Por Darío Rosatti
Buenos Aires, 12 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- La cuarta Marcha Federal Universitaria volvió a llenar la Plaza de Mayo y distintos puntos del país con un reclamo formal centrado en el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial docente y no docente, y la actualización de partidas para el funcionamiento de las casas de estudio públicas. Pero detrás de la postal académica, también quedó expuesta una lectura política más profunda: la protesta funcionó como un ensayo de retorno a la calle de sectores de la oposición, la izquierda, el radicalismo universitario y los gremios, decididos a convertir el conflicto educativo en una herramienta de desgaste contra el Gobierno de Javier Milei.
La movilización fue numerosa y logró instalar nuevamente la agenda universitaria en el centro de la discusión pública. Docentes, estudiantes, no docentes, rectores, sindicatos, agrupaciones políticas y movimientos sociales confluyeron en la Plaza de Mayo, donde el acto central comenzó con el Himno Nacional y luego dio paso a la lectura de un documento crítico contra la administración libertaria. La consigna más repetida fue simple y efectiva: “Ley que se vota, ley que se cumple”.
El reclamo fue impulsado por la Federación Universitaria Argentina, el Consejo Interuniversitario Nacional y el Frente Gremial Universitario, que denunciaron una situación presupuestaria crítica en el sistema universitario nacional. Según el documento leído durante el acto, las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que —de acuerdo con los organizadores— representa una reducción inédita de los recursos disponibles para sostener el sistema. Toda cara tiene su contracara.
Los gremios también apuntaron contra el deterioro salarial. Afirmaron que los salarios universitarios se ubican en su nivel más bajo de los últimos 23 años y entre los más bajos desde el retorno de la democracia. En ese marco, reclamaron la reapertura de paritarias, actualización de becas, fondos para hospitales universitarios y cumplimiento pleno de la ley sancionada y ratificada por el Congreso.
Del otro lado, el Gobierno insistió en que la discusión no puede separarse del equilibrio fiscal. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, calificaron la marcha como “completamente política” y remarcaron que el Ejecutivo sólo está obligado a cumplir con la ley de presupuesto. Desde la administración libertaria sostienen que aplicar la Ley de Financiamiento Universitario en los términos reclamados obligaría a reasignar una porción desproporcionada de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado, afectando el funcionamiento general de la administración pública.
Ese argumento fue rechazado por rectores, docentes y estudiantes, que consideran que el Ejecutivo busca desconocer una norma aprobada por el Parlamento. La pelea ya ingresó en terreno judicial. El Gobierno presentó recursos para frenar la aplicación de la ley, mientras los sectores universitarios piden que la Corte Suprema de Justicia intervenga y ordene el cumplimiento efectivo de la norma. La pulseada, por lo tanto, ya no es sólo presupuestaria: también es institucional.
La marcha tuvo réplicas en varias provincias, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En la ciudad de Buenos Aires, las columnas comenzaron a moverse desde el mediodía y la plaza terminó colmada por la tarde, con presencia de estudiantes, docentes, graduados, familiares, gremios y agrupaciones políticas.
Sin embargo, el Gobierno no se equivoca cuando advierte que la movilización también tuvo un componente político evidente. La defensa de la universidad pública operó como bandera amplia, capaz de reunir a sectores que difícilmente podrían marchar juntos bajo otra consigna sin mostrar sus contradicciones. Allí aparecieron gremios, organizaciones de izquierda, estructuras estudiantiles, dirigentes radicales, espacios peronistas y agrupaciones que vieron en la causa universitaria una plataforma socialmente más amable para volver a disputar la calle.
La izquierda, acostumbrada a la gimnasia permanente de la protesta, encontró en el conflicto universitario un terreno fértil para amplificar su agenda. El radicalismo, históricamente fuerte en la vida universitaria, también logró reposicionarse en un tema que toca una fibra sensible de su tradición política y bolsillo. Los gremios, por su parte, aprovecharon el reclamo docente y no docente para recuperar centralidad en un escenario donde el Gobierno busca disciplinar la discusión salarial bajo la regla fiscal.
El resultado fue una marcha bien vendida desde lo simbólico: educación, futuro, igualdad de oportunidades y defensa de la universidad pública. Pero también fue un movimiento de acumulación opositora. En términos políticos, la protesta puede ser leída como un ensayo general para medir convocatoria, coordinación, clima social y capacidad de desgaste contra una administración que, paradójicamente, muchas veces se castiga sola con errores de manejo, peleas internas, conflictos comunicacionales y una tendencia a sobreactuar cada pulseada.
El caso Manuel Adorni, mencionado en carteles y consignas durante la movilización, mostró cómo la oposición intenta conectar reclamos sectoriales con la crisis política del oficialismo que se empeña en acrecentar. Algunas pancartas cuestionaron el patrimonio del jefe de Gabinete y lo utilizaron como contraste frente al reclamo salarial universitario. La consigna “más salarios, menos cascadas” sintetizó esa estrategia: cruzar la discusión presupuestaria con el desgaste judicial y ético que enfrenta el Gobierno.
Para Milei, el desafío es doble. Por un lado, debe sostener el equilibrio fiscal, eje central de su programa económico y político. Por otro, necesita evitar que cada conflicto sectorial se transforme en una bandera de recomposición opositora. La universidad pública es un terreno especialmente delicado porque atraviesa generaciones, clases sociales e identidades políticas muy distintas. No se trata sólo de números: se trata de una institución con enorme peso cultural en la Argentina.
El oficialismo apuesta a que la sociedad diferencie entre defensa de la educación y utilización política de la protesta. Pero esa distinción no siempre resulta fácil en la calle. Cuando una marcha es multitudinaria, la imagen suele imponerse al argumento técnico. Y cuando el Gobierno responde con frialdad administrativa ante un reclamo sensible, corre el riesgo de quedar ubicado en el lugar menos cómodo: el de quien parece discutir planillas mientras enfrente se habla de futuro.
También es cierto que el sistema universitario arrastra problemas que no comenzaron con Milei. Falta de auditorías suficientes, estructuras burocráticas, carreras con baja salida laboral, superposición de sedes, manejos discrecionales y dependencia casi absoluta del financiamiento estatal forman parte de un debate que la política evitó durante años. Defender la universidad pública no debería significar blindarla de cualquier evaluación, control o reforma. Pero ajustar sin explicar, sin ordenar prioridades y sin construir consensos puede terminar regalándole la calle a quienes buscan convertir cada reclamo en una ofensiva contra el Gobierno.
La cuarta Marcha Federal Universitaria dejó así una fotografía de alto impacto y varias preguntas abiertas. La primera es si el Gobierno podrá resolver el conflicto sin romper su ancla fiscal. La segunda, si la oposición podrá sostener en el tiempo una unidad callejera que por ahora aparece más basada en el rechazo a Milei que en una propuesta común. Y la tercera, tal vez la más importante, es si el oficialismo comprenderá que la batalla cultural no se gana sólo con motosierra, sino también con inteligencia política, sensibilidad social y capacidad de explicar hacia dónde quiere llevar al país.
Por ahora, la calle volvió a hablar. Y aunque el reclamo universitario fue el centro visible de la jornada, el mensaje político fue más amplio: sectores opositores están probando volumen, narrativa y músculo territorial. El Gobierno, mientras tanto, deberá decidir si administra el conflicto con precisión o si vuelve a entregarle a sus adversarios la oportunidad de hacer política con sus propios errores.
