní en la región en un asunto de seguridad nacional, no en una simple cuestión diplomática.
En los últimos años también se registraron episodios que alimentan la preocupación. En Mendoza, fuerzas federales argentinas desarticularon una presunta célula islamista que habría amenazado a la comunidad judía y a un periodista. La investigación incluyó detenciones y material de interés para los investigadores, aunque las conexiones internacionales específicas deben ser tratadas con cautela hasta que avancen las causas judiciales. También hubo operativos en Mar del Plata vinculados a redes de inmigración ilegal desde Medio Oriente hacia la Argentina, con detenidos y secuestro de armas, aunque las fuentes oficiales consultadas describieron principalmente una organización dedicada al tráfico de personas y no confirmaron públicamente una pertenencia directa a ISIS.
Ese matiz es importante. La amenaza existe, pero debe ser trabajada con precisión. No toda red migratoria ilegal es terrorismo; no todo ciudadano iraní es agente del régimen; no toda cooperación militar implica infiltración. Pero cuando se combinan acuerdos opacos, tecnología de drones, gobiernos autoritarios, antecedentes de terrorismo internacional y sistemas estatales débiles, el cuadro exige vigilancia profesional y cooperación regional.
El caso canadiense ofrece una enseñanza concreta para América Latina. La designación del CGRI como organización terrorista permite congelar activos, perseguir financiamiento, investigar apoyos logísticos y restringir la presencia de individuos vinculados a la estructura militar iraní. La región, en cambio, mantiene respuestas fragmentadas. Algunos países endurecen controles; otros prefieren mirar hacia otro lado; y otros directamente han cultivado relaciones políticas, militares o energéticas con Teherán.
El nuevo gobierno de Rodrigo Paz Pereira tomó una decisión relevante al cancelar el acuerdo militar con Irán. Pero la medida no alcanza si no va acompañada por auditorías, revisión migratoria, cooperación de inteligencia, control de documentación emitida durante la vigencia del pacto y coordinación con países vecinos.
Para la Argentina, el asunto no es ajeno. Bolivia comparte frontera con el norte argentino y se ubica dentro de corredores sensibles para contrabando, narcotráfico, migración irregular y tráfico de personas. Cualquier presencia de actores externos con capacidades de inteligencia, drones o entrenamiento irregular en territorio boliviano puede proyectar efectos hacia Jujuy, Salta, Formosa y el resto del sistema de seguridad regional.
La discusión de fondo es geopolítica. Irán busca ampliar su margen de maniobra frente a Estados Unidos, Israel y Occidente. América Latina le ofrece gobiernos amigos, comunidades pequeñas pero dispersas, rutas de financiamiento, zonas de frontera porosas y espacios de cooperación militar o tecnológica que pueden ser presentados como “defensivos”, pero utilizados para construir influencia. Irán ya amenazó con realizar ataques por el mundo en el marco de los actuales conflictos del régimen islamista con Israel y EE.UU.
Frente a ese escenario, el desafío para los gobiernos democráticos es evitar dos errores: la paranoia sin pruebas y la negligencia por comodidad política. El primero desacredita las alertas serias; el segundo deja abiertas puertas que después son difíciles de cerrar. La experiencia argentina con el terrorismo internacional demuestra que las señales tempranas no deben ser minimizadas.
La cancelación del acuerdo boliviano con Irán, las denuncias sobre presencia de vinculados al CGRI en Canadá, los antecedentes de células o redes investigadas en la Argentina y la presión golpista sobre el gobierno de Paz Pereira forman parte de un mismo mapa de riesgo. No prueban por sí solos una operación regional unificada, pero sí describen un patrón que merece atención: Irán mantiene interés en América Latina, y los países de la región necesitan saber con precisión qué dejó esa presencia, quiénes participaron y qué redes siguen activas.
