Por Daniel Romero
Buenos Aires-05 junio 2026-Total News Agency-TNA-El caso María Verónica Michelli dejó al descubierto un error político y jurídico de la Casa Rosada que terminó convertido en un escándalo innecesario. El presidente Javier Milei envió el pliego de la candidata al Senado, luego intentó retirarlo y, tras la aprobación legislativa, quedó atrapado entre firmar el decreto de designación o profundizar una crisis institucional que pudo haberse evitado desde el primer minuto.
La controversia no nació en el Senado, sino antes, en el propio circuito de decisión del Poder Ejecutivo. Si la oscura objeción real contra Michelli era su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon, como trascendió públicamente y generó rechazo transversal, alguien le hizo cometer un error tremendo al Presidente y a su hermana Karina Milei. Porque esa información debía estar sobre la mesa antes de que el pliego saliera de la Casa Rosada, no después.
El responsable político natural de ese filtro era el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Su cartera interviene en el análisis de los antecedentes, la elevación de las propuestas y el armado final de los pliegos que firma el Presidente. Si el parentesco con Alconada Mon era para el Gobierno un obstáculo insalvable —criterio además sumamente reprochable por castigar a una postulante por el vínculo con un periodista—, Mahiques debió advertirlo antes. No después de que el Ejecutivo ya había usado la lapicera.
El proceso institucional es claro. Para cubrir cargos de jueces nacionales y federales inferiores, el Consejo de la Magistratura abre concursos públicos, evalúa antecedentes, toma exámenes, realiza entrevistas y finalmente aprueba una terna vinculante. Esa terna llega al Poder Ejecutivo, y allí el Presidente puede elegir a cualquiera de los tres postulantes. No está obligado a optar por quien quedó primero en el orden de mérito. Tiene margen político dentro de esa terna.
Es justamente ahí donde la explicación oficial se vuelve débil. Milei tenía la lapicera antes de enviar el pliego. Si Michelli no era aceptable para el Gobierno, el Presidente podía elegir otro nombre de la terna. Una vez elegido el candidato, firmado el pliego y enviado al Senado, el trámite dejó de ser un expediente interno del Ejecutivo y pasó a formar parte de un procedimiento complejo entre poderes del Estado.
La Constitución Nacional, en su artículo 99 inciso 4, establece que el Presidente nombra a los jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado. Esa arquitectura busca precisamente evitar decisiones discrecionales absolutas: el Consejo evalúa, el Presidente elige dentro de la terna y el Senado presta o niega acuerdo.
Por eso el intento de retirar el pliego de Michelli después de haberlo enviado generó una reacción política, jurídica e institucional. La candidata ya había atravesado las instancias técnicas previas y su postulación había sido formalizada por el propio Poder Ejecutivo. El Gobierno no explicó oficialmente una causa objetiva de inidoneidad, falta de antecedentes o irregularidad en el concurso. El dato que dominó la escena fue su parentesco con Alconada Mon, periodista de La Nación que publicó investigaciones incómodas para la administración libertaria.
El Senado terminó aprobando el pliego de Michelli por 44 votos afirmativos, 18 negativos y 2 abstenciones, dentro de un paquete de 74 designaciones judiciales. La votación dejó a la Casa Rosada en una posición incómoda: el Gobierno celebró el paquete general como “el inicio de la reconstrucción de la Justicia”, pero dentro de ese mismo resultado quedó incluida la candidatura que Milei había intentado frenar. Esto mostró que el gobierno se maneja a ciegas, y no solo del conocimiento en materia de justicia, sino en la falta de lectura de diarios, revistas, ya sea en papel u on line, dado que de leer, hubieran sabido de que se trata.
El Presidente buscó solapar el golpe con un mensaje triunfalista en X. “EL INICIO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA: en un verdadero hito se aprobaron 74 pliegos”, escribió Milei, sin mencionar que uno de esos pliegos era justamente el de Michelli. La frase funcionó como control de daños: mostrar como victoria administrativa una derrota política puntual.
Patricia Bullrich fue una de las figuras que expuso la inconsistencia oficial. La jefa del bloque libertario en el Senado se abstuvo y explicó que tenía una “objeción de conciencia” porque no se puede atribuir una consecuencia disciplinaria a una persona por una relación familiar. Su postura no implicó un respaldo militante a Michelli, pero sí un rechazo al argumento que circuló desde la Casa Rosada. Esa abstención mostró que el Gobierno ni siquiera logró ordenar internamente su propia posición.
Después de la aprobación, Mahiques intentó correr el eje. El ministro sostuvo que no correspondía hablar de “escándalo” y afirmó que todos los presidentes desde el regreso de la democracia retiraron pliegos. También dijo que el Senado “habilitó” al Presidente, pero “no lo obligó”, anticipando que Milei podría no firmar de inmediato el decreto de nombramiento de Michelli.
