Por H. Cassidy
La suspensión de cuatro programas de la TV Pública dedicados a Taiwán expuso la capacidad de presión de Beijing sobre decisiones argentinas. Mientras el Gobierno de Javier Milei necesita financiamiento chino para obras estratégicas, los antecedentes de la ingeniera Liliana Marisa Guerrero, designada excepcionalmente en un cargo clave de la administración de infraestructura hidráulica y anteriormente vinculada a Odebrecht, abren interrogantes sobre los mecanismos de selección, control y posibles conflictos de intereses en proyectos multimillonarios.
Buenos Aires-Washington – 15 Octubre 2026 – Total News Agency – TNA. La creciente influencia de la República Popular China sobre sectores estratégicos de la economía argentina vuelve a colocar bajo examen una trama de decisiones políticas, acuerdos financieros, funcionarios públicos y empresas constructoras que se extiende a través de distintas administraciones nacionales. El fenómeno adquirió renovada visibilidad después de que la Televisión Pública suspendiera cuatro episodios del programa Vivir Viajando, dedicados a Taiwán, que ya habían sido anunciados, en medio de versiones que atribuyen la decisión a una gestión de la Embajada china ante autoridades argentinas.
Según fuentes del canal citadas en las informaciones periodísticas, una orden superior impidió emitir los capítulos del ciclo conducido por Ariel Divincky. La intervención diplomática de Beijing no fue confirmada oficialmente, pero el episodio reavivó los interrogantes sobre cuánto condiciona la relación económica con China las decisiones políticas, culturales y comunicacionales de un país que proclama su alineamiento estratégico con Estados Unidos.
Los antecedentes resultan significativos. El encuentro y cortocircuitos de la entonces canciller Diana Mondino con la embajadora, Florencia Miao-hung Hsie, representante comercial de Taiwán y el posterior viaje de legisladores oficialistas a la isla provocaron tensiones diplomáticas cuando la Argentina negociaba con Beijing la continuidad del intercambio de monedas entre ambos bancos centrales, conocido como swap. Ese instrumento constituye una pieza importante de la relación financiera bilateral.
Sin embargo, la influencia china no puede explicarse exclusivamente por presiones diplomáticas externas. Durante años se consolidó una red de relaciones comerciales, técnicas, políticas y empresariales que permitió a compañías vinculadas al Estado chino ampliar su participación en infraestructura, energía, minería, transporte, telecomunicaciones y financiamiento. La pregunta que surge no es solamente cuánto poder acumuló Beijing, sino también quiénes facilitaron, administraron o supervisaron esa expansión desde el propio Estado argentino.
Uno de los antecedentes administrativos que merece un examen particularmente cuidadoso corresponde a la ingeniera Liliana Marisa Guerrero, designada en 2022 como Directora Nacional de Aprovechamiento Multipropósito, dependiente entonces del Ministerio de Obras Públicas, cargo que mantiene en el gobierno de Milei
La Decisión Administrativa 788/2022, publicada en el Boletín Oficial el 10 de agosto de aquel año y firmada por el entonces jefe de Gabinete Juan Manzur y el ministro Gabriel Katopodis, dispuso su designación transitoria con efectos retroactivos al 1 de mayo, por 180 días hábiles, en un cargo de Nivel A, Grado 0, con suplemento por Función Ejecutiva Nivel I.
Pero el dato más relevante es que el nombramiento fue autorizado de manera excepcional porque Guerrero no reunía los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del régimen SINEP.
La resolución no identifica cuál de esos requisitos faltaba. Los antecedentes aportados a esta investigación mencionan la existencia de un problema judicial que habría afectado a la funcionaria.
Lo que sí surge de la documentación oficial es que la administración de Alberto Fernández consideró necesario cubrir específicamente ese cargo con Guerrero, aun cuando su designación requería apartarse excepcionalmente de los requisitos ordinarios de ingreso o promoción. La decisión plantea interrogantes sobre quién propuso su incorporación, cuáles fueron los fundamentos técnicos y administrativos de la excepción, por qué se eligió a esa profesional para una función vinculada con grandes aprovechamientos hidráulicos y porque continua en el cargo.
La trayectoria anterior de Guerrero introduce otro elemento de interés. Los antecedentes recopilados la vinculan profesionalmente con CBPO/Odebrecht, el conglomerado constructor brasileño involucrado en investigaciones internacionales por corrupción y pago de sobornos, que desarrolló importantes contratos de infraestructura en la Argentina.
Entre los documentos señalados figura un poder otorgado en 2007 para representar a la constructora ante Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Ese antecedente, cuya documentación original debe incorporarse al análisis de las actuaciones administrativas, resulta relevante por el posterior acceso de Guerrero a responsabilidades estatales relacionadas con grandes obras públicas. Haber trabajado para una constructora con denuncias de corrupción podria constituir una irregularidad, y obliga a examinar eventuales intervenciones posteriores sobre contratos, empresas o intereses vinculados a esa actividad.
El escenario se vuelve especialmente sensible por las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, uno de los proyectos de infraestructura más costosos de la historia reciente argentina, adjudicado a un consorcio encabezado por la compañía estatal china Gezhouba, junto con empresas argentinas.
El Gobierno de Milei, pese a su discurso de alineamiento geopolítico con Washington y sus críticas históricas al régimen comunista chino, debió recurrir al financiamiento de Beijing para intentar reactivar esas construcciones, paralizadas desde fines de 2023.
