Madrid – 9 julio 2026 – Total News Agency – TNA – Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil volvió a sacudir al Gobierno español al implicar a Juan Manuel Serrano, ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez y ex presidente de Correos, en la presunta trama vinculada a Leire Díez, la llamada “fontanera” de Ferraz, investigada por maniobras de influencia, contratos públicos bajo sospecha y operaciones destinadas a desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE y al Ejecutivo.
El documento fue remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye una de las derivaciones más sensibles del llamado caso Leire. Según el informe policial citado por medios españoles, la UCO sostiene que Serrano habría favorecido la entrada de Díez en Correos y que su contratación no habría sido una decisión administrativa neutra, sino una “cuestión estratégica” para colocar a personas afines en posiciones clave dentro de la empresa pública.
La investigación incorpora una multitud de mensajes mantenidos en el tiempo entre Serrano, Díez y otros integrantes de la presunta red. Para los agentes, esos intercambios permiten reconstruir una relación fluida y operativa, no meramente ocasional. La UCO señala que el posicionamiento de Díez en Correos habría sido tratado directamente con Serrano por Vicente Fernández, ex presidente de la SEPI, también investigado en la causa.
El caso golpea de lleno en el núcleo de confianza de Sánchez. Serrano fue uno de los hombres más próximos al actual presidente del Gobierno en su etapa de ascenso político y ocupó la presidencia de Correos entre 2018 y 2023. Su nombre ya había aparecido en las pesquisas cuando la UCO le tomó declaración como investigado el 27 de mayo e incautó su teléfono móvil y dispositivos informáticos para analizar si recibía información o participaba en los planes atribuidos a la red de Leire Díez.
El nuevo informe no se limita a la contratación de Díez. Según El País, la UCO vincula a Serrano con una presunta trama de manipulación de contratos públicos y de interferencia en procedimientos judiciales que podían perjudicar al PSOE o al Gobierno. La red, siempre según la hipótesis policial, ya involucra a Díez, a Santos Cerdán y a otros operadores asociados a estructuras empresariales próximas a la SEPI.
Uno de los puntos más delicados es el presunto amaño de contratos en Correos. La Cadena SER informó que la UCO atribuye a Díez maniobras para favorecer adjudicaciones con la empresa SDP, por importes de 13.000 y 180.000 euros, que habrían contado con el conocimiento o la connivencia de Serrano. Los investigadores también pidieron acceder a los móviles incautados para comprobar la trazabilidad de esas operaciones y determinar si existió una coordinación superior.
El informe policial también introduce el rol de un despacho de abogados sevillano y de la constructora Aranda, mencionados en la documentación como parte de contratos u operaciones bajo análisis. De acuerdo con Antena 3, los agentes investigan si las adjudicaciones de asesoría por más de 180.000 euros generaron beneficios económicos para integrantes de la red, y apuntan al cobro de 213.000 euros por parte de Fernández entre 2022 y 2024 procedentes de ese despacho.
La hipótesis de la UCO es más amplia: no se trataría sólo de contrataciones irregulares, sino de una red con capacidad para operar en empresas públicas, obtener beneficios económicos y actuar contra jueces, fiscales o agentes que investigaban causas sensibles para el socialismo. En informes previos, los agentes ya habían señalado que el “fin último” de la operación de Leire Díez era “proteger los intereses” que afectaban directa o indirectamente al Gobierno o a su presidente.
La causa adquirió mayor gravedad institucional la semana pasada, cuando el juez Pedraz imputó a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y al general Manuel Llamas por presunta prevaricación y obstrucción a la Justicia. Ambos están señalados por supuestamente utilizar expedientes disciplinarios como mecanismo de presión contra agentes de la UCO que investigaban asuntos delicados, entre ellos el caso Koldo y pesquisas que rozaban al entorno de Sánchez. Las declaraciones judiciales de esos imputados están previstas para el 16 de julio.
La figura de Leire Díez se consolidó así como una pieza clave de una trama que combina política, empresas públicas, contratos, intentos de presión institucional y maniobras de desprestigio. Ex militante socialista, Díez fue presentada por distintos informes como una operadora que buscaba información sensible, contactaba con policías, fiscales y comisarios retirados, y se movía en nombre de intereses que, según la UCO, podían beneficiar al PSOE o al Gobierno.
Para Moncloa, el problema no es sólo judicial. El caso conecta a personas muy cercanas al presidente con una investigación que ya no se agota en la figura de una operadora aislada. La aparición de Serrano, ex jefe de Gabinete y amigo personal de Sánchez, eleva el costo político del expediente y refuerza el discurso de la oposición, que acusa al Ejecutivo de haber tolerado una estructura paralela de defensa política frente a causas de corrupción.
El PSOE, por su parte, ha intentado separar al partido de las acusaciones y sostiene que toda la investigación debe avanzar con garantías judiciales. La estrategia oficial pasa por minimizar la dimensión orgánica de la presunta red y presentar los hechos como actuaciones individuales aún no probadas por sentencia. Sin embargo, la acumulación de informes, mensajes, dispositivos incautados e imputaciones complica esa línea defensiva.
La oposición española ya utiliza el caso para hablar de “cloacas” del sanchismo. El término refiere a estructuras informales de poder destinadas a proteger al Gobierno, influir en procedimientos o neutralizar investigaciones incómodas. En ese marco, la eventual participación de un ex presidente de Correos y ex jefe de Gabinete de Sánchez amplifica la sospecha de que la trama pudo tener cobertura o conocimiento en niveles altos del aparato socialista.
El expediente todavía está en fase de instrucción y las conclusiones policiales deberán ser contrastadas por el juez, la Fiscalía y las defensas. Ninguna de las personas señaladas puede ser considerada culpable sin sentencia firme. Pero el informe de la UCO marca un salto de escala: sitúa a Serrano no sólo como un funcionario que pudo facilitar una contratación, sino como posible conocedor de un entramado que combinaba colocaciones estratégicas, adjudicaciones sospechosas y operaciones contra investigaciones judiciales.
La próxima decisión relevante estará en manos de Pedraz, que deberá resolver sobre nuevas diligencias, análisis de móviles y eventuales citaciones. Mientras tanto, el caso amenaza con convertirse en uno de los expedientes más incómodos para Sánchez desde el inicio de la legislatura: ya no se trata únicamente de Koldo, Ábalos o Leire Díez, sino de la posible existencia de una red político-institucional que habría utilizado resortes públicos para proteger al poder.
