Buenos Aires – 27 Julio 2026 – Total News Agency – TNA-. Los países de América Latina y el Caribe enfrentan amenazas híbridas, organizaciones criminales transnacionales, operaciones de desinformación, ataques cibernéticos y una competencia creciente entre potencias, pero cerca de la mitad de sus sistemas de formación de inteligencia continúa dependiendo de estructuras militares, policiales o de capacitación extranjera, según un amplio trabajo elaborado por la Fundación Sherman Kent, al que tuvo acceso Total News Agency.
El informe, titulado La formación de los analistas de inteligencia en América Latina y el Caribe, examinó las escuelas, universidades y programas existentes en los 33 Estados de la región y propuso la creación de un centro regional destinado a profesionalizar a analistas, mandos medios y autoridades superiores mediante estándares y certificaciones comunes.
La investigación sostiene que la formación del personal constituye uno de los pilares menos estudiados de la capacidad estatal para anticipar amenazas. Su diagnóstico advierte que el analista requerido por el siglo XXI debe ser cualitativamente diferente al que produjeron los modelos heredados de la Guerra Fría, debido a la irrupción de la inteligencia artificial, la multipolaridad y la combinación de amenazas estatales y no estatales.
El punto de partida del documento es una definición que debería orientar cualquier reforma: la inteligencia estratégica es la capacidad del Estado de conocer antes de que sea demasiado tarde. Esa capacidad no reside exclusivamente en satélites, sistemas de vigilancia, escuchas, bases de datos o programas informáticos, sino en profesionales preparados para transformar información dispersa en conocimiento, advertencias y decisiones.
“La inteligencia verdadera no es el secreto bien guardado, sino el conocimiento bien aplicado”, expresa el trabajo de la Fundación Sherman Kent, que reivindica el legado doctrinario del académico y analista estadounidense que contribuyó a convertir el análisis de inteligencia en una profesión con métodos, lenguaje estimativo y criterios verificables.
El estudio propone abandonar la matriz policial-militar que concibe a la inteligencia como una herramienta de vigilancia interna y reemplazarla por un modelo orientado a la protección de los intereses vitales del Estado. Buena parte de los organismos latinoamericanos se desarrolló alrededor de la identificación del adversario interno, el control político y la preservación del gobierno de turno, una cultura institucional que todavía influye sobre programas de estudio y criterios de selección del personal.
El cambio planteado no es solamente académico. Implica modificar el destinatario de la inteligencia —del gobierno circunstancial al Estado—, sustituir la reacción por la anticipación e incorporar a universidades, especialistas civiles y disciplinas que tradicionalmente permanecieron fuera de las escuelas cerradas.
El informe alerta que un currículo destinado a formar “vigilantes” puede producir aparatos de seguridad interior más eficaces, pero no necesariamente analistas capaces de comprender cambios políticos, económicos, tecnológicos y militares. La diferencia no depende de la cantidad de computadoras o del presupuesto reservado, sino del propósito institucional, la ética y el marco conceptual transmitido en las aulas.
La Fundación Sherman Kent organiza las capacidades necesarias en cinco dominios: analítico-metodológico, tecnológico-digital, sustantivo-estratégico, comunicacional-productivo y ético-normativo. El analista debe dominar técnicas estructuradas, evaluar fuentes, gestionar incertidumbre, trabajar con información de fuentes abiertas, comprender los resultados producidos por inteligencia artificial y comunicar conclusiones útiles al nivel político.
También debe conocer las amenazas híbridas, el crimen organizado transnacional, el terrorismo, la seguridad económica y los recursos estratégicos, sin perder de vista el marco legal, los derechos humanos, la rendición de cuentas y la resistencia frente a la politización.
El trabajo subraya que la formación no puede limitarse al personal que redacta informes. Uno de los problemas estructurales de la región es que se capacita parcialmente al analista, pero se deja a los mandos medios y directivos sujetos al ascenso por antigüedad, la confianza política o la improvisación.
Un analista produce conocimiento; un mando medio convierte las necesidades del poder político en requerimientos, coordina equipos y controla la calidad; un director debe administrar presupuestos, relacionarse con otros organismos, proteger la institución contra la politización y presentar conclusiones al decisor. “Un director de inteligencia mal formado puede neutralizar el trabajo de cien analistas excelentes”, advierte el estudio.
Los sistemas de mayor calidad presentan cuatro rasgos comunes: evaluación externa institucionalizada, currículos diferenciados según el nivel profesional, aplicación de técnicas analíticas estructuradas y articulación con universidades civiles. Entre los modelos tomados como referencia aparecen la National Intelligence University, la Sherman Kent School, las directivas estadounidenses ICD 203 e ICD 610, la International Association for Intelligence Education, y programas universitarios del Reino Unido, España y Alemania.
La evaluación regional muestra una gran desigualdad. Brasil y Colombia cuentan con las estructuras más consolidadas, mientras México mantiene una escuela en proceso de institucionalización. Argentina, Chile, Colombia y Perú atraviesan diferentes etapas de reforma o desarrollo. Buena parte de Centroamérica y el Caribe depende de academias policiales, militares o de cooperación extranjera, mientras Cuba, Venezuela y Nicaragua poseen aparatos técnicamente desarrollados, pero orientados a proteger regímenes políticos y no a cumplir estándares democráticos.
