Keiko Fujimori comenzó su mandato enfrentando simultáneamente dos amenazas capaces de condicionar los próximos cinco años de Perú: organizaciones criminales que expandieron la extorsión, el sicariato y la minería ilegal sobre amplias zonas del país, y una estructura política debilitada después de una década de presidentes destituidos, renuncias, enfrentamientos con el Congreso y gobiernos incapaces de sostener políticas de seguridad en el tiempo. La presidente decidió recurrir a las Fuerzas Armadas para respaldar e incluso asumir temporalmente el liderazgo de operaciones junto a la Policía Nacional del Perú (PNP) en zonas bajo emergencia, mientras promete perseguir las estructuras financieras de las mafias. Su desafío será demostrar que la recuperación de la autoridad estatal puede avanzar sin quedar atrapada en la misma fragmentación institucional que facilitó el crecimiento del crimen organizado.
Lima – 08 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA – Apenas once días después de asumir la Presidencia, Keiko Fujimori enfrenta una batalla que probablemente determine buena parte del destino de su gobierno: recuperar territorios y actividades económicas penetradas por organizaciones criminales que durante años aprovecharon la inestabilidad política, la corrupción, la debilidad policial y judicial y la ausencia del Estado para construir redes de extorsión, sicariato, narcotráfico y minería ilegal.
La situación que recibió la nueva administración está lejos de constituir solamente un problema de seguridad ciudadana. Es una disputa por la autoridad del Estado.
En su primer mensaje ante el Congreso, el 28 de julio, Fujimori ubicó la seguridad como prioridad nacional y anunció que las Fuerzas Armadas participarán activamente en las zonas declaradas en emergencia. Allí donde el crimen haya desplazado al Estado, sostuvo, los militares podrán asumir temporalmente el liderazgo de las operaciones de control interno en coordinación con la PNP.
“Iremos tras las mafias nacionales e internacionales que financian la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal”, prometió.
La frase resume la dimensión del problema porque el delito peruano dejó de estar constituido exclusivamente por bandas locales dedicadas al robo o el narcotráfico tradicional. Las organizaciones actuales combinan extorsión, asesinato por encargo, lavado de activos, extracción clandestina de minerales, tráfico de personas, armas y drogas, mientras establecen conexiones internacionales y controlan corredores territoriales.
La minería ilegal representa uno de los desafíos más complejos.
Estimaciones de la propia Policía Nacional indicaban ya antes del cambio de gobierno que aproximadamente 25 millones de hectáreas del territorio presentaban actividades vinculadas con minería ilegal o informal, mientras el Estado había proyectado alrededor de 2.050 operaciones durante 2026 en regiones como Amazonas, La Libertad, Apurímac, Loreto, San Martín y Madre de Dios.
El negocio dejó hace tiempo de ser una actividad marginal protagonizada por pequeños mineros.
El oro ilegal conformó cadenas económicas capaces de mover enormes cantidades de dinero, financiar organizaciones criminales, adquirir explosivos y maquinaria pesada, lavar capitales y penetrar instituciones estatales. El propio Ministerio del Interior elaboró estudios específicos sobre la cadena de valor de la minería ilegal del oro y el desvío de insumos utilizados para sostenerla.
El especialista en defensa e inteligencia Andrés Gómez de la Torre, exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI-DINI), advierte incluso que el tráfico ilegal de oro desplazó al narcotráfico como una de las principales economías criminales del país.
Para la nueva administración, esa mutación obliga a abandonar la idea de que la inseguridad puede enfrentarse únicamente aumentando patrulleros o policías en las calles.
Hay que atacar dinero, rutas logísticas, empresas pantalla, exportaciones, depósitos, explosivos, maquinaria, comunicaciones, conexiones políticas y lavado de activos.
Ese es precisamente uno de los puntos sobre los que Fujimori intenta construir su primera estrategia de gobierno.
Pero mientras la minería ilegal avanza fundamentalmente sobre zonas rurales, la extorsión convirtió el temor en una experiencia cotidiana para comerciantes, transportistas, pequeños empresarios y familias de las grandes ciudades.
Organizaciones vinculadas o inspiradas en el Tren de Aragua, entre ellas Los Gallegos, Los Hijos de Dios y otras facciones, se sumaron a estructuras criminales peruanas como Los Pulpos, particularmente fuertes en Trujillo y otras zonas del norte.
