San Nicolás – 20 Julio 2026 – Total News Agency – TNA – La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dejó firme la sentencia que responsabiliza a la empresa agroquímica Atanor por haber provocado un daño ambiental irreversible en el río Paraná, pero la decisión llegó después de doce años de litigio, cuando el agua y los sedimentos contaminados ya habían avanzado río abajo y la recomposición integral resultaba prácticamente imposible.
El pronunciamiento no solamente confirmó la responsabilidad empresarial por los vuelcos industriales. También dejó expuestas las graves deficiencias de los organismos públicos encargados de controlar una actividad química de alto riesgo instalada dentro de la ciudad de San Nicolás, junto a barrios residenciales y a orillas de uno de los cursos de agua más importantes de América del Sur.
La demora judicial y la falta de fiscalización constituyen uno de los aspectos más inquietantes del caso. Durante más de una década, vecinos y organizaciones ambientales debieron sostener denuncias, realizar estudios independientes y promover sucesivas acciones judiciales mientras la empresa continuaba operando y los organismos provinciales producían controles que ahora fueron considerados insuficientes.
El máximo tribunal bonaerense rechazó el último recurso presentado por Atanor y confirmó que sus efluentes industriales contenían atrazina en concentraciones superiores a los parámetros admitidos. La sentencia también estableció que los tratamientos utilizados por la compañía no resultaban adecuados para eliminar los compuestos contaminantes antes de su descarga al Paraná.
La causa se inició hace doce años y llegó a la Suprema Corte bonaerense en agosto de 2023. El tribunal necesitó casi tres años adicionales para dejar firme una condena que ya había determinado la existencia de contaminación, mientras en ese período se produjeron nuevos incidentes y hallazgos ambientales alrededor de la planta.
La resolución judicial consideró que el daño provocado sobre el río era irreversible porque las aguas y los sedimentos contaminados se desplazaron corriente abajo, extendiendo sus efectos sobre sectores difíciles de delimitar. La contaminación alcanzó la calidad del agua, los sedimentos y la biodiversidad acuática, desde microorganismos e invertebrados hasta peces y otras especies integrantes de la cadena alimentaria.
El Paraná constituye un corredor ecológico fundamental. Sus crecidas y bajantes conectan el cauce principal con lagunas, arroyos, islas y humedales, y permiten la alimentación, reproducción y migración de cientos de especies.
También provee agua, alimentos y recursos económicos a numerosas comunidades ribereñas. Por esa razón, la presencia de agroquímicos no representa únicamente un problema localizado en San Nicolás, sino una amenaza potencial sobre un sistema ambiental compartido por varias provincias y países.
El Estado controló tarde y de manera incompleta
El fallo ponderó el “marco de ilegalidad” en el que funcionó la empresa y las deficiencias de la Autoridad del Agua —ADA— y del Ministerio de Ambiente bonaerense, organismos que no controlaban la totalidad de los compuestos vinculados con la producción desarrollada por Atanor.
De acuerdo con el abogado ambientalista Fabián Maggi, representante de la asociación denunciante, las inspecciones oficiales omitían sustancias relacionadas directamente con la actividad de la planta. La sentencia confirmó así que el sistema público de control no resultó capaz de prevenir, detectar a tiempo ni detener la contaminación.
La falta de un parámetro normativo específico para alguna sustancia tampoco podía ser utilizada como autorización para contaminar. El tribunal admitió que el daño ambiental puede acreditarse mediante evidencia científica, niveles guía y los principios preventivo y precautorio establecidos en la legislación ambiental.
El dato evidencia una falla institucional profunda: durante años, la ausencia o insuficiencia de normas detalladas terminó favoreciendo al contaminador, cuando la obligación estatal debía ser impedir el daño antes de que se volviera irreversible.
Los controles incompletos continuaron incluso después de las primeras denuncias. Durante 2026, análisis realizados por el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente del Conicet sobre muestras recolectadas por la Autoridad del Agua detectaron residuos de glifosato, su metabolito AMPA, atrazina y otros productos degradantes en sistemas pluviales que desembocaban en el Paraná. Una de las muestras presentó concentraciones especialmente elevadas de Atrazina-Hidroxi.
También se detectó una conexión clandestina vinculada con descargas industriales, otro elemento que refuerza los cuestionamientos sobre la eficacia de las inspecciones provinciales.
