El Gobierno negocia con bloques aliados excluir a funcionarios y exfuncionarios de los beneficios más sensibles de Inocencia Fiscal II para conseguir los votos que necesita en Diputados. Podrían continuar utilizando la declaración simplificada de Ganancias, pero quedarían afuera del efecto liberatorio, la presunción de exactitud y otros mecanismos que limitan las facultades posteriores de ARCA. La discusión quedó atravesada por el antecedente de Manuel Adorni y Bettina Angeletti, quienes adhirieron al régimen vigente mientras el entonces jefe de Gabinete era investigado por presunto enriquecimiento ilícito, un episodio que expuso el costo político de otorgar a quienes administran el Estado las mismas facilidades diseñadas para exteriorizar los ahorros de contribuyentes comunes.
Buenos Aires – 12 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA.- El Gobierno nacional comenzó a negociar una modificación sustancial al proyecto denominado Inocencia Fiscal II para impedir que funcionarios públicos puedan aprovechar las presunciones y efectos liberatorios que constituyen el corazón del régimen, una concesión reclamada por bloques aliados para destrabar el tratamiento en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal de la Cámara de Diputados.
La fórmula que se discute no excluiría completamente a quienes ejercen cargos públicos. Funcionarios y eventualmente exfuncionarios podrían continuar utilizando el mecanismo simplificado para determinar y pagar el Impuesto a las Ganancias, pero no accederían a los beneficios que permiten cerrar fiscalmente un período, presumir correctas declaraciones anteriores o reducir las posibilidades de que ARCA investigue posteriormente variaciones patrimoniales y fondos exteriorizados.
La diferencia es sustancial. Bajo el régimen vigente, una persona que presenta la declaración simplificada y paga en término obtiene un efecto liberatorio respecto del período fiscal base, mientras sus declaraciones de IVA y Ganancias de ejercicios no prescriptos gozan de una presunción de exactitud. ARCA explica además que el sistema deja de analizar los gastos personales y las variaciones patrimoniales y permite utilizar ahorros previamente mantenidos fuera del circuito formal sin exigir explicaciones fiscales sobre su origen, siempre dentro de las condiciones legales del régimen.
Esos beneficios fueron creados mediante la Ley 27.799, sancionada a fines de 2025 y reglamentada este año a través del Decreto 93/2026 y normas complementarias de ARCA. Actualmente pueden adherir personas humanas residentes cuyos ingresos no superen los $1.000 millones anuales, cuyo patrimonio se mantenga por debajo de $10.000 millones y que no hayan sido clasificadas como grandes contribuyentes.
La segunda versión impulsada ahora por el ministro de Economía, Luis Caputo, busca ampliar considerablemente ese universo. El proyecto enviado al Congreso pretende eliminar los actuales topes de ingresos y patrimonio para permitir que más personas ingresen al régimen y otorgar mayores garantías frente a futuras fiscalizaciones, dentro del objetivo oficial de incorporar al sistema financiero una parte de los aproximadamente US$170.000 millones que el Gobierno estima permanecen fuera de los bancos.
La redacción original de Inocencia Fiscal II mantenía un punto que rápidamente se convirtió en obstáculo político: no establecía ninguna prohibición especial para funcionarios públicos o sus familiares. Eso significaba que una persona con responsabilidades estatales podía acceder a mecanismos destinados a reducir controles patrimoniales de la misma manera que cualquier contribuyente particular, incluso después de ejercer cargos desde los cuales administró recursos públicos.
El antecedente que terminó colocando el problema en el centro del debate fue el de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. Ambos se incorporaron en junio al Régimen Simplificado de Ganancias mientras el entonces jefe de Gabinete estaba siendo investigado por el fiscal federal Gerardo Pollicita por presuntas inconsistencias entre sus ingresos declarados, bienes, gastos y evolución patrimonial.
