Por Darío Rosatti
Managua – 21 Julio 2026 – Total News Agency – TNA – El decadente dictador nicaragüense Daniel Ortega anunció que Nicaragua no volverá a celebrar elecciones y canceló de hecho los comicios previstos para noviembre de 2027, en una decisión que elimina incluso la apariencia de democracia y consolida un régimen familiar compartido con su esposa y copresidenta, Rosario Murillo.
“Aquí no volverá a haber elecciones”, declaró Ortega durante el acto por el 47.º aniversario de la Revolución Sandinista, celebrado en Managua. El mandatario afirmó que recurrirá a la Asamblea Nacional, completamente controlada por el oficialismo, para levantar un “muro” legal contra los opositores a quienes califica como “golpistas”, “vendepatrias” y agentes de Estados Unidos.
“Se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, vuelvan a llegar al Gobierno. Jamás, jamás, jamás”, sentenció Ortega.
La declaración no constituye únicamente una amenaza política ni una nueva manipulación del calendario electoral. Es la admisión pública de que el régimen abandonó definitivamente el principio de soberanía popular y pretende conservar el poder sin permitir que los ciudadanos puedan elegir una alternativa.
Ortega regresó a la Presidencia en 2007 y, desde entonces, modificó las instituciones, controló la Justicia, anuló a la oposición, intervino universidades, cerró medios de comunicación y colocó bajo dominio sandinista prácticamente todas las estructuras del Estado.
La reforma constitucional aprobada en 2025 designó a Murillo como copresidenta, extendió el mandato presidencial de cinco a seis años y subordinó formalmente los poderes Legislativo, Judicial y Electoral a la Presidencia. Aquella modificación ya había convertido al país en una estructura de poder familiar. La cancelación de las elecciones completa ahora el proceso.
De la revolución contra Somoza a una nueva dinastía
Ortega pronunció su anuncio durante la conmemoración de la revolución que en 1979 derrocó a Anastasio Somoza Debayle, último integrante de una familia que dominó Nicaragua durante más de cuatro décadas.
La paradoja histórica es evidente: quien llegó al poder combatiendo una dictadura dinástica terminó construyendo otra alrededor de su propia familia.
El Frente Sandinista funciona como el instrumento político de Ortega y Murillo. Los hijos de la pareja ocupan espacios centrales en medios de comunicación, empresas, relaciones internacionales y estructuras estatales.
Las elecciones de 2021 habían anticipado el desenlace. Antes de esa votación, el régimen encarceló a siete aspirantes presidenciales y a decenas de dirigentes opositores, eliminando cualquier posibilidad real de competencia. Ortega se proclamó ganador de unos comicios desconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea y numerosos gobiernos democráticos.
La diferencia es que, hasta ahora, la dictadura conservaba la ceremonia electoral como mecanismo propagandístico. A partir del anuncio del domingo, ni siquiera considera necesario mantener esa ficción.
El efecto Maduro y las liberaciones que se detuvieron
El endurecimiento de Ortega debe analizarse también en relación con los acontecimientos ocurridos en Venezuela.
Cuando Nicolás Maduro fue capturado en enero durante una operación militar relámpago de Estados Unidos, el régimen nicaragüense reaccionó con señales de temor. Washington incrementó la presión sobre Managua y reclamó la liberación de más de 60 personas que se encontraban detenidas o desaparecidas por motivos políticos.
Pocos días después, el Gobierno de Ortega y Murillo anunció la excarcelación de “decenas” de prisioneros. Organizaciones defensoras de los derechos humanos confirmaron la salida de al menos una veintena de detenidos. La medida fue interpretada como un intento de reducir la presión estadounidense y evitar que Nicaragua pudiera convertirse en el siguiente objetivo de una política regional más agresiva.
El régimen prometió continuar con las liberaciones. Sin embargo, el proceso se detuvo y la información oficial volvió a quedar rodeada de opacidad.
Al 31 de mayo, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas contabilizaba todavía 46 detenidos por razones políticas, nueve de ellos en condiciones consideradas equivalentes a desaparición forzada. Nicaragua niega la existencia de presos políticos y presenta a los opositores como delincuentes comunes o conspiradores extranjeros.
La interrupción de las excarcelaciones, estaría relacionada con la lectura que Ortega hizo de la evolución venezolana.
Aunque Maduro fue detenido y retirado del poder, Delcy Rodríguez y otros integrantes centrales del régimen chavista conservaron posiciones decisivas dentro de la estructura estatal. Las liberaciones de presos políticos venezolanos avanzaron parcialmente, pero el sistema no fue desmantelado y buena parte de la dirigencia bolivariana logró mantenerse dentro del nuevo equilibrio político, incluidos personajes como Diosdado Cabello y Padrino López, con pedido de captura y ofrecimiento de 25 y 15 millones de dólares de recompensa.
TNA no cuenta con una prueba documental que permita afirmar que Ortega frenó las excarcelaciones por esa razón específica. Sin embargo, la secuencia y cierta información reservada, permite formular una hipótesis razonable: el dictador nicaragüense pudo haber concluido que la caída personal de Maduro no implicaba necesariamente la desaparición completa del chavismo y que Washington estaba dispuesto a convivir temporalmente con sectores del antiguo régimen para garantizar una transición controlada.
Desde esa perspectiva, Ortega habría perdido parte del temor inicial. Si Delcy Rodríguez y otros funcionarios venezolanos podían conservar poder, el régimen sandinista podía interpretar que su propia supervivencia continuaba siendo posible mediante concesiones limitadas, negociaciones discretas y el mantenimiento de los aparatos represivos.
