Buenos Aires, 17 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- Una investigación periodística reveló presuntas irregularidades graves en la compra de un avión Embraer ERJ-140LR por parte de la Fuerza Aérea Argentina (FAA), adquirido por US$4.085.000 a la firma estadounidense Regional One Inc., en una licitación veloz, impugnada por un competidor y bajo sospechas de direccionamiento, sobreprecio y fallas técnicas detectadas durante la inspección. Imagen: Gustavo Javier Valverde, jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, con el T-94 “55 Héroes”, comprado con sobreprecio
Según la documentación citada por Clarín, la aeronave habría costado US$1.785.000 más que otra unidad similar, ofrecida meses después por el mismo proveedor internacional en mejores condiciones por US$2.300.000. La diferencia alimenta una pregunta incómoda: por qué el Estado argentino pagó casi el doble por un avión usado, con elevado historial de vuelo, observaciones técnicas y elementos faltantes.
El proceso licitatorio fue la Licitación Pública en el Exterior 40/03-002-LPU25, iniciada el 6 de mayo de 2025 para la compra de una “aeronave de transporte mediano”. El requerimiento fue impulsado por el comodoro Pedro Rolando Largel, ingeniero y jefe del departamento de mantenimiento de material aéreo. Esa decisión ya aparece como una primera rareza, porque, de acuerdo con fuentes aeronáuticas citadas en la investigación, no se trataba de un jefe de flota ni de un responsable operacional directamente vinculado con la necesidad de ampliar la capacidad de transporte.
De acuerdo con el expediente reconstruido, Largel justificó la compra por la necesidad de incrementar la capacidad de transporte de la Primera Brigada Aérea y mejorar la conectividad del territorio nacional. Sin embargo, el planteo llama la atención porque no pertenecía a Líneas Aéreas del Estado (LADE) ni ocupaba un cargo naturalmente asociado a la planificación operativa de rutas o capacidades de transporte.
La sospecha interna apuntaría a que Largel habría actuado por indicación de superiores. La investigación menciona al brigadier Francisco Edgardo Leguiza, actual comandante de Material de la FAA y director de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), como quien habría convalidado los requerimientos técnicos, aunque la solicitud formal quedó firmada por otro oficial.
Otro nombre clave es el de Daniel Sergio Burlas, civil incorporado como asesor técnico especializado de la Fuerza Aérea. Según la investigación, habría participado en la confección previa de las especificaciones técnicas y aparece asociado a otras operaciones de adquisición de aeronaves. La nota también menciona al exjefe del Estado Mayor, brigadier Xavier Julián Isaac, como figura de peso en el esquema que derivó en compras anteriores a Regional One Inc.
El circuito administrativo también incluyó al brigadier Álvaro José Daniele, director general de Intendencia; al comodoro Pedro Antonio Orgambide, director general de Asuntos Jurídicos; al brigadier Rubén Ángel Morado, responsable de administración financiera; y al brigadier Fabián Capellino, director general de planes, programas y presupuesto. Según la reconstrucción, cada área habría aportado una pieza del engranaje: necesidad técnica, marco legal, disponibilidad financiera y validación presupuestaria.
El presupuesto asignado inicialmente fue de US$3,9 millones, justo por debajo de los US$4 millones, umbral a partir del cual se requeriría mayor intervención del Ministerio de Defensa. Finalmente, la operación superó ese monto y llegó a US$4.085.000, con aprobación del excedente. Ese detalle es especialmente sensible porque, en compras públicas, los límites presupuestarios no son una formalidad: determinan niveles de control, autorización y trazabilidad.
La licitación fue publicada el 30 de mayo de 2025 en la página de la Agregaduría Aeronáutica en Estados Unidos y en el sistema Compr.Ex. El cierre de ofertas fue fijado para el 13 de junio, apenas dos semanas después. Para especialistas del mercado aeronáutico, ese plazo resulta extremadamente breve para una adquisición de esta complejidad. En operaciones internacionales de aviones usados, se requiere tiempo para revisar documentación, historial técnico, registros de mantenimiento, horas de vuelo, motores, componentes, inspecciones pendientes y condiciones de entrega.
La empresa Fenix Aviation Corp. pidió una prórroga de al menos quince días corridos por la complejidad técnica y logística del proceso. Pero la FAA rechazó la extensión. Sin embargo, por errores administrativos, la fecha terminó publicada como 16 de junio, lo que generó una prórroga involuntaria de tres días. Esa desprolijidad permitió que se presentara un segundo oferente: Alpha Aviation Group LLC.
