Buenos Aires – 2 julio 2026 – Total News Agency – TNA-. El anuncio de una inversión privada de US$1.200 millones para construir una nueva central nuclear en Atucha reabrió una discusión estratégica que excede el entusiasmo oficial por el ingreso de capitales. La llegada de fondos al sector nuclear argentino es, sin duda, una noticia positiva para un país que necesita energía limpia, tecnología propia y proyectos de largo plazo. Pero el dato incómodo aparece al mismo tiempo: mientras se abre la puerta a una central nuclear privada, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) atraviesa una ola de desvinculaciones, caída salarial, protestas gremiales y pérdida de técnicos cuya formación demandó años, recursos públicos y una acumulación de conocimiento que no se reconstruye de un día para el otro.
La contradicción es evidente. Si el sector nuclear argentino tiene potencial para atraer inversiones internacionales, si existen empresas dispuestas a apostar por reactores modulares y si el país conserva capacidades reconocidas en el mundo, la pregunta surge sola: ¿por qué desarmar equipos técnicos, científicos y administrativos que sostienen desde hace décadas una de las pocas áreas en las que la Argentina logró soberanía tecnológica real?
El Gobierno anunció que Meitner Energy, compañía vinculada al Grupo Ansari y con participación de INVAP, presentó un proyecto para construir en el predio de Atucha, en Lima, partido bonaerense de Zárate, un reactor modular pequeño de unos 300 MWe. La iniciativa fue comunicada tras una reunión en el Ministerio de Economía, encabezada por Luis Caputo y el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, junto al CEO de Meitner Energy Latam, Teófilo Lacroze, y el director de Asuntos Externos y Nuevos Negocios de la empresa en Argentina, Pablo Franzetti.
Según la información oficial, el proyecto contempla el desarrollo del ACR-300, un reactor SMR de Generación III+, con tecnología PWR, diseñado por ingenieros argentinos y orientado a convertirse en la primera versión comercial de ese tipo. La inversión sería íntegramente privada, demandaría unos cinco años de construcción una vez aprobada por Economía y licenciada por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), y podría ingresar al llamado Súper RIGI, el régimen de incentivos para grandes inversiones.
Caputo celebró el anuncio en redes sociales y sostuvo que la obra crearía alrededor de 2.000 puestos de trabajo directos durante las etapas de desarrollo, construcción, puesta en marcha y operación. Desde el Gobierno presentan el caso como ejemplo de un nuevo modelo: el Estado garantiza previsibilidad, ordena las reglas y el sector privado asume el riesgo de inversión.
Ese enfoque puede resultar razonable si se lo observa desde la necesidad de ampliar la matriz energética. La Argentina tiene tres centrales nucleares en operación: Atucha I, Atucha II y Embalse. Además, cuenta con una tradición de más de siete décadas en investigación, producción de radioisótopos, medicina nuclear, reactores de investigación, combustible, ingeniería especializada y formación de cuadros altamente calificados. Esa historia explica por qué una empresa privada puede mirar a la Argentina como plataforma nuclear. Pero también expone el problema: ese capital técnico no nació de la nada, sino de la inversión pública acumulada en organismos como la CNEA, INVAP, Nucleoeléctrica Argentina y el Instituto Balseiro.
Por eso el anuncio llega en el peor momento político para el Gobierno. La CNEA quedó en el centro de la polémica tras la no renovación de 61 contratos, según la versión oficial, o una ola de despidos que para gremios y diputados opositores forma parte de un proceso de vaciamiento. Las bajas impactaron en trabajadores profesionales, técnicos y administrativos, y generaron protestas en la sede central del organismo, en el barrio porteño de Núñez, donde incluso hubo presencia de Gendarmería Nacional.
Las autoridades de la CNEA intentaron minimizar el impacto y afirmaron que no se desvinculó a ingenieros nucleares ni a personal técnico estratégico, sino a contratados ingresados en 2023, en su mayoría con tareas administrativas o de asistencia. Sin embargo, gremios como ATE y la Asociación de Profesionales de la CNEA (APCNEAN) sostienen que el recorte se suma a una pérdida más profunda de capacidades, salarios deteriorados y éxodo de personal formado hacia el sector privado o el exterior.
