Buenos Aires-05 junio 2026-Total News Agency-TNA-El Gobierno nacional avanzó con la preadjudicación de la concesión de la Vía Navegable Troncal a favor del consorcio Jan De Nul-Servimagnus, en una decisión que deja a la alianza belga-argentina a un paso de quedarse con uno de los negocios estratégicos más importantes del país: el dragado, balizamiento, señalización, operación y mantenimiento del corredor por donde circula cerca del 80% del comercio exterior argentino.
La decisión fue comunicada por el Ministerio de Economía, que informó que el dictamen de preadjudicación recomendó adjudicar la oferta de Jan De Nul-Servimagnus luego de la evaluación técnica y económica del proceso licitatorio. A partir de ahora se abre una instancia de siete días corridos para eventuales impugnaciones formales antes de que se produzca la adjudicación definitiva.
Según la información oficial, el consorcio ganador obtuvo 66,20 puntos en las dos primeras etapas de análisis técnico, mientras que DEME NV alcanzó 42,14 puntos. En la instancia económica, ambas compañías igualaron al ofrecer el menor precio posible, con una tarifa de US$3,80, lo que trasladó la definición final al puntaje técnico acumulado.
El Gobierno sostuvo que la nueva concesión permitirá una baja inmediata de casi el 15% en los costos y una modernización tecnológica de la navegación. También remarcó que el proceso fue revisado con criterios de transparencia, con asistencia de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), y que no recibió impugnaciones de las empresas participantes durante las etapas previas.
Sin embargo, el expediente llega a esta instancia envuelto en una trama de denuncias, sospechas geopolíticas, cuestionamientos administrativos y vínculos políticos que TNA viene señalando desde hace meses. La licitación de la Hidrovía no es una contratación más: define quién controlará durante 25 años, con opción a prórroga por otros cinco, el principal canal logístico del comercio exterior argentino y una de las arterias estratégicas del Mercosur.
La primera advertencia seria surgió desde el propio sistema institucional argentino. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dependiente del Ministerio Público Fiscal, había marcado “serias y evidentes irregularidades” en la redacción de los pliegos y en aspectos centrales del proceso. Entre los puntos observados aparecieron la cláusula anticorrupción, la eventual cesión del contrato, los límites a la impugnación, la fórmula de evaluación de ofertas y la ausencia de una evaluación ambiental integral suficiente.
Es decir, mientras el Gobierno presenta la preadjudicación como una señal de normalización y eficiencia, los organismos de control ya habían advertido que el procedimiento podía derivar en reproches administrativos o penales. Ese contraste es el punto político central: la licitación avanza, pero no llega limpia de objeciones.
También hubo tensión internacional. En Estados Unidos, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, el republicano Brian Mast, envió una carta al secretario de Estado Marco Rubio alertando por una presunta influencia china en la licitación argentina. Según esa presentación, existiría preocupación por supuestos vínculos de Jan De Nul con entidades estatales de la República Popular China a través de su socio local, Servimagnus.
La advertencia fue especialmente dura porque planteó que adjudicar el contrato a ese consorcio podría afectar la seguridad nacional argentina, la seguridad nacional estadounidense y la relación bilateral. En términos geopolíticos, el mensaje fue claro: Washington considera la Hidrovía Paraná-Paraguay una infraestructura crítica y no quiere que quede directa o indirectamente bajo influencia de capitales o proveedores vinculados a Beijing.
El consorcio Jan De Nul-Servimagnus negó esas acusaciones y calificó las versiones como falsas y malintencionadas. Las empresas sostuvieron que no existe participación de compañías chinas, ni como socias ni como proveedoras, y que el esquema propuesto no contempla financiamiento soberano extranjero ni injerencia estatal externa. También remarcaron que utilizarán dragas propias de Jan De Nul y soluciones tecnológicas occidentales, con prioridad en proveedores de Estados Unidos.
Ese desmentido, sin embargo, no alcanza para clausurar el debate. Servimagnus reconoció antecedentes de trabajo hasta 2020 junto a Shanghai Dredging Company, aunque sostuvo que esos vínculos ya no existen y que no forman parte de la licitación actual. La sola existencia de ese antecedente alimentó la preocupación de sectores estadounidenses, de competidores y de actores locales que miran la Hidrovía como un activo demasiado sensible para quedar bajo dudas.
La puja también estuvo atravesada por la competencia entre consorcios. DEME, también belga, quedó en segundo lugar pese a igualar la oferta económica. La brasileña DTA Engenharia fue declarada inadmisible por no cumplir con el requisito de presentar la garantía de mantenimiento de oferta. Esa firma, según versiones publicadas, había denunciado irregularidades y fraudes en el proceso, sumando presión sobre una licitación que ya venía golpeada por objeciones previas.