El método es conocido: llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, amenazas contra familiares, ataques con explosivos, incendios, asesinatos selectivos y cobro periódico de dinero a cambio de permitir que una persona trabaje o simplemente continúe con vida.
La expansión alcanzó tal magnitud que durante la administración anterior el Ministerio del Interior tuvo que establecer sistemas especiales para reservar la identidad de las víctimas de extorsión, reconociendo implícitamente que muchas personas evitaban denunciar por temor a represalias de las bandas.
Las organizaciones criminales descubrieron además una debilidad decisiva: podían dirigir operaciones desde las cárceles.
Por eso algunos especialistas reclaman que el nuevo gobierno coloque el sistema penitenciario en el centro de la estrategia. Iván Witker, académico e investigador especializado en seguridad, considera que podría requerirse incluso un control militar temporal de establecimientos penitenciarios para aislar a cabecillas y bloquear las comunicaciones utilizadas para ordenar extorsiones y asesinatos desde las celdas.
La tecnología constituye otro frente.
Los especialistas consultados por DEF sostienen que la PNP necesita sistemas modernos de geolocalización, inteligencia digital, análisis financiero, drones y herramientas de ciberseguridad. Enfrentar organizaciones que utilizan teléfonos encriptados, transferencias digitales y estructuras financieras transnacionales con mecanismos policiales concebidos décadas atrás implica comenzar la pelea en inferioridad de condiciones.
Pero la guerra contra el crimen será inseparable de la complicada situación política peruana.
Keiko Fujimori llegó finalmente a la Presidencia en su cuarto intento y después de una de las elecciones más ajustadas de la historia del país.
El resultado oficial de la segunda vuelta le otorgó 50,135% frente al 49,865% de Roberto Sánchez. La diferencia fue de apenas 49.641 votos sobre aproximadamente 18 millones emitidos.
Es decir, gobierna un país partido prácticamente por la mitad.
La elección estuvo además precedida por un conteo extraordinariamente ajustado, impugnaciones y acusaciones cruzadas. Sánchez no reconoció inicialmente el resultado y llevó sus reclamos incluso al sistema interamericano, mientras Fujimori recibió finalmente la proclamación oficial después de semanas de incertidumbre.
La nueva presidente recibe además una estructura institucional castigada por una década difícilmente comparable con la de cualquier otra democracia sudamericana.
Desde 2016, Perú atravesó una sucesión excepcional de presidentes, vacancias, renuncias, enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo, disoluciones parlamentarias, protestas y causas judiciales. Fujimori se convirtió en la décima persona en ocupar la Presidencia durante ese período, una secuencia que por sí sola explica parte del deterioro de la capacidad estatal.
Cada cambio presidencial implicó reemplazo de ministros, funcionarios y equipos de seguridad.
Cada reemplazo obligó a recomenzar planes.
Y el crimen organizado, a diferencia de la política, no cambia de estrategia cada seis meses.
Mientras ministros del Interior entraban y salían, las mafias conservaron jefaturas, contactos, información, territorio, dinero y estructuras logísticas. Esa diferencia de continuidad ayudó a inclinar la balanza.
Gómez de la Torre sostiene que varios gobiernos anteriores evitaron afrontar el costo político de atacar realmente esas estructuras y se limitaron a administrar el problema con medidas de contención. Mario Medrano, en cambio, recuerda que el propio fujimorismo acumuló durante los últimos años una elevada capacidad de influencia en el Congreso y que, por lo tanto, tampoco resulta completamente ajeno al proceso político que produjo la actual crisis institucional.
Ese antecedente aumenta la responsabilidad política que ahora recae sobre Keiko Fujimori.
Ya no conduce el principal partido opositor ni puede limitarse a cuestionar las decisiones del Ejecutivo.
Ahora es el Ejecutivo.
Y deberá demostrar que puede utilizar la fuerza política acumulada durante años para reconstruir instituciones que hasta hace pocas semanas señalaba como deterioradas.
La composición del nuevo Congreso tampoco garantiza tranquilidad. Fuerza Popular constituye la bancada más numerosa, pero no dispone por sí sola de la totalidad del poder parlamentario, mientras distintas fuerzas conservan capacidad para condicionar leyes, presupuestos y reformas. El resultado presidencial extremadamente estrecho obliga además al gobierno a administrar una sociedad profundamente polarizada.
La primera señal de esa dificultad apareció esta misma semana en política exterior.
