Buenos Aires-24 de Abril de 2026-Total News Agency-TNA- La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el decomiso de bienes de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, y el empresario Lázaro Báez, en el marco de la Causa Vialidad, para cubrir una cifra actualizada cercana a los $685.000 millones por el perjuicio ocasionado al Estado.
La decisión representa un nuevo golpe judicial para la ex presidente, condenada por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, y despeja el camino para avanzar sobre un extenso paquete patrimonial vinculado a la maniobra investigada por la Justicia. La resolución alcanza bienes propios, inmuebles transferidos a sus hijos y propiedades asociadas al entramado empresario de Lázaro Báez, uno de los principales beneficiarios de la obra pública vial en Santa Cruz durante el kirchnerismo.
El fallo confirmó la ejecución patrimonial dispuesta por el Tribunal Oral Federal 2, que había fijado el monto del decomiso en $684.990.350.139,86, cifra surgida de la actualización del daño económico determinado en el expediente. La medida tiene como objetivo recuperar fondos vinculados al fraude probado en la causa y reafirma un principio central: que el delito contra el Estado no puede producir beneficios económicos duraderos para quienes fueron condenados ni para terceros que hayan recibido bienes derivados de ese circuito.
La resolución involucra más de un centenar de inmuebles, entre ellos propiedades en Santa Cruz, Río Gallegos, El Calafate, Río Turbio, bienes de sociedades vinculadas a la familia Kirchner y activos pertenecientes a empresas de Báez, como Austral Construcciones. En pedidos anteriores, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían identificado 141 inmuebles, 46 automotores y más de USD 5,6 millones como parte del universo patrimonial susceptible de decomiso.
La defensa de Cristina Kirchner había intentado frenar la ejecución con distintos planteos, entre ellos cuestionamientos al cálculo del decomiso y objeciones sobre bienes adquiridos antes de determinados actos administrativos vinculados a la causa. También Máximo Kirchner y Florencia Kirchner sostuvieron que no podían ser alcanzados por una medida derivada de un proceso en el que no fueron condenados. Sin embargo, los jueces remarcaron que la ausencia de condena personal no impide avanzar sobre bienes cuando existe un nexo con el producto del delito probado.
La clave jurídica del fallo está en que el decomiso no exige una “trazabilidad científica” absoluta de cada bien, sino una relación razonable entre el período investigado, la evolución patrimonial y el beneficio económico derivado de la maniobra. Para el tribunal, el decomiso puede alcanzar ganancias directas, bienes transformados, sustituidos, mezclados o transmitidos a terceros, siempre que se acredite su conexión con el perjuicio causado al erario público.
La Causa Vialidad investigó la adjudicación irregular de 51 obras públicas viales en Santa Cruz a favor de empresas de Lázaro Báez durante los gobiernos kirchneristas. La condena contra Cristina Kirchner quedó firme tras la intervención de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El avance sobre los bienes abre una etapa sensible para el kirchnerismo, porque lleva la condena del terreno político y penal al plano patrimonial concreto. Ya no se trata únicamente de una sentencia o de una discusión discursiva sobre persecución judicial, sino de la posibilidad efectiva de que propiedades, fondos y activos sean ejecutados para reparar parte del daño causado al Estado.
Los condenados todavía podrían intentar llevar la discusión nuevamente ante la Corte Suprema mediante recursos extraordinarios. Pero, por ahora, la decisión de Casación deja habilitado el mecanismo para avanzar en la recuperación de bienes y profundiza el impacto judicial sobre uno de los expedientes de corrupción más relevantes de las últimas décadas en la Argentina.
