Buenos Aires, 15 de abril de 2026-Total News Agency-TNA- La causa por presunto enriquecimiento ilícito que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este miércoles un capítulo especialmente sensible con la declaración en Comodoro Py de Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, las dos mujeres que financiaron con una hipoteca privada de US$ 200.000 la compra del departamento de la calle Miró al 500, en Caballito. La operación quedó bajo la lupa porque el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti, escrituraron la propiedad en noviembre de 2025 por US$ 230.000, aportaron apenas US$ 30.000 al contado y pactaron devolver el resto un año después, sin intereses, en una modalidad que la fiscalía ahora busca desarmar pieza por pieza.
El dato político y judicial más incómodo para el oficialismo es que la investigación ya no gira solamente alrededor de una escritura o de una formalidad notarial, sino de la trazabilidad real del dinero. Viegas llegó incluso antes de la hora prevista a los tribunales federales, mientras el fiscal Gerardo Pollicita avanzó con un requerimiento concreto: que tanto ella como Sbabo aporten sus teléfonos celulares para analizar llamadas, mensajes, audios, correos e imágenes vinculadas con la operación. El objetivo es reconstruir quién habló con quién, cómo se armó el negocio y si las explicaciones patrimoniales cierran. La presencia del abogado de Adorni, Matías Ledesma, en las audiencias terminó de confirmar que para la defensa también se trata de una jornada clave.
La operatoria que analiza la fiscalía tiene varios puntos que explican el creciente interés judicial. Según declaró la escribana Adriana Mónica Nechevenko, no hubo “préstamo de dinero en efectivo”, sino una “compra venta con hipoteca por saldo de precio”, una forma de financiamiento directo entre vendedores y compradores. Pero aun bajo esa explicación, el esquema sigue generando preguntas difíciles: las dos mujeres financiaron casi el 87% del valor total del inmueble, el crédito fue pactado sin interés y, según la propia escribana, el hijo de una de las acreedoras sería amigo de Adorni “porque los chicos van al mismo colegio”. Para el expediente, ese vínculo no es un dato menor: es una de las llaves para entender cómo llegó al funcionario un financiamiento tan extraordinario en plena función pública.
La historia del departamento, además, no arranca con las jubiladas. El ex futbolista Hugo Morales, anterior dueño del inmueble, ya declaró en la causa y sostuvo que vendió esa propiedad en abril de 2025 por US$ 200.000 a las dos mujeres que meses después terminaron transfiriéndosela a Adorni y a Angeletti por US$ 230.000. Esa secuencia, junto con los allanamientos en la inmobiliaria Rucci y la citación a nuevos testigos, amplió el foco de la fiscalía sobre toda la cadena de intermediación del departamento de Caballito. La sospecha ya no se agota en la compra final: apunta también a la mecánica previa, los contactos y el recorrido del bien antes de aterrizar en manos del jefe de Gabinete.
El caso tampoco está aislado del resto del expediente. La semana pasada ya habían declarado Graciela Isabel Molina y su hija Victoria María José Cancio, las otras dos mujeres que otorgaron otro financiamiento privado al funcionario para una operación vinculada a Parque Chacabuco e Indio Cuá. Según esas testimoniales, fue la primera vez que participaban de una hipoteca de ese tipo, dijeron haber conocido a Adorni recién el día de la entrega del dinero y afirmaron que aún les debe US$ 70.000 más intereses. Ese antecedente agrava la situación del jefe de Gabinete porque muestra un patrón repetido: dos operaciones inmobiliarias relevantes, ambas atravesadas por financiamiento privado de terceros y con un mismo nexo notarial.
Por eso el expediente se fue ensanchando. La causa se inició tras denuncias que apuntaron al viaje en avión privado a Punta del Este, a inconsistencias en las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción y a un incremento patrimonial que la diputada Marcela Pagano consideró desproporcionado respecto de los ingresos del funcionario. En ese marco, el juez Ariel Lijo levantó el secreto fiscal y bancario de Adorni, de su esposa y de varias acreedoras para que la fiscalía pueda revisar movimientos, gastos, ingresos, cuentas y documentación patrimonial. Además, siguen en carpeta otras medidas sobre los viajes al exterior, la casa del country Indio Cuá y las refacciones allí realizadas.
La foto política que deja este miércoles es difícil para la Casa Rosada. Adorni sigue sosteniendo que no dejará el cargo y el presidente Javier Milei lo mantiene bajo protección política. Pero mientras el Gobierno intenta blindarlo, el expediente avanza sobre un terreno que cada semana luce más comprometedor: ya no se discute solo si hubo un negocio inmobiliario atípico, sino si el patrimonio y el nivel de vida del jefe de Gabinete pueden ser explicados de forma consistente con sus ingresos declarados. Y en esa discusión, la palabra de las dos mujeres que pusieron los US$ 200.000 para Caballito aparece hoy como una pieza central.