En el Congreso, diputados de la oposición denunciaron un “plan de desmantelamiento” del sistema nuclear. La legisladora Adriana Serquis, de Unión por la Patria, impulsó un proyecto de repudio institucional y advirtió sobre una fuerte reducción presupuestaria en el organismo. Según esa presentación, el presupuesto de la CNEA habría sufrido una caída del 45,4% durante la gestión de Javier Milei, acumulando una baja del 53,8% desde su pico de 2022. También señaló un desplome en bienes de capital y una pérdida salarial que golpea de lleno sobre profesionales especializados.
El diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, también pidió explicaciones y solicitó convocar a una reunión informativa en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Su planteo apunta a conocer el alcance real de las desvinculaciones, el estado de los proyectos estratégicos y el plan del Poder Ejecutivo para el sector nuclear. Juliano fue más allá y denunció que el ajuste podría esconder una estrategia de entrega de capacidades públicas a capitales privados, nacionales o extranjeros.
La discusión se vuelve todavía más sensible por el futuro del CAREM, el reactor pequeño desarrollado por la CNEA, presentado durante años como uno de los proyectos insignia de la tecnología nuclear argentina. Para los críticos del Gobierno, el avance del reactor privado ACR-300 coincide con la parálisis o pérdida de prioridad del CAREM, lo que habilita una sospecha política: se reduce el músculo estatal mientras se promueve una alternativa privada.
Desde el oficialismo y desde algunos sectores técnicos responden que no se trata de proyectos equivalentes. Señalan que el ACR-300 apunta a una lógica comercial distinta, con capital privado, escala de 300 MWe y una tecnología orientada al mercado global de energía de base, centros de datos e industrias intensivas en consumo eléctrico. También remarcan que el CAREM arrastra problemas de costos, demoras e ingeniería pendiente. Pero aun aceptando esas diferencias, la pregunta de fondo permanece: ningún proyecto nuclear serio puede prosperar si el país pierde los recursos humanos que lo hacen posible.
El caso de Meitner Energy muestra justamente que el conocimiento argentino sigue siendo valioso. La empresa trabaja con participación de INVAP, que conserva prestigio internacional en reactores de investigación, tecnología nuclear, radares, satélites y sistemas complejos. El proyecto privado se apoya, directa o indirectamente, en una tradición tecnológica construida por el Estado argentino durante décadas. Si esa base se erosiona, el país podría pasar de ser desarrollador de tecnología a simple territorio anfitrión de negocios energéticos.
El Gobierno sostiene que la nueva política nuclear busca atraer inversiones, reordenar organismos, vincular al sector privado y transformar capacidades técnicas en empleo, exportaciones y energía limpia. Ese objetivo no debería ser desestimado. La energía nuclear vuelve a ocupar un lugar central en el mundo por la necesidad de abastecimiento estable, sin emisiones y compatible con el crecimiento de la inteligencia artificial, la minería, la industria y los grandes centros de datos.
Pero la Argentina debe evitar un falso dilema. No se trata de elegir entre inversión privada o soberanía nuclear. Se trata de definir si la inversión privada vendrá a potenciar un ecosistema nacional o a reemplazarlo después de haberlo debilitado. La diferencia es crucial. Un país puede abrirse al capital, asociarse con empresas globales y captar financiamiento sin destruir su capacidad pública de investigación, regulación, formación y control.
La CNEA no es una oficina administrativa más. Es una institución estratégica. De allí salieron conocimientos, profesionales, desarrollos y capacidades que permitieron a la Argentina ocupar un lugar singular en América Latina. Despedir o dejar ir técnicos formados durante años puede resultar contablemente conveniente en una planilla de ajuste, pero estratégicamente puede ser ruinoso.
El anuncio de la central privada en Atucha confirma que hay interés por el negocio nuclear argentino. Esa es la buena noticia. La mala es que ese interés aparece en paralelo con el deterioro del organismo que ayudó a construir la reputación que hoy atrae inversiones. Si hay oportunidades reales en el sector, el país debería cuidar más —no menos— a quienes saben operar, diseñar, investigar, regular y sostener tecnología nuclear.
En energía nuclear, las capacidades no se improvisan. Un técnico especializado no se forma en un curso de pocas semanas. Un ingeniero nuclear no se reemplaza con un contrato precario. Una cultura de seguridad no se compra llave en mano. La Argentina puede celebrar inversiones, pero no debería hacerlo mientras se desprende de los hombres y mujeres que hicieron posible que esas inversiones miren al país.