Según la clasificación de la Fundación Sherman Kent, solamente un tercio de los 33 Estados combina una escuela dedicada o una reforma en curso, mientras casi la mitad depende de instituciones militares, policiales o extranjeras. El estudio aclara que la desigualdad no se origina en una falta regional de talento, sino en la ausencia de estructuras estables, programas comparables y carreras profesionales institucionalizadas.
La Argentina fue clasificada como un país con una escuela en reforma. La Escuela Nacional de Inteligencia —ENI— posee capital institucional acumulado, una revista académica desde 2022 y un mandato normativo para reorganizar su funcionamiento, aunque todavía tiene pendiente consolidar un modelo de formación basado en competencias verificables.
El Decreto 615 de julio de 2024 ordenó al secretario de Inteligencia reestructurar la ENI dentro de los 120 días posteriores a su entrada en vigencia, junto con la revisión del estatuto del personal y del sistema de administración de fondos. La norma acompañó la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia y la recuperación de la Secretaría de Inteligencia de Estado —SIDE— como organismo rector.
La posterior reforma establecida por el Decreto 941/2025 volvió a modificar la arquitectura nacional, creó la Agencia Nacional de Contrainteligencia, la Agencia Federal de Ciberinteligencia y la Inspectoría General de Inteligencia, e incorporó comunidades nacionales para el intercambio de información. La ampliación de organismos, facultades y herramientas vuelve más urgente la formación profesional, el control democrático y la existencia de autoridades capaces de diferenciar inteligencia estratégica, investigación criminal y vigilancia política.
El documento advierte que comprar tecnología no resuelve las deficiencias institucionales. Un país puede adquirir programas de análisis, bases de datos, drones, sistemas de interceptación o herramientas de inteligencia artificial, pero no puede importar automáticamente el juicio analítico necesario para interpretarlos.
La inteligencia artificial automatizará tareas de búsqueda, traducción, clasificación, detección de patrones y producción de borradores, pero no reemplazará la formulación de hipótesis, la comprensión del contexto ni la responsabilidad frente al decisor. El desafío será formar profesionales capaces de interrogar, auditar y, cuando sea necesario, contradecir los resultados ofrecidos por los algoritmos.
La Fundación Sherman Kent también advierte sobre otro riesgo: que la dependencia formativa se convierta en dependencia intelectual. La cooperación con Estados Unidos, Europa, China o cualquier otra potencia resulta valiosa, pero los métodos y categorías proporcionados por esos países responden a sus propias prioridades.
Un analista latinoamericano formado exclusivamente con marcos importados desde Washington, Londres, Moscú o Beijing puede interpretar la región desde la perspectiva de sus instructores y no desde los intereses de su propio Estado. El informe no propone rechazar la cooperación, sino extraer sus beneficios sin subordinar el juicio nacional.
Para reducir esas asimetrías, el trabajo propone crear un Centro Regional de Formación en Inteligencia Estratégica —CRFIE—, destinado a articular las escuelas existentes y ofrecer capacitación a los Estados que carecen de estructuras propias. No sustituiría a las instituciones nacionales, sino que establecería un marco común de competencias, trayectorias profesionales, evaluación externa y certificaciones reconocidas entre los países participantes.
El centro funcionaría mediante una red integrada por la ENI argentina, la ESINT brasileña, la ESICI colombiana, la ESISEN mexicana, instituciones de Chile, Uruguay y Perú, y los mecanismos regionales existentes en el Caribe. Sus programas incluirían análisis de fuentes abiertas, inteligencia artificial, escritura estimativa, técnicas de hipótesis alternativas, ejercicios de equipo rojo y formación diferenciada para analistas, coordinadores y directivos.
La propuesta adopta el Modelo de Gestión por Competencias Estratégicas —MGCE—, desarrollado por Porterrieu y adaptado por la Fundación para su aplicación regional. El esquema reemplaza la acumulación de cursos por la certificación de capacidades concretas, distribuidas en cuatro trayectorias: fundamentos, aplicación autónoma, especialización y liderazgo, y dirección institucional.
El informe recomienda iniciar el proceso con un estándar común entre 2026 y 2028, avanzar luego hacia intercambios de analistas, evaluación externa y módulos regionales, y constituir entre 2031 y 2036 una institución con personalidad propia, posiblemente bajo un paraguas de cooperación hemisférica.
La hoja de ruta no requiere inicialmente compartir información secreta ni construir grandes edificios. Su punto de partida consiste en acordar qué debe saber un analista, cómo debe expresarse la incertidumbre, cuáles son los límites éticos de su actividad y qué capacidades debe demostrar antes de asumir responsabilidades superiores.
La Fundación Sherman Kent reconoce que su mapa fue elaborado mediante fuentes abiertas y que la información disponible sobre sistemas opacos o pequeños Estados caribeños es limitada. Por esa razón asignó al documento un nivel de confianza global medio-alto: elevado en lo relativo al modelo de competencias y los estándares internacionales, y moderado respecto de algunos diagnósticos nacionales.
El estudio concluye que la formación de analistas carece del atractivo público asociado con las operaciones encubiertas, pero constituye una de las tareas más importantes que puede emprender un Estado democrático: profesionales preparados pueden anticipar crisis, proteger intereses estratégicos y evitar que una abundancia de datos termine produciendo decisiones equivocadas.
Fuentes consultadas: Fundación Sherman Kent, Análisis Estratégico N.º 09; Boletín Oficial de la República Argentina; Secretaría de Inteligencia de Estado; Agencia Brasileña de Inteligencia; Revista Brasileira de Inteligência.