La adhesión era jurídicamente posible porque la ley vigente no excluía a funcionarios, pero produjo un fuerte cuestionamiento político precisamente por las ventajas que otorga. Chequeado confirmó entonces que el sistema permite declarar ingresos y deducciones sin informar consumos personales ni justificar fiscalmente determinados ahorros previamente no declarados y que, una vez realizado el pago, limita futuras revisiones sobre el período correspondiente.
El episodio generó además iniciativas opositoras para modificar el régimen. El diputado socialista Esteban Paulón presentó un proyecto destinado a impedir que funcionarios actuales o quienes hubieran ocupado cargos durante los diez años anteriores accedieran a esos beneficios, antecedente que ahora aparece reflejado parcialmente en la negociación que lleva adelante el oficialismo con sus aliados.
La propuesta oficial bajo análisis busca establecer una distinción que hasta ahora no existía entre el ciudadano particular que pretende incorporar ahorros al circuito formal y quien ocupa o ha ocupado una función estatal relevante. El punto todavía pendiente es determinar hasta cuántos años hacia atrás alcanzará la restricción y qué categorías de funcionarios serán consideradas, especialmente cuando se trate de personas incluidas dentro del régimen de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
El Gobierno necesita esa modificación para reunir los votos suficientes para emitir dictamen. La discusión se desarrolla después de una reunión informativa realizada la semana pasada en Diputados, donde funcionarios del Poder Ejecutivo defendieron el proyecto y explicaron que la ampliación busca formalizar capitales que permanecen fuera del sistema y reducir la incertidumbre fiscal que, según la administración de Javier Milei, desalienta a los argentinos a bancarizar sus ahorros.
El Ejecutivo sostiene que el régimen no constituye técnicamente un blanqueo tradicional ni una amnistía, sino un cambio en la lógica de fiscalización mediante el cual el contribuyente es considerado cumplidor salvo que el organismo recaudador demuestre inconsistencias relevantes. ARCA promociona expresamente el sistema bajo el concepto de que el ciudadano pasa a ser “inocente hasta que ARCA demuestre lo contrario”.
La reforma también modifica la manera en que se pierden los beneficios cuando aparecen diferencias. La propuesta original contemplaba que una discrepancia superior al 15% entre lo declarado y lo verificado podía provocar la caída de las ventajas del sistema, pero el Gobierno revisó ese mecanismo después de objeciones formuladas por especialistas y analiza permitir la regularización de determinadas diferencias sin expulsar automáticamente al contribuyente.
Más de 330.000 contribuyentes habían iniciado hacia fines de julio algún grado de adhesión al régimen vigente, aunque alrededor de 100.000 todavía no habían confirmado completamente el trámite, según datos difundidos cuando Caputo presentó la ampliación legislativa. El objetivo económico continúa siendo movilizar dólares y otros activos que permanecen fuera del sistema formal hacia depósitos, inversiones, consumo y financiamiento productivo.
La modificación para funcionarios introduce, sin embargo, un límite político que el proyecto original había evitado. Si el cambio finalmente queda incorporado, quienes administran recursos públicos podrán utilizar las herramientas operativas de simplificación tributaria, pero no podrán ampararse en las presunciones de exactitud, el cierre fiscal de períodos ni otros efectos diseñados para impedir revisiones posteriores sobre contribuyentes particulares.
El antecedente Adorni-Angeletti quedó así convertido en el caso que obligó al oficialismo a revisar una de las zonas más controvertidas de su propia iniciativa. La negociación continuará en Diputados con la definición del universo de funcionarios alcanzados, la cantidad de años que abarcará la incompatibilidad y los mecanismos mediante los cuales ARCA conservará facultades de fiscalización patrimonial sobre quienes hayan ocupado responsabilidades públicas.
Fuentes consultadas: Agencia Noticias Argentinas, ARCA, Cámara de Diputados de la Nación, Ministerio de Economía, Chequeado, El País, antecedentes de la Ley 27.799, Decreto 93/2026 y documentación parlamentaria sobre Inocencia Fiscal II.