El Gobierno insiste en que la Justicia rechazó las denuncias que buscaban frenar el proceso y que ninguna de las empresas participantes impugnó formalmente las etapas anteriores. Pero la falta de impugnaciones empresariales no elimina las observaciones institucionales ni las sospechas políticas. Tampoco borra el antecedente inmediato: el primer intento de concesionar la Hidrovía durante la gestión de Javier Milei terminó anulado en medio de denuncias y cuestionamientos. Al parecer el loby de Neuss, Elías, Moyano y Massa tuvo éxito. Otro punto de observación de EE.UU.
El negocio es enorme. La nueva concesión involucra inversiones proyectadas por más de US$10.000 millones y una facturación estimada de alrededor de US$15.000 millones durante el plazo contractual. La empresa adjudicataria cobrará peajes por la navegación sobre el corredor y tendrá influencia directa sobre costos logísticos, competitividad exportadora, seguridad fluvial, control de cargas y planificación de infraestructura.
Por eso la discusión no puede reducirse a una baja de tarifa. Una reducción del peaje puede ser positiva para exportadores y usuarios, pero el país debe mirar también quién opera, con qué tecnología, bajo qué controles, con qué esquema de datos, con qué garantías anticorrupción y con qué capacidad del Estado para auditar de verdad.
El antecedente de Jan De Nul en la Argentina también pesa. La firma belga opera desde hace décadas sobre la vía navegable y formó parte de Hidrovía S.A. junto a Emepa, del empresario Gabriel Romero, quien declaró como arrepentido en la causa Cuadernos y admitió haber pagado una coima de US$600.000 en 2010 para obtener la prórroga de la concesión hasta 2021. Jan De Nul siempre negó haber conocido esa maniobra y la Justicia no encontró motivos para acusar a la compañía belga, pero el antecedente forma parte inevitable del contexto.
Ahora cambió el socio local. En lugar de Emepa, aparece Servimagnus, empresa argentina que quedó en el centro de las sospechas por sus antecedentes societarios, operativos y presuntos vínculos internacionales. Es allí donde se cruzan los cuestionamientos de competidores, las advertencias desde Estados Unidos y los señalamientos políticos que TNA viene publicando sobre una trama más amplia de intereses locales alrededor de la concesión.
TNA ya había advertido sobre la necesidad de mirar no sólo a los jugadores visibles, sino también a los vínculos políticos y empresarios que rodean la licitación. En ese mapa fueron señaladas relaciones y contactos asociados a Grupo Neuss, Elías, Moyano, Massa y operadores vinculados a la logística estratégica nacional. La pregunta de fondo sigue vigente: quiénes se beneficiarán realmente con el control de la vía navegable más importante del país.
La Hidrovía no es sólo dragado. Es comercio exterior, puertos, granos, energía, industria, aduanas, seguridad, narcotráfico, geopolítica y control de información. Por allí sale la mayor parte de la producción agroindustrial argentina y también circulan cargas de Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay. Entregar su operación durante tres décadas exige un nivel de transparencia superior al habitual, no una carrera acelerada para cerrar el expediente.
El Gobierno de Milei presenta la preadjudicación como una señal promercado y como un paso para romper el estancamiento de obras. Los usuarios privados, entre ellos sectores exportadores, portuarios, industriales y navieros, reclamaron avanzar con celeridad hacia una nueva etapa de operación e inversión. Ese respaldo empresario existe y responde a una necesidad real: la vía requiere mantenimiento, modernización y previsibilidad.
Pero la modernización no puede ser excusa para mirar hacia otro lado. Si existen advertencias de la PIA, denuncias de competidores, alertas desde Washington, sospechas sobre vínculos chinos, antecedentes de corrupción en la concesión anterior y señalamientos sobre entramados políticos locales, la adjudicación definitiva no debería ser un trámite automático.
La etapa de impugnaciones será ahora la última oportunidad formal para revisar el dictamen antes de la adjudicación. Si no se presentan objeciones o si son rechazadas, Jan De Nul-Servimagnus quedará en condiciones de administrar la Vía Navegable Troncal durante un período equivalente a una generación.
El punto central es institucional. La Argentina necesita inversión privada, infraestructura moderna y menor costo logístico. Pero también necesita que sus activos estratégicos no queden capturados por negocios opacos, operadores políticos o intereses extranjeros difíciles de auditar. La eficiencia sin transparencia termina siendo otra forma de dependencia.
La preadjudicación de la Hidrovía a Jan De Nul-Servimagnus deja al Gobierno frente a una definición mayor. Puede convertir esta concesión en un caso testigo de apertura, competencia y control serio. O puede transformarla en otro capítulo de la larga historia argentina de privatizaciones estratégicas atravesadas por sospechas, socios locales de bajo perfil, denuncias que se archivan y negocios que sobreviven a todos los gobiernos.
Por ahora, el dictamen está firmado, el plazo de impugnaciones corre y el consorcio belga-argentino quedó a un paso de quedarse con la llave logística del comercio exterior argentino. La pregunta que queda abierta es si el Estado controlará la Hidrovía, o si la Hidrovía volverá a controlar al Estado.
