Buenos Aires, 24 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, podría ingresar en una etapa decisiva en las próximas semanas. El juez federal Ariel Lijo evalúa citarlo a declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno, en el marco de una investigación que combina sospechas de presunto enriquecimiento ilícito, posibles dádivas, contratos bajo análisis con la TV Pública y movimientos patrimoniales que no terminan de cerrar frente a sus ingresos declarados.
El expediente, impulsado junto al fiscal Gerardo Pollicita, ya no gira únicamente alrededor de una discusión política o mediática. En Comodoro Py aguardan el resultado de las últimas medidas de prueba antes de definir si el funcionario deberá sentarse formalmente ante el juez. Una eventual indagatoria marcaría un salto procesal fuerte: implicaría que la causa alcanzó un grado de avance suficiente para que la Justicia considere que existen elementos de sospecha sobre la posible comisión de delitos.
El foco principal está puesto en la relación entre Adorni y el productor televisivo Marcelo Grandio, dueño de la productora Imhouse, empresa que mantiene contratos con la TV Pública. El funcionario definió públicamente a Grandio como un amigo cercano. Pero esa amistad quedó bajo la lupa judicial a partir del viaje que Adorni realizó junto a su familia a Punta del Este, durante el fin de semana largo de Carnaval, a bordo de un avión privado.
Aunque Adorni sostuvo reiteradamente que el traslado fue abonado con dinero propio, distintos documentos incorporados al expediente complicaron esa versión. El broker aeronáutico Agustín Issin Hansen declaró ante la Justicia que el vuelo fue reservado y pagado por Grandio, quien además habría recibido la facturación correspondiente a través de su productora Imhouse.
Según la reconstrucción incorporada a la causa, la empresa Alpha Centauri facturó el tramo de ida directamente a Imhouse, mientras que el regreso fue posteriormente facturado por 3.000 dólares a Grandio. “El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio”, afirmó Issin Hansen ante la Justicia, una declaración que contradice la explicación pública del jefe de Gabinete.
El problema no es menor. Si se comprobara que un empresario con contratos o intereses vinculados a medios estatales pagó o gestionó un beneficio económico para un funcionario con influencia política sobre el área, la causa podría avanzar sobre la hipótesis de dádivas o de eventuales irregularidades administrativas. Y si, además, existieron contratos renovados o adjudicados en favor de la productora, la investigación podría escalar hacia un análisis más amplio de tráfico de influencias o negociaciones incompatibles.
En paralelo, el juzgado ordenó cruces telefónicos entre los dispositivos de Grandio, Adorni y Horacio Silva, socio fundador de Imhouse, para determinar si existieron comunicaciones coincidentes con la firma o tramitación de contratos entre la productora y la TV Pública. También se analiza la geolocalización de los teléfonos para reconstruir posibles encuentros y vínculos operativos.
Los convenios bajo sospecha incluyen producciones televisivas, programas radiales y ciclos de streaming emitidos en medios estatales. Entre ellos aparecen La caja de Pandora, Giros en Línea Recta, Enredados, La Sala y Gritalo Mundial, este último conducido por Marcelo Grandio.
La pesquisa también avanza sobre el patrimonio personal del jefe de Gabinete. Uno de los puntos centrales es una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, cuya adquisición y posterior remodelación encendieron alertas por el origen de los fondos utilizados. De acuerdo con la información incorporada al expediente, la vivienda habría sido escriturada en noviembre pasado por aproximadamente 120.000 dólares, a lo que se sumarían gastos por unos 245.000 dólares en remodelaciones integrales y mobiliario.
Parte de esas obras, según consta en la investigación, habría sido realizada sin facturación formal. Ese dato resulta especialmente sensible porque, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, la Justicia no sólo mira el patrimonio declarado, sino también los gastos, mejoras, consumos, viajes, pagos en efectivo y compromisos asumidos por el funcionario y su grupo familiar.
