Buenos Aires, 31 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- La nueva condena a prisión perpetua dictada contra Jaime Lamont Smart, ex juez federal en lo penal y ex ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, volvió a encender una fuerte polémica sobre los juicios por hechos ocurridos durante los años 70, el alcance de la responsabilidad penal de ex funcionarios civiles y la prolongación de procesos judiciales contra personas de edad avanzada, en muchos casos con condenas todavía no firmes.
La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia expresó su “preocupación y malestar” por la sexta condena a prisión perpetua impuesta a Smart, de 92 años, por el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, en una causa por violaciones a los derechos humanos cometidas hace aproximadamente medio siglo. Según remarcó la entidad, de las seis sentencias perpetuas dictadas en su contra, sólo una se encuentra firme.
Smart, que cumple prisión domiciliaria por razones de salud, fue ministro de Gobierno bonaerense durante la última dictadura militar y anteriormente se había desempeñado como juez de la Cámara Federal en lo Penal, tribunal conocido como el “Camarón”, creado en los años previos al golpe de 1976 para juzgar delitos vinculados a organizaciones armadas. Esa trayectoria es precisamente uno de los ejes que la asociación invoca para denunciar lo que considera una persecución judicial basada más en su pertenencia institucional que en hechos concretos debidamente probados.
“Jaime Smart es inocente y lo saben hasta sus verdugos. Pero en la Argentina la inocencia es un detalle irrelevante cuando se trata de la guerra civil que el terrorismo desató”, sostuvo la declaración de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, firmada por su presidente, Alberto Solanet, y por su secretario, Juan Vergara del Carril.
La entidad cuestionó con dureza el criterio utilizado en causas de lesa humanidad contra ex magistrados y ex funcionarios civiles que actuaron durante los años 70. A su entender, el caso Smart se convirtió en un ejemplo de “ensañamiento” judicial y político, en el que se castiga a un hombre por el lugar que ocupó dentro del Estado antes que por pruebas individualizadas de responsabilidad penal.
“El ensañamiento contra Smart no es casual, es un mensaje mafioso; combatir al terrorismo desde el derecho es tan insolente como hacerlo con las armas”, afirmó la institución, en una declaración de tono frontal contra el sistema judicial que viene interviniendo en estos procesos. Para la asociación, la condena por haber sido ministro del gobierno bonaerense constituye “un subterfugio barato” y “un disfraz ideológico”.
La causa en la que fue condenado por el TOF N° 1 de La Plata formó parte de un amplio juicio por delitos de lesa humanidad vinculados a centros clandestinos de detención y hechos atribuidos al llamado “Circuito Camps”, estructura represiva asociada a la Policía Bonaerense durante la última dictadura. En ese debate oral, que se extendió durante años, fueron condenados ex funcionarios, ex militares, ex policías y civiles por secuestros, tormentos, desapariciones y otros delitos considerados imprescriptibles por la Justicia argentina.
La mirada de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, sin embargo, apunta a otro plano: el modo en que esos juicios, a su criterio, terminaron construyendo condenas sobre la base de una responsabilidad general por cargo, función o pertenencia institucional. “Las sentencias que soportó no nacen de pruebas, sino de la necesidad política de fabricar culpables”, sostuvo la entidad.
En ese sentido, el comunicado insistió en que Smart no fue condenado “por lo que hizo”, sino “por lo que fue”: juez de la Cámara Federal en lo Penal y luego ministro de Gobierno bonaerense. Para la institución, ese dato revela una lógica de persecución contra quienes, desde el Estado, enfrentaron en los años 70 el accionar de organizaciones armadas, en un contexto que la asociación define como una guerra revolucionaria contra la república.
La declaración recordó además que la Cámara Federal en lo Penal llegó a procesar a 1.256 integrantes de organizaciones terroristas, demostrando —según la entidad— que, con respaldo político, se podía combatir al terrorismo desde el derecho y sin recurrir a métodos ilegales. También vinculó ese antecedente con el posterior gobierno de Héctor J. Cámpora, la amnistía y liberación de detenidos, y el asesinato del juez Jorge Vicente Quiroga, presentado por la asociación como símbolo del costo que pagaron quienes intentaron enfrentar la violencia desde la institucionalidad.
“Cada condena contra Smart es una campana fúnebre que repite, una y otra vez, el asesinato del juez Quiroga”, señaló el documento. Y agregó que, a juicio de la entidad, no se trata de fallos sino de “epitafios disfrazados de sentencias” y de “rituales de persecución” bajo apariencia de justicia.
La controversia expone una fractura profunda y persistente en la lectura del pasado reciente argentino. Para los tribunales que intervinieron en estas causas, los hechos juzgados constituyen delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, no prescriben. Para la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, en cambio, el sistema judicial aplicó criterios excepcionales, retroactivos y politizados, alejados de las garantías penales ordinarias y orientados a sostener una narrativa única sobre los años 70.
El caso Smart se vuelve especialmente sensible por la edad del condenado, su estado de salud y la cantidad de sentencias perpetuas acumuladas, muchas de ellas aún sujetas a revisión. La entidad advirtió que, si la vida se lo permite, seguirá siendo llevado ante tribunales donde —según denunció— “jueces prevaricadores, fiscales militantes y testigos falsos” continuarán dictando sentencias prefabricadas.
La defensa pública de Smart se inscribe en un debate más amplio sobre el trato judicial a ex militares, ex policías y ex funcionarios civiles de edad avanzada, muchos de ellos detenidos o condenados por hechos ocurridos hace cinco décadas. Sectores críticos de estos procesos sostienen que existe una justicia de excepción, con prisión preventiva prolongada, testigos de memoria difusa, inversión de la carga probatoria y una interpretación expansiva de la responsabilidad penal. Sus defensores, en cambio, afirman que se trata de condenas necesarias por crímenes estatales graves.
La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia cerró su declaración con una definición política y jurídica de alto voltaje: “El verdadero propósito es claro: escarmentar, borrar la evidencia de que la Justicia, en manos de hombres rectos, pudo haber sido un muro contra la barbarie. Pudo evitar el baño de sangre y las secuelas de venganza e hipocresía que hoy se exhiben como trofeos”.
La nueva condena a Jaime Smart no sólo suma otro capítulo a una extensa saga judicial. También reabre una discusión incómoda para la Argentina: si los juicios por los años 70 siguen siendo, medio siglo después, una búsqueda de justicia o si se han transformado, como denuncian sus críticos, en un instrumento de castigo político sin final previsible para derrotados, ancianos y funcionarios civiles convertidos en emblemas de una historia que el país nunca terminó de discutir con equilibrio.
