La Plata – 19 Julio 2026 – Total News Agency – TNA-.El avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Martín Insaurralde volvió a exponer el fuerte grado de compromiso de la política bonaerense con el exjefe de Gabinete provincial, protegido hasta ahora por el silencio del gobernador Axel Kicillof, la inacción de la Legislatura y acuerdos cruzados que también alcanzan a sectores de la oposición.
Mientras un peritaje oficial detectó gastos sin respaldo suficiente e inconsistencias entre los ingresos declarados y el nivel de vida del exintendente de Lomas de Zamora, la Cámara de Diputados bonaerense mantiene prácticamente archivado un pedido de informes que buscaba determinar qué sabía el Gobierno provincial y si los organismos de control habían revisado su patrimonio y su actuación como funcionario.
El proyecto fue presentado por el diputado de La Libertad Avanza Ramón “Nene” Vera, pero sólo recibió el acompañamiento de otros cuatro integrantes de un bloque compuesto por 20 legisladores. La falta de respaldo no sólo dejó al descubierto el poder que todavía conserva Insaurralde dentro de la estructura provincial, sino también la subordinación de una parte de la oposición a las negociaciones por cargos y autoridades legislativas.
Kicillof evita mencionar a quien fue su jefe de Gabinete
Desde que el escándalo del yate “Bandido” estalló en septiembre de 2023, Kicillof procuró reducir su responsabilidad política a la rápida salida de Insaurralde de la Jefatura de Gabinete. Desde entonces evitó explicar cómo una de las figuras centrales de su administración pudo mantener durante años un nivel de gastos aparentemente incompatible con sus ingresos declarados.
La gobernación sostiene de manera informal que Insaurralde llegó al gabinete por impulso de Máximo Kirchner y que el mandatario bonaerense desconocía sus movimientos patrimoniales. Sin embargo, ese argumento no responde por qué no se promovió una auditoría administrativa integral después de conocerse el viaje por el Mediterráneo junto a Sofía Clerici, ni por qué los organismos provinciales permanecieron ajenos a las sospechas surgidas sobre quien ocupaba uno de los cargos más importantes del Ejecutivo.
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, fue uno de los pocos funcionarios que aceptó referirse recientemente al caso. Se limitó a afirmar que, si existió un delito, deberá ser sancionado por la Justicia, y negó que Insaurralde conserve influencia dentro del Gobierno provincial. Esa respuesta trasladó toda la responsabilidad al Poder Judicial y evitó cualquier examen político o administrativo de lo sucedido durante la gestión de Kicillof.
La posición oficial puede resumirse en una fórmula conveniente: la Justicia debe investigar, mientras el Ejecutivo provincial no revisa, no explica y no pregunta.
Un peritaje de más de 600 páginas
El silencio político contrasta con el movimiento de la causa judicial. El informe contable incorporado al expediente analiza el período comprendido entre 2014 y 2023 y tiene alrededor de 620 páginas. Fue remitido al Juzgado Federal de Lomas de Zamora, actualmente subrogado por Luis Armella, y a la fiscalía de Sergio Mola.
Los especialistas detectaron inconsistencias patrimoniales, gastos que no encontrarían correlato suficiente con los ingresos declarados y documentación incompleta en las cuentas de Insaurralde y su exesposa Jésica Cirio. La pericia no determina por sí misma la existencia de un delito, pero aporta elementos que deberán ser evaluados por el juez ante los pedidos de indagatoria formulados por los fiscales.
Entre los puntos examinados figuran viajes, automóviles, propiedades, consumos, movimientos bancarios, gastos vinculados al casamiento de la pareja y el origen de una transferencia o entrega de aproximadamente 250.000 dólares entre Insaurralde y Cirio.
La investigación comenzó luego de que se difundieran imágenes del exfuncionario en un yate de lujo por el Mediterráneo. Posteriormente aparecieron videos atribuidos a Cirio en los que se observaban fajos de dólares termosellados y presuntamente ocultos dentro de un vestidor, material que impulsó nuevas medidas de prueba.
Insaurralde intentó apartar al fiscal Mola, pero el planteo fue rechazado por el juez Armella, quien confirmó la continuidad del representante del Ministerio Público en la investigación.
