Buenos Aires – 28 Julio 2026 – Total News Agency – TNA-. La Cámara Federal porteña autorizó al empresario farmacéutico Hugo Sigman a prestar declaración indagatoria mediante videoconferencia desde Madrid en la investigación que intenta determinar si funcionarios del gobierno de Alberto Fernández demoraron las negociaciones con Pfizer para favorecer a AstraZeneca, Sinopharm, Sputnik V y a empresas locales vinculadas con la fabricación, los estudios clínicos o el suministro de esas vacunas.
La decisión de la Sala I volvió a beneficiar procesalmente al propietario de mAbxience, quien debía comparecer inicialmente el 19 de mayo ante el juez federal Ariel Lijo, pero logró postergar en tres oportunidades la indagatoria solicitada por el fiscal Carlos Stornelli.
Los camaristas Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia rechazaron el recurso del Ministerio Público Fiscal, que pretendía obligar al empresario a presentarse personalmente en los tribunales de Comodoro Py. El tribunal consideró que sus 81 años, su residencia permanente en Madrid y la necesidad de garantizar el ejercicio del derecho de defensa justificaban la modalidad remota.
La Fiscalía había cuestionado el certificado médico presentado por los abogados de Sigman porque fue emitido en el extranjero, no reunía —según su criterio— los requisitos necesarios para otorgarle plena eficacia y describía un cuadro de salud correspondiente a una fecha anterior a la audiencia. También sostuvo que el volumen de la prueba y la complejidad del expediente exigían una comparecencia presencial.
La Cámara respondió que el certificado no resultaba determinante, porque la edad y la residencia del empresario permitían por sí solas autorizar la videoconferencia. Los jueces invocaron además una acordada de la Corte Suprema y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores para sostener que la presencia física no era indispensable.
La resolución se limita a establecer cómo será recibida la indagatoria y no constituye un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de Sigman. Sin embargo, las sucesivas concesiones procesales contrastaron con la comparecencia presencial de otros imputados, entre ellos el infectólogo Pedro Cahn, quien declaró ante Lijo y negó haber intervenido en decisiones comerciales relacionadas con las vacunas.
Sigman debía declarar por primera vez el 19 de mayo. Su defensa pidió hacerlo virtualmente desde España, pero el juzgado rechazó inicialmente la solicitud y trasladó la audiencia al 29 de mayo. Antes de esa segunda convocatoria, la indagatoria volvió a ser aplazada hasta el 29 de junio.
Cuando llegó la tercera fecha, el empresario tampoco compareció. Presentó un recurso ante la Cámara y Lijo suspendió la audiencia hasta que el tribunal resolviera la controversia. La Agencia Noticias Argentinas informó entonces que Sigman evitó presentarse después de dos postergaciones anteriores.
La causa por el presunto direccionamiento de las compras
La indagatoria autorizada desde Madrid corresponde a la investigación impulsada por Stornelli sobre posibles irregularidades en la adquisición de vacunas durante la pandemia. No es la misma causa abierta en 2021 por los retrasos específicos del contrato con AstraZeneca ni está relacionada directamente con las demandas por efectos adversos.
La hipótesis del fiscal sostiene que funcionarios nacionales se habrían interesado en beneficiar a AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik V, además de sus “socios locales”, mientras demoraban durante un período decisivo las conversaciones con Pfizer.
Stornelli afirmó que los intercambios con Pfizer comenzaron en julio de 2020, pero el Gobierno no avanzó oportunamente, mientras firmó contratos con AstraZeneca el 6 de noviembre de ese año, con Sputnik V el 9 de diciembre y con Sinopharm el 10 de febrero de 2021. Según el dictamen fiscal, las dosis de esos proveedores comenzaron a recibirse en cantidades considerables recién entre marzo y abril de 2021.
La Fiscalía considera que, si las máximas autoridades hubieran promovido las negociaciones con Pfizer, la Argentina podría haber recibido vacunas con mayor anticipación. Las conductas investigadas podrían configurar, según la acusación, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esas hipótesis todavía no fueron probadas en juicio.
La causa busca establecer si las decisiones adoptadas durante la administración de Alberto Fernández respondieron exclusivamente a criterios sanitarios, jurídicos y contractuales o si intervinieron relaciones políticas y comerciales que desplazaron el interés público.
El gobierno del Frente de Todos, encabezado por Fernández y la entonces vicepresidente Cristina Kirchner, priorizó inicialmente los acuerdos con AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm mientras las conversaciones con Pfizer se trababan por diferencias relacionadas con las garantías, las indemnidades y la legislación argentina.
Sigman fue citado por el papel de mAbxience, empresa del Grupo Insud que produjo en la Argentina el principio activo de la vacuna Oxford-AstraZeneca destinada a América Latina. El producto era enviado al laboratorio mexicano Liomont, encargado del fraccionamiento, envasado y terminación de las dosis.
La relación histórica entre Sigman y el entonces ministro de Salud, Ginés González García, también integra el contexto examinado por la Fiscalía. La Justicia deberá determinar si esa relación tuvo alguna incidencia irregular o si la selección de mAbxience respondió exclusivamente a su capacidad industrial.
Otra investigación: las demoras del contrato con AstraZeneca
Separadamente, en abril de 2021 se abrió una causa para investigar el contrato firmado entre el Estado argentino y AstraZeneca por 22,4 millones de vacunas. Ese expediente nació cuando todavía no habían llegado las dosis comprometidas, pese a que el Gobierno había realizado pagos anticipados.