El punto más delicado llegó con una circular aclaratoria emitida el 5 de junio, en la que la Fuerza Aérea especificó que los únicos modelos aceptados eran ERJ-140LR, ERJ-145LR y ERJ-145XR. Esa precisión dejó afuera alternativas que podían cumplir una función similar, pero no estaban listadas de manera taxativa. Para fuentes consultadas por la investigación, esa circular habría servido para restringir la competencia y favorecer a quien ya tenía preparada la aeronave deseada.
La sospecha se refuerza con otro dato: Regional One Inc. presentó su oferta apenas seis días después de publicada la licitación. En cambio, Alpha Aviation Group LLC presentó una aeronave Embraer ERJ-145MP, una versión de propósito militar, por US$3.820.000, pero fue desestimada porque no coincidía con los modelos cerrados en el pliego, pese a tener un precio inferior.
La oferta ganadora fue la de Regional One Inc., con un Embraer ERJ-140LR, modelo de transporte regional de la familia Embraer ERJ, capaz de llevar alrededor de 44 pasajeros y con un alcance aproximado de entre 1.630 y 1.650 millas náuticas, según configuraciones y fuentes técnicas. Se trata de una aeronave útil para transporte mediano, movilidad táctica, apoyo logístico y conectividad, pero su conveniencia depende de estado, precio, historial y costos futuros de mantenimiento.
El propio Ministerio de Defensa había destacado en 2024 la incorporación del Embraer ERJ-140LR T-95 “Vuelo del Pampero”, al señalar que ese tipo de avión permitía incrementar la capacidad de transporte aéreo operacional y podía utilizarse tanto en operaciones militares como en apoyo a la comunidad y ayuda humanitaria. Es decir, la necesidad de contar con aeronaves medianas puede ser razonable; lo que ahora queda bajo sospecha es el modo concreto de compra, el precio pagado y el estado de la unidad adquirida.
La inspección técnica realizada el 24 de junio de 2025 en Springfield, Missouri, reveló problemas relevantes. La comisión de la Fuerza Aérea Argentina habría encontrado faltantes de equipamiento esencial, como la escalera de acceso; componentes canibalizados de otras unidades; gran acumulación de horas de vuelo, con 33.516 horas desde salida de fábrica; historial de uso severo; menor capacidad de plazas que el avión ofertado por la competencia; y diversos signos de deterioro.
Entre las observaciones detalladas figuran óxido y corrosión en frenos del lado izquierdo y pernos de ruedas del tren de aterrizaje principal izquierdo; posibles fugas de aceite en el motor de arranque y en el actuador del alerón derecho; manchas de combustible en el ala izquierda; desgaste excesivo en ambos yugos de control; faltantes de audífonos en cabina; y deterioro del revestimiento del piso. Son detalles que, en aviación, no pueden ser minimizados: cada elemento técnico incide en seguridad, costos de puesta en servicio y mantenimiento futuro.
El dato más llamativo es que la aeronave ya habría estado pintada con el esquema de la Fuerza Aérea Argentina antes de ser formalmente adjudicada. Según la investigación, el avión estaba pintado desde 2023 y sólo restaba colocarle el número de matrícula. Si ese extremo se confirma documentalmente, la licitación quedaría bajo una sombra todavía más pesada: la de un procedimiento armado para formalizar una decisión que ya estaba tomada.
El 9 de julio de 2025, Alpha Aviation Corp. impugnó el dictamen de evaluación. La Fuerza Aérea le exigió el pago de US$180.000 en concepto de garantía de impugnación. La empresa se negó, al considerar que ese requisito, en ese contexto, restringía el acceso a un mecanismo legal de revisión y control. Según una fuente interna citada por la investigación, documentos vinculados a esa impugnación habrían sido omitidos deliberadamente del expediente electrónico.
El eventual sobreprecio es el núcleo económico del escándalo. En agosto de 2025, un proveedor internacional pidió cotización a Regional One Inc. por una aeronave de características similares. La respuesta habría sido de US$2.300.000 llave en mano, por una unidad comparable e incluso en mejor estado. La FAA, en cambio, pagó US$4.085.000 por una unidad con observaciones técnicas. La diferencia fue de US$1.785.000.
En términos porcentuales, la brecha se acerca al 78% sobre el valor de referencia de US$2,3 millones, aunque la investigación también menciona sobreprecios cercanos al 50% según criterios de comparación de mercado. En cualquier caso, la diferencia es demasiado importante para ser explicada por una simple variación técnica, salvo que existan mejoras, equipamiento, logística, garantías o condiciones contractuales que no hayan sido transparentadas públicamente.