Fujimori autorizó un salvoconducto para que la exjefa de gabinete Betssy Chávez, condenada por su participación en el intento de ruptura institucional encabezado por Pedro Castillo en 2022 y asilada en la embajada mexicana, pudiera viajar a México. La decisión permitió restablecer relaciones diplomáticas entre Lima y Ciudad de México, pero provocó cuestionamientos dentro del propio espacio político que sostiene a la presidente.
El episodio muestra hasta qué punto cada decisión puede abrir un nuevo frente.
En seguridad, sin embargo, Fujimori parece dispuesta inicialmente a asumir el costo.
Su propuesta de involucrar directamente a las Fuerzas Armadas se inscribe en una tendencia regional que también puede observarse, con características diferentes, en Ecuador, El Salvador y otros países que respondieron al crecimiento de organizaciones criminales mediante una utilización cada vez mayor de recursos militares. Los resultados regionales son heterogéneos y existen fuertes discusiones sobre los límites, eficacia y permanencia de esas políticas.
En el caso peruano, el recuerdo inevitable será Alberto Fujimori.
El padre de la actual presidente llegó al poder en 1990 con un país devastado por la hiperinflación y la ofensiva terrorista de Sendero Luminoso y el MRTA. Durante su gobierno, el Estado consiguió desarticular buena parte de esas estructuras y capturar a Abimael Guzmán, aunque aquella etapa terminó también marcada por el autogolpe de 1992, graves violaciones de derechos humanos y una gigantesca trama de corrupción alrededor de Vladimiro Montesinos.
Treinta años después, la hija enfrenta un enemigo diferente.
No existe hoy una sola organización con una conducción política e ideológica semejante a Sendero Luminoso. El desafío actual es posiblemente más disperso: centenares de estructuras que se reproducen, fragmentan y asocian alrededor del dinero.
La amenaza tampoco se concentra en una selva o en una región determinada.
Está en las minas, los puertos, las cárceles, las rutas, los mercados, el transporte público, las ciudades y los circuitos financieros.
Por eso el despliegue militar puede proporcionar capacidad inmediata para recuperar espacios, pero difícilmente alcance por sí mismo.
Si el gobierno pretende quebrar realmente esas estructuras deberá reconstruir inteligencia, depurar elementos policiales vinculados con organizaciones criminales, controlar cárceles, seguir el dinero ilegal, fortalecer fiscales y jueces, proteger testigos y víctimas y recuperar territorios donde durante años la presencia estatal fue apenas nominal.
Keiko Fujimori prometió durante su discurso inaugural que los policías que colaboren con el crimen “no encontrarán protección” bajo su administración, mientras planteó reforzar inteligencia e investigación financiera. El anuncio señala uno de los problemas más delicados: enfrentar al enemigo exterior de las instituciones será insuficiente si las mafias conservan aliados dentro de ellas.
La economía proporciona al nuevo gobierno una ventaja relativa. A pesar de años de terremotos políticos, Perú conservó mayor estabilidad macroeconómica que institucional, apoyado fundamentalmente en la autonomía de su Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la minería formal y una disciplina económica que sobrevivió a los cambios presidenciales.
Ahora será necesario comprobar si esa resiliencia económica puede convertirse también en capacidad estatal.
El desafío que espera a Fujimori es enorme: reconstruir autoridad sin destruir instituciones; incorporar militares sin convertir una solución extraordinaria en permanente; perseguir a las mafias sin permitir que la corrupción desactive las operaciones desde dentro; golpear la minería ilegal sin paralizar la actividad minera formal; y obtener resultados visibles antes de que una sociedad fatigada por años de inseguridad e inestabilidad vuelva a perder confianza en el sistema político.
Su victoria electoral estrechísima dejó claro que no recibió un cheque en blanco.
Pero también mostró qué reclamaba una parte decisiva del electorado: seguridad y autoridad.
La lucha contra el crimen organizado será, por eso, mucho más que una política pública del nuevo gobierno. Será probablemente la prueba que determine si Perú consigue cerrar una década de deterioro institucional o ingresa en otro período de presidentes debilitados, gobiernos efímeros y mafias cada vez más poderosas.
Fuentes consultadas: Ministerio del Interior del Perú, Presidencia de la República del Perú, Congreso de la República del Perú, Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Reuters, Associated Press, DEF, InSight Crime, El País, TV Perú y documentación oficial sobre crimen organizado, minería ilegal y seguridad ciudadana.
