Cinco inversores que se consideran damnificados por el derrumbe de $LIBRA acudieron a la Cámara Federal de Casación Penal para recuperar su condición de querellantes después de que la Cámara Federal confirmara su exclusión del expediente. La decisión dejó la investigación prácticamente bajo el impulso del fiscal Eduardo Taiano, quien todavía espera pericias sobre la ruta de casi US$5 millones transferidos por Hayden Davis y sobre las comunicaciones recuperadas del teléfono de Mauricio Novelli. Los reclamantes sostienen que apartarlos equivale a anticipar una conclusión sobre la inexistencia de la presunta estafa cuando todavía quedan medidas centrales pendientes, entre ellas establecer el destino final del dinero y determinar el alcance de un documento recuperado del celular de Novelli que describía un presunto acuerdo por US$5 millones relacionado con la promoción del token por Javier Milei.
Buenos Aires – 17 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- La investigación judicial por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, promocionada públicamente por el presidente Javier Milei minutos antes de alcanzar una cotización extraordinaria y desplomarse posteriormente, ingresó en una etapa paradójica: mientras todavía faltan pericias destinadas a reconstruir la ruta del dinero y determinar el significado de comunicaciones consideradas sensibles, los cinco inversores que se presentaron como damnificados fueron apartados del expediente y ahora intentan regresar mediante un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Los abogados de Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo cuestionaron la resolución de la Sala I de la Cámara Federal porteña que confirmó el pasado 4 de septiembre la decisión del juez Marcelo Martínez De Giorgi de excluirlos como acusadores particulares.
La controversia comenzó con una excepción de falta de acción presentada por la defensa de Mauricio Novelli, empresario y operador vinculado con el Presidente que aparece como uno de los protagonistas centrales de la investigación. Su defensa sostuvo que las pérdidas sufridas por los compradores fueron consecuencia de la volatilidad inherente a una memecoin y no de una maniobra delictiva.
Martínez De Giorgi aceptó el planteo y posteriormente los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens ratificaron la exclusión. Los jueces consideraron que los inversores asumieron voluntariamente los riesgos inherentes a ese tipo de operación y señalaron dificultades para acreditar la titularidad de determinadas billeteras virtuales utilizadas en la red Solana, que funciona sin los mismos procedimientos tradicionales de identificación bancaria.
La Cámara sostuvo además que se había producido un debilitamiento de la teoría del caso y que la hipótesis de una presunta estafa aparecía “diluida”.
Es precisamente esa valoración la que ahora cuestionan los damnificados. Sus abogados sostienen que determinar si existió o no un engaño deliberadamente preparado constituye el objeto mismo de la investigación y que resolverlo anticipadamente para expulsar a las presuntas víctimas equivale a adelantar una conclusión cuando todavía existen medidas de prueba pendientes.
La defensa de Romeo fue especialmente crítica y calificó el razonamiento como una suerte de “sobreseimiento anticipado” de quienes están siendo investigados. Su argumento central consiste en que una cosa es asumir el riesgo económico normal de comprar un activo especulativo y otra diferente aceptar el riesgo de ser eventualmente víctima de una maniobra previamente organizada para inflar artificialmente un token y retirar posteriormente su liquidez.
Esa diferencia es fundamental para la hipótesis conocida internacionalmente como rug pull: los compradores ingresan atraídos por la expectativa generada alrededor del activo y determinados operadores, que poseen posiciones privilegiadas, retiran masivamente la liquidez después del aumento de precio, provocando su derrumbe.
Los damnificados también alegan una cuestión procesal: su derecho a intervenir ya había recibido decisiones judiciales favorables durante las primeras etapas del expediente. En marzo de 2025, la Sala II de la Cámara Federal había reconocido una interpretación amplia de la condición de ofendido durante la instrucción, y recursos posteriores contra aquella resolución no prosperaron.
Ahora será necesario determinar primero si el recurso de casación es concedido. Si la Cámara Federal lo rechaza, los abogados podrán presentarse directamente ante Casación mediante un recurso de queja.
La consecuencia práctica de su exclusión es importante. Sin querellantes particulares, la investigación queda esencialmente bajo el impulso del fiscal federal Eduardo Taiano, cuya actuación fue cuestionada reiteradamente por representantes de los damnificados debido al ritmo de determinadas medidas de prueba.
Taiano aguarda actualmente resultados considerados decisivos para establecer qué ocurrió alrededor del lanzamiento de $LIBRA el 14 de febrero de 2025.
Uno de los puntos centrales es reconstruir la trazabilidad de aproximadamente US$5 millones transferidos por Hayden Mark Davis, empresario estadounidense relacionado con la creación y lanzamiento del token. La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) había recibido parte del trabajo técnico, aunque surgieron dificultades operativas vinculadas con las licencias necesarias para determinadas herramientas de análisis blockchain.
La ruta de ese dinero adquirió particular importancia después de que investigaciones periodísticas reconstruyeran transferencias realizadas por Davis hacia una estructura financiera en la que operaba Novelli. La Justicia intenta establecer quiénes fueron los beneficiarios finales y si esos movimientos tuvieron relación con el lanzamiento y la promoción presidencial de $LIBRA.
