La oposición convirtió en eje de denuncia la imagen de un comisario de la Policía Federal vestido de civil y apuntando con un arma larga durante los incidentes frente al Congreso, pero la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, aseguró que se trataba de una escopeta de estruendo, utilizada para producir ruido y no de un arma destinada a efectuar disparos letales. Mientras diputados reclamaron explicaciones e incluso su renuncia, quedaron relegados los destrozos, las agresiones contra las fuerzas de seguridad, el uso de piedras, mazas y martillos y el saldo de efectivos heridos durante la protesta contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Buenos Aires – 11 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA.- La fotografía de un policía vestido de civil apuntando con una escopeta durante los graves incidentes registrados el jueves pasado frente al Congreso Nacional fue utilizada por sectores opositores para denunciar una supuesta escalada represiva del Gobierno, pedir explicaciones a la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y reclamar responsabilidades políticas, aunque la funcionaria aseguró que el arma que llevaba el efectivo era una escopeta de estruendo, diseñada para generar una fuerte detonación y no para efectuar disparos convencionales contra los manifestantes.
Comisario Gauna, en esta foto se observa el gafete identificatorio golgado.
El hombre fue identificado en distintas publicaciones como el comisario inspector Gustavo Antonio Gauna, integrante de la Policía Federal Argentina (PFA) y jefe de la división de Lucha contra Organizaciones Criminales. Las imágenes comenzaron a circular intensamente durante el fin de semana y fueron utilizadas por legisladores opositores como Marcela Pagano y Esteban Paulón para denunciar el operativo y reclamar la salida de Monteoliva.
La ministra respondió este martes durante una actividad en la Bolsa de Comercio de Córdoba y explicó que, por las imágenes que había observado, el arma era “una escopeta de ruido, con perdigones de estruendo”. Ante la insistencia de los periodistas sobre el funcionamiento del dispositivo, agregó que de ese tipo de munición sale fundamentalmente “ruido” y defendió el procedimiento policial desplegado durante la protesta.
La aclaración modifica sustancialmente el encuadre que algunos sectores políticos intentaron instalar a partir de una fotografía aislada. La discusión pública se concentró durante varios días en la presencia del comisario de civil y en la imagen del arma, mientras una parte importante de las crónicas sobre la manifestación consignó que los disturbios incluyeron lanzamiento de piedras y otros objetos contra los efectivos, intentos de derribar las vallas de seguridad y enfrentamientos que se prolongaron durante varias horas.
Los incidentes dejaron 12 detenidos y cuatro integrantes de las fuerzas de seguridad heridos, mientras otras reconstrucciones señalaron además civiles lesionados durante los enfrentamientos. Uno de los uniformados debió ser hospitalizado después de recibir un piedrazo durante los disturbios.
Monteoliva decidió poner precisamente allí el foco de su respuesta y reclamó que las mismas explicaciones exigidas al Gobierno sean solicitadas a quienes concurrieron a una movilización llevando elementos capaces de provocar lesiones. “Que expliquen los que van con la maza, los que llevan un martillo”, sostuvo la funcionaria, al cuestionar que determinadas imágenes del operativo hayan ocupado el centro de la discusión mientras el comportamiento de los grupos violentos quedaba relativizado.
La ministra también mencionó agresiones contra integrantes de las fuerzas federales durante las protestas recurrentes que se realizan frente al Congreso y aseguró que existen efectivos con secuelas físicas permanentes. De acuerdo con su exposición, más de doscientos agentes quedaron en distintos momentos fuera de actividad como consecuencia de lesiones sufridas en los operativos de los últimos meses, algunas de ellas vinculadas con golpes, objetos arrojados y ataques directos contra las líneas policiales.
Los disturbios del jueves se produjeron mientras el Senado debatía la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei. La Cámara alta finalmente aprobó la iniciativa por 37 votos contra 33, después de que el oficialismo retirara capítulos vinculados con la venta de tierras a extranjeros y modificaciones sobre el uso de terrenos afectados por incendios. En el exterior del Palacio Legislativo, una movilización numerosa derivó en choques entre un grupo de manifestantes y las fuerzas federales.