Durante 2026, el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, avanzó en negociaciones que permitieron destrabar un desembolso de 150 millones de dólares de bancos chinos. Posteriormente, el gobernador santacruceño Claudio Vidal confirmó que la unión de empresas constructoras había recibido 45.000 millones de pesos, correspondientes a un primer pago destinado a retomar las tareas.
El acuerdo de reactivación contempla la continuidad de la represa Jorge Cepernic, de 360 megavatios de potencia prevista, cuya finalización fue proyectada para 2030. La financiación internacional comprometida para el complejo ronda los 4.714 millones de dólares, una magnitud que exige controles rigurosos sobre contrataciones, certificaciones técnicas, modificaciones contractuales y responsabilidades de los funcionarios intervinientes.
En ese contexto, los antecedentes proporcionados indican que Guerrero participó durante 2026 en actividades institucionales relacionadas con las represas santacruceñas. Su eventual intervención concreta en resoluciones administrativas, aprobaciones técnicas o decisiones sobre contratistas debe determinarse mediante el examen de los actos que efectivamente suscribió y de las competencias que tenía asignadas.
Una publicación societaria de 2014 identifica a Liliana Marisa Guerrero y a Marcelo César Menéndez, su esposo, como integrantes de Narcea SRL, con Guerrero designada inicialmente como gerente. La existencia de esa sociedad constituye un antecedente público, así como las declaraciones juradas presentadas por la funcionaria y las incompatibilidades que eventualmente pudieran corresponder.
La investigación también identifica relaciones profesionales dentro del sector de ingeniería de grandes presas. Guerrero compartió durante 2025 una presentación técnica sobre crecidas del río Neuquén con los ingenieros Sergio Liscia y Mariano De Dios, según antecedentes del Comité Argentino de Presas. A ello se suman las trayectorias de Fabián López, vinculado con la administración cordobesa, y Javier Sánchez Caballero, con antecedentes en IECSA y referencias a la firma Pontem. Es necesario establecer qué vínculos de trabajo, societarios o contractuales existen actualmente entre esos profesionales, antes de extraer conclusiones sobre eventuales intereses compartidos.
El cuadro adquiere una dimensión internacional adicional después de que la Argentina suscribiera, el 7 de octubre, una declaración junto con otras catorce economías para cuestionar la sobrecapacidad industrial y las distorsiones comerciales derivadas de políticas estatales ajenas a las condiciones de mercado.
Aunque el documento no identifica expresamente a China, su contenido alcanza actividades en las que las empresas de ese país tienen una presencia internacional considerable, como vehículos eléctricos, baterías, productos químicos, semiconductores y paneles solares. La adhesión argentina refleja su aproximación a las preocupaciones comerciales estadounidenses, mientras su dependencia del financiamiento chino en determinados proyectos de infraestructura continúa vigente.
La contradicción merece una evaluación más profunda: la Argentina cuestiona determinadas prácticas industriales asociadas al modelo económico chino, pero simultáneamente necesita recursos de bancos de ese país para completar obras cuya contratación y ejecución dependen de mecanismos estatales de control desarrollados a lo largo de diferentes gobiernos.
En ese entramado, los antecedentes de Guerrero constituyen un caso que justifica respuestas precisas de la administración pública. Resulta necesario conocer íntegramente el expediente EX-2022-63407321-APN-SITSP#JGM, las eventuales prórrogas de su nombramiento, las evaluaciones de idoneidad realizadas, sus declaraciones juradas patrimoniales, la situación registral actual de Narcea SRL y las resoluciones técnicas o administrativas en las que haya intervenido respecto de proyectos ejecutados por contratistas extranjeros.
También corresponde determinar si se dispusieron mecanismos de excusación, prevención de conflictos de intereses o controles específicos relacionados con sus anteriores actividades profesionales. Guerrero debe tener la oportunidad de explicar los antecedentes de su designación y precisar cuáles fueron sus funciones efectivas en los proyectos mencionados.
La discusión excede ampliamente a una funcionaria. El verdadero problema institucional consiste en establecer si la Argentina desarrolló capacidades de fiscalización suficientes para administrar contratos estratégicos con grandes empresas extranjeras, particularmente cuando estas cuentan con respaldo financiero y político de sus propios Estados.
El episodio televisivo de Taiwán revela una dimensión visible de esa influencia; los contratos de infraestructura y sus circuitos administrativos exhiben otra, considerablemente más compleja. La diferencia es que mientras la suspensión de cuatro programas puede explicarse mediante una decisión identificable, reconstruir quiénes intervinieron durante años en la adjudicación, continuidad, control y financiamiento de obras multimillonarias exige abrir expedientes, examinar responsabilidades y determinar cuánto margen de decisión conservó efectivamente el Estado argentino.
Fuentes consultadas: Boletín Oficial de la República Argentina, Decisión Administrativa 788/2022; Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, antecedentes societarios de Narcea SRL; documentación y antecedentes sectoriales aportados equipo de redacción de TNA; registros y publicaciones del Comité Argentino de Presas; Gobierno de Santa Cruz; Ministerio de Economía; antecedentes públicos del proyecto hidroeléctrico del río Santa Cruz; comunicaciones de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos sobre la declaración del 7 de octubre de 2026.
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