Otro elemento sensible surgió precisamente del teléfono celular de Novelli.
Un análisis realizado por especialistas de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) recuperó una nota redactada en inglés tres días antes del lanzamiento de la criptomoneda. El texto describía un supuesto acuerdo por US$5 millones vinculado con diferentes acciones que involucraban a Milei y a Davis.
El documento contemplaba tres etapas por US$1,5 millones, otros US$1,5 millones y finalmente US$2 millones, en efectivo o tokens, relacionadas según el texto con anuncios públicos y eventuales acuerdos de asesoramiento.
Una pericia posterior confirmó que ese contenido estuvo efectivamente alojado en la aplicación Apple Notes del teléfono de Novelli y que el usuario del dispositivo interactuó con la nota mediante apertura, edición o modificación.
Ese resultado, sin embargo, tiene un límite probatorio relevante: los especialistas no pudieron acreditar que el documento hubiera sido enviado a terceros ni que el supuesto acuerdo hubiera sido efectivamente aceptado o ejecutado. La existencia del texto constituye un elemento incorporado al expediente, pero establecer qué representa y si tuvo correspondencia con hechos posteriores continúa siendo parte de la investigación.
La secuencia temporal constituye otro punto bajo análisis. Los peritajes realizados sobre comunicaciones de Novelli detectaron contactos telefónicos con Milei en las inmediaciones temporales del lanzamiento de $LIBRA, circunstancia que los investigadores intentan relacionar con las restantes evidencias sin convertir por sí sola una comunicación en prueba de participación criminal.
El episodio comenzó la noche del 14 de febrero de 2025, cuando Milei publicó en su cuenta de X un mensaje promocionando el denominado “Viva La Libertad Project”, presentado como una iniciativa privada destinada a financiar emprendimientos argentinos.
La publicación presidencial produjo inmediatamente una explosión de demanda. El precio del token pasó desde valores mínimos hasta rozar los cinco dólares y alcanzó una capitalización de varios miles de millones antes de desplomarse abruptamente en cuestión de horas después de ventas masivas realizadas por determinadas billeteras.
Milei eliminó posteriormente la publicación y sostuvo que había difundido una iniciativa privada que consideró interesante, pero que no había participado en su desarrollo ni poseía conocimiento detallado sobre el proyecto.
La investigación judicial intenta determinar algo diferente de la responsabilidad política por aquella publicación: si existió una maniobra delictiva previamente organizada, quiénes participaron, qué información poseían antes del lanzamiento, cómo se distribuyeron los beneficios y si hubo pagos o contraprestaciones relacionados con el acceso al Presidente o con la promoción del activo.
En ese contexto, la discusión sobre los querellantes deja de ser una cuestión meramente procesal. Si Casación permite su regreso, los inversores podrán nuevamente solicitar medidas, recurrir decisiones, acceder al expediente y presionar por la producción de pruebas. Si queda firme su exclusión, la conducción de la acusación continuará fundamentalmente concentrada en el Ministerio Público Fiscal.
Los abogados de los afectados sostienen además que exigirles mecanismos tradicionales para demostrar la propiedad de billeteras descentralizadas desconoce precisamente la arquitectura tecnológica de las criptomonedas. En el caso de Romeo, su defensa afirma haber aportado actas notariales en las que una escribana certificó el acceso a cuentas de Phantom y Lemon, junto con datos personales y registros de operaciones.
El expediente deberá resolver simultáneamente dos preguntas que avanzan por carriles diferentes pero terminarán inevitablemente encontrándose. Una es procesal: quiénes tienen derecho a impulsar la acusación. La otra es sustancial: qué ocurrió con el dinero.
Esta segunda cuestión puede resultar determinante. Las pericias sobre las transferencias de Davis, las billeteras relacionadas con el lanzamiento, las comunicaciones de Novelli y el documento de los US$5 millones podrían establecer si la secuencia que rodeó a $LIBRA fue simplemente la historia de una inversión extraordinariamente especulativa que terminó mal o si existió detrás una organización previa destinada a beneficiarse del impulso que proporcionaría la intervención pública del Presidente.
Mientras Casación comienza a recibir los recursos de quienes reclaman volver al expediente, Taiano continúa esperando resultados técnicos sobre una investigación que ya lleva más de un año y medio. La próxima novedad relevante podría no surgir de una declaración política ni de una audiencia judicial, sino de las herramientas de análisis blockchain: reconstruir hasta el último destino de los casi US$5 millones enviados por Hayden Davis permitirá establecer quién recibió finalmente esos fondos y si la ruta digital del dinero consigue responder una de las preguntas que permanece abierta desde aquella noche del 14 de febrero de 2025.
Fuentes consultadas: Agencia Noticias Argentinas; Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires; Cámara Federal de Casación Penal; Fiscalía Federal a cargo de Eduardo Taiano; DATIP; UFECI; actuaciones judiciales de la causa $LIBRA; Infobae; La Nación; El País; Chequeado.
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