La Legislatura eligió no investigar
El proyecto de Vera buscaba conocer si el Tribunal de Cuentas bonaerense había analizado la conducta patrimonial de Insaurralde y si Kicillof contaba con información sobre las actividades del entonces jefe de Gabinete.
También pretendía establecer qué controles se realizaron durante su permanencia en el Ejecutivo y si la Provincia colaboró activamente con la Justicia después del escándalo.
Sin embargo, la iniciativa quedó sin tratamiento. Sólo fue firmada por Analía Corvino, Luis Ontiveros, Oscar Liberman, María Fernanda Coitinho y el propio Vera.
La escasa adhesión dentro de La Libertad Avanza expuso que el entramado de protección no se limita al peronismo. Legisladores vinculados a Sebastián Pareja, entre ellos Juan Osaba, evitaron acompañar la presentación en momentos en que negociaban cambios en la conducción del bloque y en las vicepresidencias de la Cámara.
Osaba necesita acuerdos con el presidente del cuerpo, Alejandro Dichiara, para avanzar con designaciones y decisiones administrativas. Dichiara, históricamente vinculado al sector de Insaurralde, fue elegido nuevamente presidente de la Cámara baja en diciembre de 2025 mediante un acuerdo político amplio.
La consecuencia es evidente: la necesidad de conservar posiciones dentro de la Legislatura terminó pesando más que el compromiso de esclarecer uno de los mayores escándalos patrimoniales de la política bonaerense.
Una protección que atraviesa bloques
El caso revela un sistema de silencios compartidos. El oficialismo evita investigar a uno de sus antiguos funcionarios principales; la conducción de la Cámara mantiene cajoneado el pedido; y una parte importante del bloque libertario no acompaña la iniciativa para no poner en riesgo sus acuerdos parlamentarios.
La conducta contradice los discursos públicos contra la corrupción. Quienes reclaman transparencia a nivel nacional parecen dispuestos a moderar sus exigencias cuando dependen de votos, cargos o resoluciones administrativas de la conducción peronista de la Legislatura.
Insaurralde dejó formalmente la Jefatura de Gabinete y posteriormente la intendencia de Lomas de Zamora, pero su estructura política no desapareció. Conserva relaciones con intendentes, legisladores, funcionarios y operadores del conurbano, mientras dirigentes de su sector mantienen lugares estratégicos dentro del Poder Legislativo provincial.
Esa red explica por qué un expediente judicial que involucra viajes de lujo, dólares, propiedades y gastos presuntamente incompatibles con ingresos públicos no generó hasta ahora una comisión investigadora, una auditoría provincial ni una convocatoria parlamentaria.
La responsabilidad política no depende de una condena
Kicillof y sus funcionarios insisten en que corresponde esperar la decisión judicial. Pero la responsabilidad política no requiere una sentencia penal.
El gobernador designó a Insaurralde jefe de Gabinete y lo mantuvo como una de las figuras más poderosas de su administración hasta que las fotografías del yate hicieron insostenible su continuidad. Por ese motivo, el Gobierno provincial tiene la obligación institucional de explicar qué controles realizó, qué declaraciones juradas examinó y qué información recibió sobre el patrimonio del funcionario.
Guardar silencio hasta que exista una eventual condena supone confundir deliberadamente dos planos diferentes. La Justicia deberá resolver si hubo delitos. El Ejecutivo y la Legislatura deben responder por qué no detectaron las irregularidades, qué hicieron después de conocerlas y por qué bloquearon los intentos de investigación política.
El cajoneo del proyecto no constituye una simple demora parlamentaria. Es una decisión política que beneficia objetivamente a Insaurralde y reduce la presión sobre Kicillof.
En la provincia de Buenos Aires, el exjefe de Gabinete parece contar con una garantía más eficaz que cualquier defensa judicial: una dirigencia oficialista que no pronuncia su nombre, una Legislatura que evita investigarlo y una oposición fragmentada que prioriza sus negociaciones internas.
La pericia judicial puede acercar la causa a una eventual convocatoria a indagatoria. Pero, en el terreno político, la protección ya está a la vista: no necesita documentos secretos, sino apenas el silencio coordinado de quienes gobiernan, legislan y negocian alrededor del poder bonaerense.
Fuentes consultadas: La Nación, Infobae, Noticias Argentinas, TN, La Política Online, El Día, Buenos Aires Times, Diputados Bonaerenses y fuentes legislativas y judiciales.