Otro elemento de preocupación es la forma de pago mediante una cuenta escrow. Este tipo de cuenta puede ser útil en transacciones internacionales porque permite que un tercero retenga fondos hasta que se cumplan condiciones acordadas entre comprador y vendedor. Pero también puede dificultar la trazabilidad cuando los términos contractuales no son públicos o cuando se utiliza para ocultar flujos, comisiones o beneficiarios finales. En compras estatales, la transparencia del circuito financiero es tan importante como el precio de la aeronave.
El caso no aparece aislado. Clarín informó que irregularidades similares habrían sido detectadas en otras adquisiciones de la Fuerza Aérea, entre ellas el Boeing 737-700, matrícula T-99, comprado por unos US$8 millones; un Saab SF-340, matrícula T-34, por US$2,1 millones; y dos Embraer ERJ-140LR, matrículas T-95 y T-96, comprados en 2023 también a Regional One Inc. por US$6.856.200.
La compra de esos dos Embraer ERJ-140LR ya había sido informada por medios especializados en defensa. Pucará Defensa indicó en diciembre de 2023 que la Fuerza Aérea Argentina había firmado el contrato con Regional One Inc. por US$6.856.200, para incorporar dos unidades destinadas a fortalecer la capacidad de transporte. Infodefensa también reportó la llegada del primer ejemplar, matrícula T-95, en febrero de 2024.
La pregunta de fondo es si la Argentina estaba comprando aviones necesarios para recuperar capacidades o si, bajo esa necesidad legítima, se montó un esquema de compras direccionadas, precios inflados y controles debilitados. Ambas cosas pueden coexistir: la Fuerza Aérea necesita medios, pero esa necesidad no puede ser usada como excusa para licitaciones veloces, pliegos a medida o pagos superiores al valor de mercado.
Desde una mirada institucional, el caso exige una auditoría profunda del Ministerio de Defensa, de la Sindicatura General de la Nación, de los organismos de control y, eventualmente, de la Justicia Federal. No alcanza con responder que el avión vuela o que la Fuerza lo necesitaba. La cuestión es si el Estado pagó lo correcto, si compitieron todos los oferentes posibles, si la inspección técnica fue independiente y si los funcionarios actuaron en defensa del interés público.
También corresponde revisar la cadena de responsabilidades. En una compra internacional de más de US$4 millones, nadie decide solo. Hay requerimientos técnicos, dictámenes jurídicos, validaciones presupuestarias, inspecciones, aprobaciones financieras y adjudicaciones. Cada firma en el expediente tiene valor administrativo y cada omisión puede tener consecuencias.
El daño potencial no es sólo económico. Cuando una fuerza armada compra mal, pierde el Estado, pierden los contribuyentes y pierde la defensa nacional. Un avión en mal estado implica más costos de mantenimiento, menor disponibilidad operativa, riesgos de seguridad y recursos que podrían haberse destinado a repuestos, entrenamiento, infraestructura o mejores condiciones para el personal militar.
La Argentina necesita recuperar capacidades militares, especialmente después de años de desinversión. Pero precisamente por eso cada dólar debe cuidarse con rigor. La defensa nacional no se fortalece con compras opacas, sino con planificación seria, competencia real, controles técnicos independientes y contratos transparentes. Comprar caro y mal no es patriotismo: es debilitar a la Fuerza que se dice querer fortalecer.
El caso también golpea políticamente al área de Defensa, que viene acumulando cuestionamientos por problemas de gestión, reclamos salariales, crisis en el IOSFA y tensiones internas. La compra del Embraer ERJ-140LR suma ahora un capítulo delicado: la sospecha de que parte del presupuesto militar pudo haber sido usado de manera ineficiente o irregular en operaciones con proveedores recurrentes.
Por ahora, las irregularidades expuestas son denuncias periodísticas y elementos documentales que deberán ser investigados por las autoridades competentes. No hay una condena judicial ni una determinación penal firme. Pero la gravedad de los datos exige respuestas oficiales rápidas: publicación completa del expediente, informe técnico de inspección, comparación de precios de mercado, detalle del contrato escrow, justificación del plazo licitatorio y explicación sobre la aeronave presuntamente pintada antes de la adjudicación.
La transparencia es la única salida razonable. Si la compra fue correcta, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea Argentina deberían poder demostrarlo con papeles. Si no lo fue, corresponde identificar responsables y recuperar lo que el Estado haya pagado de más.
La defensa nacional es demasiado importante para quedar en manos de licitaciones sospechadas. Y la Fuerza Aérea Argentina, una institución con historia, prestigio y hombres que dieron la vida por el país, no merece ser utilizada como pantalla de negocios opacos. En tiempos de ajuste, déficit cero y reclamo de austeridad al ciudadano común, pagar casi el doble por un avión usado y observado técnicamente sería, de confirmarse, un escándalo inadmisible.