Los registros periodísticos muestran que la protesta no fue homogéneamente violenta y que miles de personas participaron sin protagonizar incidentes, pero también documentan la actuación de grupos que intentaron avanzar sobre las vallas, lanzaron objetos contra policías y gendarmes y sostuvieron enfrentamientos durante varias horas. Las fuerzas utilizaron camiones hidrantes, gases lacrimógenos y munición antidisturbios para impedir el avance hacia las inmediaciones del Congreso.
La discusión sobre Gauna tiene, no obstante, otro aspecto que deberá ser explicado administrativamente: el comisario aparece en las imágenes vestido de civil y sin una identificación visible. Monteoliva sostuvo que los efectivos pertenecientes a áreas de investigaciones pueden trabajar sin uniforme, pero deben llevar su placa y eventualmente una campera identificatoria de la fuerza.
Esa cuestión reglamentaria fue rápidamente convertida en una ofensiva política mucho más amplia. Paulón reclamó investigar al comisario y cuestionó la presencia de agentes sin uniforme dentro del operativo, mientras Pagano, diputada que se alejó del bloque oficialista y pareja de un curioso abogado kirchnerista vinculado a la inteligencia chavista, impulsó denuncias contra la conducción del Ministerio de Seguridad y pidió la renuncia de Monteoliva.
La reacción opositora presentó el episodio como una demostración de violencia institucional y puso en primer plano la imagen de Gauna apuntando con la escopeta, antes de que se aclarara qué tipo de arma llevaba. La explicación brindada ahora por la ministra deja expuesto que el impacto visual de la fotografía terminó funcionando políticamente con mucha mayor velocidad que la determinación técnica acerca del dispositivo utilizado.
El punto adquiere relevancia porque una escopeta cargada con munición de estruendo no puede ser presentada sin más como equivalente a un arma preparada para disparar munición letal. Si la identificación realizada por Monteoliva es correcta, la discusión debería trasladarse hacia las reglas de empleo, identificación y ubicación de los efectivos de civil, en lugar de sugerir que la fotografía prueba por sí misma que un funcionario policial se encontraba dispuesto a efectuar disparos letales sobre la multitud.
Al mismo tiempo, la focalización casi exclusiva sobre esa imagen permitió desplazar del debate político las circunstancias que originaron la intervención policial. Las crónicas de la jornada registraron manifestantes intentando superar las vallas, lanzamiento de piedras y otros elementos, policías lesionados y personas detenidas después de más de tres horas de enfrentamientos.
Para Monteoliva, allí se encuentra la distorsión principal de la discusión. La ministra preguntó por qué quienes exigen explicaciones por la presencia de un policía de civil no aplican la misma severidad a quienes concurren a una manifestación provistos de mazas o martillos, destruyen mobiliario, agreden efectivos o arrojan objetos contra las fuerzas de seguridad. También denunció episodios en los que gendarmes habrían sido escupidos o alcanzados con líquidos calientes durante las movilizaciones semanales.
El operativo del jueves se inscribe en una larga discusión política sobre el protocolo antipiquetes y la actuación de las fuerzas federales en las inmediaciones del Congreso, donde durante los últimos años las protestas derivaron reiteradamente en incidentes. Desde el oficialismo sostienen que existe una tendencia a analizar únicamente la respuesta policial y omitir los hechos que obligan a intervenir a los efectivos, mientras la oposición plantea que la presencia de personal de civil y el uso de medios antidisturbios requieren mecanismos de identificación y control más estrictos.
La investigación administrativa podrá establecer si Gauna cumplía las normas de identificación y si el arma fue utilizada conforme a los protocolos vigentes. Lo que ya quedó confirmado por los registros de la jornada es que los enfrentamientos dejaron detenidos y efectivos heridos y que parte de los manifestantes utilizó piedras y otros objetos contra las fuerzas desplegadas frente al Congreso, hechos que precedieron a la fotografía que terminó convertida en el centro de la ofensiva opositora.
Fuentes consultadas: Noticias Argentinas, Infobae, El País, declaraciones de Alejandra Monteoliva en la Bolsa de Comercio de Córdoba, registros de la protesta del 6 de agosto y presentaciones públicas de Marcela Pagano y Esteban Paulón.
