Santiago del Estero-21 de abril de 2026-Total News Agency-TNA- La decisión de apartar al juez federal Sebastián Argibay de la causa que debe resolver sobre el pedido de detención de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino cambió de golpe el clima del expediente y dejó al descubierto un frente judicial cada vez más cargado. La recusación impulsada por el fiscal Pedro Eugenio Simón fue aceptada por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, en medio de un expediente por presunto lavado de dinero y asociación ilícita que ya acumula unas 10.000 fojas.
Lo central es que Argibay ya no será quien deba definir, al menos en esta etapa, si avanza o no el pedido de indagatorias, allanamientos y detenciones contra la cúpula de la AFA. El planteo del fiscal se apoyó en un dato muy delicado: Pilar Argibay, hija del magistrado, le vendió un terreno a Darío Toviggino, hermano del tesorero afista, y esa operación quedó bajo la lupa dentro del mismo entramado que se investiga. Con ese argumento, la recusación terminó prosperando y el expediente quedó listo para pasar a manos de otro juez subrogante.
La resolución de la jueza Marina Cossio, integrante de la Cámara Federal de Tucumán, no es un detalle técnico ni una simple cuestión procesal. En los hechos, significa que el expediente más incómodo para el poder futbolero del interior empezó a correrse de un terreno que, en ciertos sectores judiciales y políticos, era visto con suspicacia. Según pudo saber Total News, en ámbitos tribunalicios santiagueños desde hace años se menciona la cercanía personal de Argibay con Gerardo Zamora y una rivalidad marcada con el fiscal Simón, un trasfondo que ayuda a explicar la tensión que rodea esta causa. Esa lectura no figura en la resolución judicial, pero sí forma parte del ruido de fondo que acompaña el caso y que ahora vuelve a tomar fuerza con el desplazamiento del magistrado. Otra certera fuente se preguntó frente a Total News Agency, ¿Zamora teme ser atraido a la causa?
La causa, además, ya excede largamente el nombre de Tapia y el de Toviggino como figuras del fútbol. El dictamen fiscal viene apuntando a un entramado de empresas, transferencias, licitaciones y movimientos bancarios que, según la acusación, habrían servido para canalizar y blanquear fondos de origen ilícito. En esa línea, una de las piezas centrales es Segon SRL, firma ligada al universo empresario conectado con Toviggino, que según la reconstrucción publicada por La Nación recibió más de $1.200 millones desde las arcas del gobierno de Santiago del Estero en apenas dos años. Parte de esas transferencias habría estado vinculada al servicio de seguridad del Hospital Regional Ramón Carrillo, mientras que el fiscal también puso bajo la lupa la velocidad con que esos fondos entraban y salían de las cuentas, en menos de 48 horas.
Ese punto es especialmente sensible porque mete de lleno a la política provincial en un expediente que ya venía golpeando a la estructura de la AFA. El dictamen también expone giros desde organismos públicos y otros movimientos que, de acuerdo con la acusación, mostrarían un circuito económico mucho más amplio que el de una simple irregularidad contable. Lo que hasta hace unas semanas parecía una causa pesada pero encapsulada en los tribunales santiagueños, hoy empieza a mostrar ramificaciones más incómodas para el zamorismo, para el negocio del fútbol y para quienes apostaban a que el caso quedara empantanado en una pelea de escritorio.
Tras el apartamiento de Argibay, quien debería subrogar es Guillermo Molinari, el otro juez federal de la provincia. Si se excusa, la causa podría pasar a jueces federales de Catamarca o Tucumán, entre ellos Miguel Contreras, Guillermo Díaz Martínez o José Díaz Vélez. Ese cambio no es menor: modifica el tablero procesal justo cuando el fiscal intenta apurar medidas de prueba y definiciones fuertes sobre los principales acusados. En otras palabras, el expediente entró en una zona caliente, con más exposición pública, más presión institucional y menos margen para maniobras dilatorias.
En el fondo, lo que acaba de pasar es una mala señal para Tapia y Toviggino. No porque el apartamiento del juez equivalga a una condena anticipada, algo que no corresponde afirmar, sino porque la causa perdió un factor de contención que en algunos despachos se consideraba favorable al statu quo. Ahora la investigación deberá seguir bajo otra mirada, en un expediente que ya no huele a simple interna futbolera sino a una disputa mucho más profunda entre dinero, poder político y protección judicial. Y cuando una causa de este volumen empieza a correrse del control de sus viejos equilibrios, lo que viene por delante suele ser bastante más incómodo para todos los involucrados.
