Buenos Aires – 2 julio 2026 – Total News Agency – TNA
La investigación por las amenazas contra el periodista Hugo Alconada Mon avanzó este jueves con un pedido concreto de la Fiscalía Federal: el fiscal Ramiro González solicitó que sean citados a declaración indagatoria tres hombres y una mujer sospechados de haber participado en las intimidaciones enviadas al prosecretario de Redacción de La Nación luego de que revelara el contenido del Plan de Inteligencia Nacional (PIN) elaborado bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
El caso quedó en manos del juez federal Daniel Rafecas, quien ahora deberá resolver si acepta el requerimiento fiscal y convoca a los acusados a los tribunales federales de Comodoro Py. Los señalados por la Fiscalía son Guido Morán, Mario Miguel Totilo, Braian Ezequiel Cardozo y Alicia Elena Scarpeccia, identificados a partir de las líneas telefónicas desde las cuales se habrían enviado amenazas e insultos al periodista durante los días 25 y 26 de mayo de 2025.
La secuencia no puede separarse del contexto político e institucional. Las intimidaciones comenzaron pocas horas después de que Alconada Mon publicara una investigación sobre el Plan de Inteligencia Nacional de la SIDE, un documento que, según la publicación original y posteriores repercusiones, abría la puerta a tareas de inteligencia sobre opositores, economistas críticos, movimientos sociales, periodistas y actores considerados capaces de “erosionar” la confianza pública en políticas del Gobierno.
El dictamen de González sostiene que la prueba reunida permitió acreditar la intervención de los abonados telefónicos involucrados y que existen “indicios suficientes” para que los cuatro sospechosos sean escuchados en indagatoria. Esa instancia, según el fiscal, permitirá que los acusados brinden explicaciones sobre los elementos incorporados al expediente y ejerzan su defensa frente a la imputación por los mensajes intimidatorios.
El expediente no se limita a una serie de llamados o mensajes agresivos. La investigación también incluye diez intentos de tomar el control de la cuenta de WhatsApp de Alconada Mon, un intento de acceso a su perfil en X, el registro no consentido del periodista en páginas pornográficas y un intento posterior de ingresar a su cuenta digital en el diario español El País. Esa acumulación de hechos permite analizar el caso no sólo como una amenaza aislada, sino como una operación de hostigamiento digital posterior a una publicación periodística sensible.
Entre los señalados aparece Guido Morán, de 24 años, monotributista, con domicilio fiscal en La Plata y origen en la localidad bonaerense de 9 de Julio. También figura Braian Ezequiel Cardozo, de 25 años, dado de baja del monotributo y con domicilio en Charata, provincia de Chaco. Otro de los identificados es Mario Miguel Totilo, de 56 años, empleado en relación de dependencia y domiciliado en Benavídez, provincia de Buenos Aires.
La pesquisa detectó, además, posibles diferencias entre la titularidad formal de algunas líneas y su usuario real. En uno de los casos, un teléfono registrado a nombre de Mario Totilo aparece vinculado en Mercado Pago a Iván Miguel Totilo, un estudiante de 21 años. En otro caso, una línea utilizada para hostigar al periodista figura en registros de Telefónica a nombre de una persona fallecida, Manuel Lázaro Contreras, aunque en Mercado Libre aparece asociada a Alicia Elena Scarpeccia, una jubilada de 75 años de Colón, provincia de Buenos Aires.
La investigación también avanzó sobre los ataques informáticos. La Fiscalía libró exhortos internacionales a Meta Platforms y X Corp., propietarias de WhatsApp y X, para intentar obtener información técnica sobre los accesos indebidos. Hasta ahora, esas medidas no habrían aportado datos relevantes para individualizar a todos los responsables. Con apoyo de la División Delitos Constitucionales de la Policía Federal y de Telecom Argentina, se detectó que algunos registros en páginas pornográficas provinieron de una dirección IP ubicada en Isla Maciel, en Dock Sud, partido de Avellaneda, aunque al tratarse de una IP nateada no fue posible identificar al usuario concreto.
El caso golpea sobre un punto especialmente sensible: la relación entre inteligencia estatal, periodismo de investigación y garantías democráticas. El PIN revelado por Alconada Mon fue cuestionado porque, según las denuncias públicas, ampliaba zonas grises para el seguimiento de voces críticas. La polémica se profundizó meses después, cuando nuevas publicaciones señalaron monitoreos sobre dirigentes opositores, sindicatos y hasta organizaciones de jubilados, lo que generó denuncias políticas y reclamos de control parlamentario sobre la SIDE.
El Gobierno negó que el plan implicara espionaje ilegal, pero la controversia dejó expuesta una pregunta de fondo: quién controla a los servicios de inteligencia y hasta dónde puede llegar el Estado cuando define como amenaza a quienes cuestionan políticas oficiales, investigan al poder o publican información incómoda. En democracia, la inteligencia interior tiene límites precisos. La vigilancia sobre periodistas, opositores o actores sociales por su actividad pública está prohibida por la legislación argentina, salvo orden judicial y dentro de investigaciones legalmente justificadas.
Alconada Mon, abogado y periodista de investigación, integra desde hace años el equipo de La Nación y ha participado en investigaciones de alto impacto nacional e internacional, entre ellas causas vinculadas a corrupción, lavado, obra pública, financiamiento político y estructuras de poder. Su perfil refuerza la gravedad institucional del episodio: las amenazas no surgieron después de una opinión televisiva o de una discusión partidaria, sino tras la publicación de información sobre el funcionamiento de la inteligencia estatal.
Ahora la decisión está en manos de Rafecas. Si el juez admite el planteo de González, los cuatro sospechosos deberán explicar qué relación tuvieron con las líneas utilizadas, quién envió los mensajes, si actuaron por cuenta propia o si hubo algún nivel de coordinación. Esa será una de las claves del expediente: determinar si se trató de hostigadores aislados o de una maniobra organizada para intimidar a un periodista después de una investigación que incomodó al poder.
El avance fiscal no cierra la causa, pero marca un primer umbral. Las amenazas, los intentos de hackeo, los registros maliciosos en sitios pornográficos y los accesos indebidos conforman un patrón que excede la agresión verbal. En un país con larga historia de espionaje político, operaciones de inteligencia y persecución a periodistas, el expediente obliga a mirar más allá de los nombres de cuatro sospechosos. La pregunta central sigue abierta: quién quiso disciplinar a Hugo Alconada Mon después de que revelara el plan de la SIDE.