Las liberaciones iniciales habrían cumplido entonces una función táctica: mostrar flexibilidad en el momento de mayor peligro. Una vez reducida la percepción de amenaza, el proceso se paralizó y la dictadura volvió a endurecerse.
Rubio pide aislar al régimen
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, condenó el anuncio y pidió a la comunidad internacional que actúe de manera coordinada contra Managua.
“La declaración de Daniel Ortega de que bajo su dictadura familiar Nicaragua no volverá a celebrar elecciones muestra su verdadera naturaleza autoritaria”, sostuvo Rubio.
El funcionario advirtió que Estados Unidos no permanecerá “de brazos cruzados” y reclamó que otros gobiernos se sumen al aislamiento diplomático y económico del régimen. Washington considera que la eliminación definitiva de los comicios vulnera el derecho de los nicaragüenses a elegir a sus autoridades y confirma que ya no existe ningún proceso político legítimo dentro del país.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos —OEA—, Albert Ramdin, afirmó que Ortega hizo explícito lo que sus acciones demostraban desde hacía años: Nicaragua abandonó la democracia, incluso en su forma aparente.
Ramdin sostuvo que la decisión constituye “la negación definitiva del derecho soberano del pueblo a elegir a su gobierno”.
La presión internacional, sin embargo, enfrenta límites. Ortega mantiene relaciones estrechas con Rusia, China, Cuba, Irán y los sectores todavía activos del chavismo venezolano. Además, utiliza la migración, las relaciones comerciales y la cooperación en seguridad como herramientas de negociación frente a Washington.
La oposición advierte sobre una mayor represión
El ex candidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, encarcelado antes de los comicios de 2021 y posteriormente expulsado hacia Estados Unidos junto con más de 200 presos políticos, sostuvo que el anuncio revela el proyecto histórico de Ortega: transformar Nicaragua en un Estado de partido único inspirado en Cuba y China.
Félix Maradiaga, otro aspirante presidencial detenido y luego desterrado, afirmó que Ortega admitió públicamente su intención de impedir cualquier competencia democrática.
“Ortega reconoció lo que siempre ha sido su verdadero propósito: impedir que su proyecto tiránico sea sometido a cualquier forma de competencia”, señaló.
El analista Tiziano Breda, de la organización Armed Conflict Location and Event Data —ACLED—, consideró que Ortega y Murillo temen que incluso una apertura política mínima permita que el descontento social vuelva a expresarse.
La decisión de eliminar las elecciones puede anticipar una nueva etapa represiva. Quienes reclamen una transición democrática ya no serán perseguidos solamente por oponerse al Gobierno, sino por exigir un mecanismo electoral que el propio régimen declaró abolido.
El abogado nicaragüense Danny Ramírez Ayérdiz, fundador del Centro Interamericano para la Asistencia Legal en Derechos Humanos, advirtió que la declaración puede derivar en una mayor persecución contra ciudadanos, profesionales y organizaciones que reclamen la salida de Ortega y Murillo.
La represión de 2018 nunca terminó
El punto de quiebre definitivo ocurrió en abril de 2018, cuando protestas inicialmente vinculadas con una reforma de la seguridad social se transformaron en una rebelión nacional contra el régimen.
La respuesta gubernamental dejó más de 300 muertos, miles de heridos y decenas de miles de exiliados. Organismos internacionales documentaron ejecuciones, torturas, detenciones arbitrarias y ataques coordinados entre policías y grupos paramilitares.
Desde entonces, el Gobierno clausuró más de 5.000 organizaciones civiles, religiosas, educativas y humanitarias. También confiscó propiedades, expulsó sacerdotes, intervino universidades y despojó de la nacionalidad a centenares de opositores.
En julio, el régimen canceló masivamente licencias profesionales de abogados, en una operación que expertos de Naciones Unidas describieron como una “purga” destinada a impedir la defensa jurídica de perseguidos políticos.
Muchos de los presos liberados en años anteriores fueron enviados directamente a Estados Unidos o Guatemala y despojados de su ciudadanía y de sus bienes. Los excarcelados relataron períodos prolongados de aislamiento, falta de atención médica y torturas físicas y psicológicas.
La liberación no significó recuperar plenamente la libertad: fue utilizada como una forma de destierro.
Una señal peligrosa para América Latina
La decisión nicaragüense crea un precedente grave en la región. Ortega ya no intenta manipular elecciones, proscribir candidatos o alterar resultados. Directamente elimina el derecho a votar.
El paso también puede funcionar como mensaje para otros regímenes autoritarios: si la comunidad internacional se limita a publicar condenas sin imponer consecuencias efectivas, la abolición electoral puede resultar políticamente soportable.
La experiencia venezolana aparece nuevamente como elemento central. La captura de Maduro demostró que un jefe autoritario puede ser removido mediante una operación externa, pero la continuidad de Delcy Rodríguez y de cuadros chavistas también mostró que las estructuras del régimen pueden sobrevivir a su conductor.
Ortega parece haber aprendido ambas lecciones.
En enero reaccionó con temor y liberó presos. Seis meses después, con el antiguo aparato venezolano todavía parcialmente en pie, abandonó las concesiones y anunció que Nicaragua no tendrá más elecciones.
La pregunta ahora es si Estados Unidos y los gobiernos democráticos permitirán que esa decisión quede sin consecuencias o si ejercerán una presión suficiente para obligar al régimen a retroceder.
Ortega derrocó una dictadura que se negaba a abandonar el poder. Casi medio siglo después, utiliza el aniversario de aquella revolución para anunciar que él tampoco permitirá que los ciudadanos decidan quién debe gobernarlos.