Esa explicación abre un nuevo problema. Una cosa es discutir si el Ejecutivo podía retirar un pliego antes del acuerdo del Senado. Otra distinta es sostener que, una vez prestado el acuerdo, el Presidente puede congelar indefinidamente el decreto final por razones políticas no explicitadas. Constitucionalistas consultados por medios nacionales advirtieron que el nombramiento posterior al acuerdo senatorial no es una facultad caprichosa, sino una obligación dentro del procedimiento constitucional.
El intento de no firmar el decreto de designación también puede agravar la crisis. Según versiones de Gobierno, en Balcarce 50 dan por descontado que Milei no rubricará la designación de Michelli pese al aval del Senado. Cerca de Karina Milei y de Santiago Caputo consideran que el Presidente puede mantener frenado el expediente.
Si esa decisión se confirma, la Casa Rosada habrá pasado de un error político a un conflicto institucional más profundo. Primero eligió a la candidata. Luego intentó retirarla. Después celebró el paquete que incluía su aprobación. Y finalmente podría negarse a firmar el decreto que completa el mismo procedimiento constitucional que el Gobierno inició.
El punto central es que el Presidente no fue obligado a elegir a Michelli desde el comienzo. La terna vinculante del Consejo de la Magistratura no le imponía ese nombre como única alternativa. Le ofrecía tres opciones. Si el Gobierno tenía reparos políticos, personales o institucionales, debía resolverlos en esa instancia. La torpeza fue enviar el pliego y luego intentar deshacer el acto cuando el expediente ya estaba en manos del Senado.
En ese marco, la responsabilidad de Mahiques resulta difícil de esquivar. El ministro admitió que Michelli integraba las ternas, pero aclaró que el mandatario tenía la potestad de vetar opciones. Precisamente por eso, su ministerio debía haber advertido al Presidente antes de elevar el pliego si existía alguna objeción política que la Casa Rosada consideraba relevante.
La comparación que hizo Mahiques con el retiro del pliego de su hermano Ignacio Mahiques durante la gestión de Alberto Fernández tampoco despeja el problema. Que otros gobiernos hayan retirado pliegos no convierte en razonable retirar uno por parentesco con un periodista crítico. Y mucho menos permite ignorar que aquí el oficialismo terminó perdiendo la pulseada en el Senado y expuesto a la sospecha de haber querido castigar indirectamente a Alconada Mon.
El episodio golpeó también el discurso oficial sobre la independencia judicial. El Gobierno presentó la aprobación de los 74 pliegos como un paso para cubrir una vacancia judicial que Mahiques estimó en torno al 37%, y que calificó como una “crisis institucional nunca antes vista”. Pero esa agenda de normalización quedó opacada por una decisión política oscura, improvisada y mal ejecutada.
La situación es aún más llamativa porque Mahiques llegó al Ministerio de Justicia con respaldo de Karina Milei y con el objetivo declarado de fortalecer un sistema judicial independiente de disputas políticas. Su primera gran crisis pública, sin embargo, fue un intento de retirar una candidata por razones que el Gobierno no quiso explicar formalmente, pero que quedaron asociadas al parentesco con un periodista incómodo.
La Casa Rosada generó así un escándalo que no necesitaba. Si Michelli era una mala candidata, debió decirlo con fundamentos objetivos antes de elegirla. Si no lo era, retirarla por su vínculo familiar con Alconada Mon fue una señal autoritaria y torpe. Y si el problema fue que el Presidente y su hermana se enteraron tarde de un dato que consideraban decisivo, entonces el error está en el filtro político y técnico del Ministerio de Justicia.
El resultado final fue una derrota innecesaria. Milei quedó obligado a celebrar la aprobación de una tanda judicial que incluía el nombre que quería excluir. Bullrich quedó diferenciada de la orden presidencial. Mahiques quedó bajo sospecha de impericia política. Y Michelli quedó convertida en símbolo de un conflicto que el propio Gobierno fabricó.
En términos institucionales, el caso deja una enseñanza elemental: la lapicera presidencial pesa antes de enviar un pliego, no después de haberlo convertido en una batalla pública. El Consejo de la Magistratura propone, el Presidente elige, el Senado acuerda y luego el Poder Ejecutivo completa el nombramiento. Alterar ese orden por enojo político, parentesco periodístico o improvisación de palacio sólo debilita la autoridad presidencial.
La pregunta que queda flotando en el Gobierno es incómoda: quién le hizo cometer a Milei y a Karina Milei este error tremendo. Porque el daño no lo produjo Michelli ni lo produjo Alconada Mon. Lo produjo una decisión mal tomada, tarde, sin fundamentos públicos sólidos y con un costo político que ahora el oficialismo intenta disimular bajo el título de “reconstrucción de la Justicia”.