La denuncia fue presentada por Josefina de Elizalde, en representación de Acción Conjunta Republicana, y quedó inicialmente a cargo del juez Julián Ercolini y del fiscal Guillermo Marijuan. El objeto era determinar si hubo defraudación al Estado, incumplimientos contractuales o responsabilidades de funcionarios por los retrasos.
El contrato fue firmado el 6 de noviembre de 2020 por aproximadamente 90 millones de dólares. El Estado abonó cerca de 17,9 millones el 12 de noviembre y otros 35,9 millones el 8 de febrero de 2021, cuando todavía no había recibido ninguna dosis correspondiente al acuerdo directo.
El cronograma preveía la llegada de 2,38 millones de dosis en marzo de 2021; 4,04 millones en abril; una cantidad similar en mayo; 3,45 millones en junio, y más de 8,5 millones en julio. Esos plazos no fueron cumplidos.
La demora se produjo principalmente en la etapa mexicana de formulación y envasado. mAbxience fabricaba en la Argentina la sustancia activa, pero el producto debía viajar a México y luego regresar convertido en dosis terminadas. AstraZeneca mencionó dificultades para conseguir insumos, problemas de producción y controles de calidad, mientras Liomont afrontó limitaciones para completar el proceso.
En ese expediente, la Justicia reclamó correos electrónicos de directivos de AstraZeneca y del Ministerio de Salud. Un procedimiento en las oficinas de la compañía no encontró computadoras ni servidores porque el personal trabajaba a distancia, y el laboratorio terminó entregando posteriormente decenas de mensajes relacionados con la negociación y ejecución contractual.
La denuncia original también incluyó a Sigman por la intervención de mAbxience y sostuvo que el Estado había pagado alrededor del 60% del contrato sin recibir las vacunas en los plazos anunciados.
Las dosis finalmente ingresaron y, para diciembre de 2021, la Argentina había recibido más de 22 millones elaboradas con principio activo producido por mAbxience. Ese cumplimiento posterior debilitó la acusación inicial de que el Estado había pagado por vacunas que nunca serían entregadas, pero no eliminó la discusión sobre los perjuicios provocados por los retrasos durante una etapa crítica de la pandemia.
Esa investigación contractual no debe confundirse con la causa actual de Stornelli. La primera examinó principalmente las demoras e incumplimientos del acuerdo con AstraZeneca; la segunda analiza si el Gobierno demoró intencionalmente la alternativa de Pfizer para beneficiar a otros laboratorios y socios locales.
Las demandas civiles por presuntos efectos adversos
Un tercer grupo de expedientes corresponde a las demandas civiles iniciadas por personas que atribuyen enfermedades, incapacidades o fallecimientos a las vacunas contra el Covid-19.
Esas acciones no investigan el supuesto direccionamiento de las compras ni las demoras en las entregas. Buscan obtener indemnizaciones y determinar si existe una relación causal entre la aplicación de una vacuna y el daño denunciado.
En la Argentina se conocen al menos cinco acciones colectivas contra el Estado y diferentes laboratorios, pero no existe un padrón público consolidado que permita determinar cuántas personas integran esos procesos, cuántas recibieron específicamente AstraZeneca y cuántas cuentan con un nexo causal médicamente comprobado. Como referencia internacional, Solo el Reino Unido había recibido hasta marzo de 2025 19.895 solicitudes de compensación vinculadas con vacunas contra el Covid: 18.724 por enfermedades y 1.171 por fallecimientos, la mayoría corresponden a AstraZeneca.
Uno de los casos individuales es el de Flavia Ochoa, una mujer cordobesa que afirma haber desarrollado un síndrome de Guillain-Barré después de recibir una dosis de AstraZeneca en enero de 2022.
La presentación reclama una indemnización por incapacidad sobreviniente, daño moral, daño emergente, pérdida del proyecto de vida y daño punitivo. Un dictamen de la Comisión Médica de Río Cuarto le reconoció una incapacidad laboral del 75,6%, aunque ese porcentaje no prueba por sí mismo que la vacuna haya causado el cuadro.
Ochoa incorporó historias clínicas, estudios neurológicos, certificados y la denuncia de un Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización. El procedimiento administrativo previo no pudo establecer un nexo causal, una conclusión que la demandante impugnó y que ahora deberá revisar la Justicia mediante pericias.
mAbxience produjo el principio activo, mientras AstraZeneca figuró como vendedora y responsable del producto, y Liomont intervino en su terminación. La eventual responsabilidad de cada empresa dependerá del contrato, la legislación aplicable y las pruebas de cada demanda.
Sigman la tendrá más fácil, deberá responder desde Madrid por su participación en las negociaciones, sus vínculos con funcionarios, el papel de mAbxience y las eventuales ventajas obtenidas dentro de la política de adquisición de vacunas. Las personas que denuncian lesiones, en cambio, deberán acreditar individual o colectivamente el daño, el nexo causal y la responsabilidad del Estado o de los laboratorios demandados.
Fuentes consultadas: Ministerio Público Fiscal; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal; Agencia Noticias Argentinas; Infobae; documentación contractual y judicial sobre AstraZeneca; presentaciones civiles por presuntos efectos adversos.
