Buenos Aires – 15 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA – La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni ingresó en una instancia decisiva: el fiscal federal Gerardo Pollicita le otorgó 15 días para responder un cuestionario de 20 puntos destinado a esclarecer diferencias entre los ingresos comprobados del grupo familiar y la magnitud de sus gastos, compras de inmuebles, pagos en efectivo, dólares declarados, operaciones con criptoactivos y utilización de terceros. Si las explicaciones y documentación aportadas no despejan las inconsistencias detectadas, el expediente podría avanzar hacia una convocatoria a declaración indagatoria.
El requerimiento de la Fiscalía Federal N°11, de 207 fojas, abarca el período comprendido entre el ingreso de Adorni al gobierno nacional, el 14 de diciembre de 2023, y su renuncia a la Jefatura de Gabinete, el 27 de junio de 2026. La pesquisa reconstruyó 35 haberes cobrados por el ex funcionario y los ingresos acreditados de su esposa, Bettina Angeletti, por un total de $229.752.283,20. Frente a ellos aparecen gastos familiares documentados por $272.820.832,20, con un desfasaje de $43.068.549.
Pero el capítulo más sensible está expresado en moneda estadounidense. Según los elementos incorporados al expediente, fueron detectados desembolsos por US$402.578,12 que, para la Fiscalía, no encuentran hasta ahora correlato suficiente con los ingresos lícitos comprobados. Pollicita señaló que los “incrementos, adquisiciones y desembolsos reconstruidos”, confrontados con los recursos acreditados del matrimonio, requieren una explicación patrimonial respaldada documentalmente.
Entre las preguntas aparece el origen de los dólares en efectivo declarados por Adorni, así como los préstamos atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo, respecto de los cuales deberá acreditar existencia, fecha, entrega efectiva del dinero, destino y evolución de las obligaciones. También deberá explicar con qué recursos compró un vehículo Jeep, cómo financió la adquisición del lote 380 del country Indio Cuá y de dónde provinieron los fondos aplicados a sus posteriores mejoras.
Un punto particularmente comprometedor para la reconstrucción contable es la remodelación de esa propiedad. La Fiscalía pide explicar específicamente los US$245.000 que habrían sido abonados al contratista Matías Tabar, además de otros pagos relacionados con mobiliario y obras. Distintas publicaciones periodísticas ya habían revelado que el contratista declaró haber recibido importantes sumas en efectivo por esos trabajos.
El cuestionario también alcanza la compra del inmueble situado en Miró 550, el costo de sus mejoras, los honorarios notariales facturados por la escribana Adriana Mónica Nechevenko, viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas, cuotas y matrículas escolares, además de movimientos en cuentas bancarias, tarjetas de crédito y billeteras virtuales.
La Fiscalía pretende conocer además por qué terceras personas aparecen reiteradamente involucradas en adquisiciones o pagos vinculados con Adorni, por qué integrantes de su entorno realizaron consumos como adicionales de dos de sus tarjetas y si una factura superior a $4 millones emitida por una concesionaria corresponde a un vehículo que no habría sido incorporado a sus declaraciones patrimoniales.
Otro de los ejes será el universo cripto. Adorni sostuvo públicamente que parte importante de sus ahorros provenía de inversiones realizadas antes de ingresar al Estado y llegó a reconocer que había mantenido dinero sin declarar. En junio rectificó declaraciones anteriores para incorporar alrededor de medio millón de dólares que atribuyó a inversiones en criptomonedas realizadas años atrás. Ahora Pollicita reclama precisiones sobre el capital inicial, las operaciones efectuadas y la documentación capaz de respaldar esa explicación.
El episodio había comenzado a tomar volumen político después de conocerse viajes familiares de elevado costo, entre ellos vacaciones en Aruba, un vuelo privado a Uruguay y el traslado de Angeletti junto a una comitiva oficial a Nueva York. La controversia escaló hasta convertirse en uno de los principales problemas del Gobierno y terminó precediendo la salida de Adorni de la Jefatura de Gabinete. Al renunciar, el ex funcionario negó haber cometido delitos y aseguró que demostraría su posición ante la Justicia.
Las actuales exigencias de Pollicita van más allá de las explicaciones que el entonces jefe de Gabinete había brindado el 29 de abril ante la Cámara de Diputados, cuando remitió buena parte de las consultas sobre su patrimonio a sus declaraciones juradas y al anexo reservado presentado ante la Oficina Anticorrupción (OA). El propio organismo había reconocido que recibió denuncias durante marzo y realizó análisis reservados sobre las declaraciones patrimoniales del funcionario.
El caso dejó además una consecuencia legislativa concreta. El proyecto de Inocencia Fiscal II, enviado por el Gobierno al Congreso para ampliar el régimen de regularización patrimonial, consiguió dictamen esta semana, pero La Libertad Avanza (LLA) debió aceptar una modificación reclamada por bloques aliados: los funcionarios públicos quedarán excluidos de sus beneficios. La denominada informalmente “cláusula Adorni” fue determinante para reunir las firmas necesarias en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, que emitieron un dictamen con 44 adhesiones antes de la prevista discusión del proyecto en el recinto.
La reforma busca ampliar un régimen impulsado por el ministro de Economía Luis Caputo para incentivar la incorporación al sistema de dólares mantenidos fuera del circuito formal. El antecedente del ex jefe de Gabinete convirtió, sin embargo, la posibilidad de que funcionarios utilizaran esas herramientas en uno de los principales obstáculos de la negociación parlamentaria y obligó al oficialismo a resignar ese beneficio para preservar los votos de sus aliados.
Cumplido el plazo otorgado por Pollicita —que podría extenderse si la defensa solicita una prórroga—, la Fiscalía deberá analizar documentos bancarios, contratos, préstamos, comprobantes de pagos, operaciones inmobiliarias y eventualmente registros de las inversiones en criptomonedas invocadas por Adorni. De persistir diferencias patrimoniales sin explicación suficiente, el siguiente movimiento procesal podría colocar al ex jefe de Gabinete frente al juez federal Ariel Lijo en una declaración indagatoria.
Fuentes consultadas: Fiscalía Federal N°11; Oficina Anticorrupción; Cámara de Diputados; Reuters; Agencia Noticias Argentinas (NA); documentación y requerimientos judiciales difundidos en la causa; información parlamentaria sobre Inocencia Fiscal II.