Una explosión y una reapertura cuestionada
La lentitud estatal adquirió mayor gravedad después de la explosión ocurrida el 20 de marzo de 2024 en un reactor destinado a la producción de atrazina. El incidente dejó un trabajador herido, obligó a evacuar sectores cercanos y provocó denuncias de síntomas respiratorios y residuos blanquecinos sobre viviendas, vehículos, plantas y veredas.
Tras la explosión, el Ministerio de Ambiente provincial intervino y la Justicia ordenó la clausura preventiva de la planta. Sin embargo, meses después, la cartera conducida por Daniela Vilar otorgó un nuevo Certificado de Aptitud Ambiental y permitió la reactivación bajo un supuesto régimen de supervisión estricta.
El propio Ministerio aseguró en noviembre de 2024 que se habían realizado monitoreos de agua y suelo, inspecciones periódicas y más de 300 intervenciones dentro de una consulta ciudadana. También prometió publicar informes mensuales sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad.
Sin embargo, Greenpeace Argentina denunció en marzo de 2025 que la planta había vuelto a operar sin que existiera una resolución clara sobre las responsabilidades por la explosión. La organización señaló que las muestras tomadas en viviendas, veredas y suelo habían confirmado la presencia de atrazina y otros productos químicos.
Según Greenpeace, Atanor ya había sido clausurada en 2016, amplió instalaciones sin los permisos correspondientes en 2019 y recibió en 2023 una sentencia por contaminación y daños ambientales. Pese a esos antecedentes, consiguió una nueva habilitación provincial pocos meses después de la explosión.
La sucesión de clausuras, reaperturas, nuevos hallazgos y controles incompletos muestra que las autoridades actuaron principalmente después de cada incidente, en lugar de sostener una vigilancia preventiva permanente.
Una empresa vinculada con un grupo estadounidense
Atanor comenzó sus actividades en la Argentina en 1938 y desde 1997 pertenece al grupo estadounidense Albaugh, una corporación dedicada a la producción y comercialización de insumos para protección de cultivos, con presencia en más de 80 países.
Actualmente, la planta de San Nicolás se encuentra en proceso de relocalización después de que la Justicia ordenara la suspensión definitiva de la fabricación de agroquímicos en ese establecimiento. Organizaciones vecinales y ambientalistas reclaman que el desmantelamiento, la limpieza del predio y el traslado de materiales se realicen bajo monitoreo independiente y con información pública permanente.
La sentencia obliga a Atanor a recomponer el suelo y el acuífero en aquellos sectores donde la reparación todavía resulte posible. Pero sobre el río Paraná, el propio fallo reconoce que el daño ya no puede revertirse completamente.
Esa conclusión constituye la prueba más severa del fracaso estatal. La Justicia finalmente reconoció la contaminación, pero lo hizo cuando la prevención ya había fracasado y después de que el expediente atravesara doce años de tribunales.
Los vecinos denunciaron durante años olores, enterramiento de residuos, vuelcos industriales y temor por posibles consecuencias sanitarias. Organizaciones locales mencionan un elevado número de muertes por cáncer en la zona, aunque hasta el momento no existe un estudio epidemiológico integral que permita atribuir judicialmente esos casos a la actividad de Atanor.
Precisamente por esa ausencia, los demandantes reclaman una investigación sanitaria y ambiental independiente que determine durante cuánto tiempo permanecieron los contaminantes, qué extensión territorial alcanzaron y qué impacto pudieron producir sobre la población.
También cuestionan al juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo, a quien denunciaron ante el Consejo de la Magistratura por presunto mal desempeño y por las demoras acumuladas en expedientes relacionados con la compañía. Los denunciantes acudieron además a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde plantearon que la lentitud judicial vulneró la garantía de obtener una resolución en un plazo razonable.
La decisión de la Suprema Corte representa un antecedente relevante para otras causas ambientales, porque establece que la falta de un límite normativo específico no habilita los vertidos industriales y que el Estado debe actuar con criterios preventivos.
Pero el fallo también deja una conclusión incómoda: cuando la Justicia tarda doce años y los organismos de control miran solo una parte de los contaminantes, la condena puede llegar demasiado tarde.
El Paraná ya fue afectado de manera irreversible. La empresa deberá responder, pero las autoridades bonaerenses todavía deben explicar por qué no controlaron adecuadamente, por qué permitieron sucesivas reaperturas y por qué fueron los vecinos quienes debieron hacer durante más de una década el trabajo que correspondía al Estado.