A ese escenario se sumó otro dato incómodo: Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, registraron consumos y gastos por más de $85,1 millones con tarjetas de crédito durante 2025, a un promedio de $7,1 millones por mes, cuando el sueldo bruto del funcionario ascendía a $3,5 millones y ella figuraba como monotributista. Desde diciembre de 2023 hasta marzo de 2026, el matrimonio acumuló consumos por más de $176 millones en tarjetas Visa, American Express y Mastercard, sin registrar atrasos ni mora.
Ese punto no implica por sí mismo una irregularidad penal, pero sí abre una pregunta clave para los investigadores: cuál fue el verdadero flujo de fondos que permitió sostener ese nivel de gastos, viajes, refacciones, operaciones inmobiliarias e hipotecas privadas. En otras palabras, la Justicia no analiza solamente si las tarjetas fueron pagadas, sino de dónde salió el dinero para pagarlas.
Los registros financieros muestran que el matrimonio canceló sus tarjetas mediante débitos bancarios, pero recurrió a dólares en efectivo para otros gastos relevantes, entre ellos viajes, reservas inmobiliarias y refacciones. Esa combinación de pagos bancarizados y operaciones en efectivo es uno de los puntos que más interesa en el expediente.
También se investiga la existencia de compromisos inmobiliarios e hipotecas privadas vinculadas a departamentos en Asamblea y Caballito, además de gastos de remodelación y mobiliario en Indio Cuá. La pregunta de fondo sigue siendo la misma: si los ingresos declarados resultan compatibles con el crecimiento patrimonial y el nivel de vida registrado desde la llegada de Adorni a la función pública.
Otro frente judicial apunta al presunto uso de efectivos de la Gendarmería Nacional para custodiar el ingreso al country donde reside el funcionario. Si se comprobara que agentes federales fueron destinados a tareas de seguridad personal ajenas a funciones oficiales, podría configurarse el delito de peculado por utilización indebida de recursos públicos.
La eventual citación a indagatoria tendría, además, un fuerte impacto político. Adorni no es un funcionario menor. Fue la voz diaria del gobierno de Javier Milei, luego ascendió a jefe de Gabinete y se convirtió en uno de los rostros más visibles del oficialismo. Su situación judicial golpea directamente sobre la narrativa de austeridad, transparencia y combate a la casta que el Gobierno utilizó como bandera desde la campaña.
El caso también incomoda a La Libertad Avanza en un momento de fuerte tensión interna. Mientras el oficialismo intenta ordenar sus peleas entre sectores enfrentados, la causa contra Adorni amenaza con convertirse en un problema institucional de primer orden. Una indagatoria antes de la feria judicial de invierno colocaría al jefe de Gabinete en una situación política difícil de sostener, sobre todo si luego el juez avanzara hacia un procesamiento.
En Comodoro Py evalúan que un llamado a indagatoria no sería una decisión menor ni meramente formal. Si Lijo adopta esa medida, será porque entiende que ya existen elementos suficientes para que Adorni dé explicaciones como imputado frente a hechos concretos. En términos políticos, eso equivaldría a un golpe directo sobre la línea de flotación del gabinete nacional.
La Casa Rosada, por ahora, intenta evitar que el caso marque la agenda. Pero el expediente sigue acumulando medidas de prueba, testimonios, documentación financiera, cruces telefónicos, contratos estatales y datos patrimoniales. El problema para Adorni es que las preguntas se multiplican: quién pagó realmente el avión privado, qué relación existía entre Grandio, Imhouse y la TV Pública, cómo se financiaron las refacciones de Indio Cuá, de dónde salieron los fondos para sostener consumos millonarios y si se utilizaron recursos públicos para fines privados.
La investigación todavía debe atravesar pasos procesales relevantes y el funcionario conserva, como cualquier imputado, su derecho de defensa. Pero el cuadro judicial se volvió más delicado. La causa ya no depende de una sola línea investigativa, sino de varios frentes que empiezan a converger sobre el mismo punto: la correspondencia entre poder, vínculos privados, contratos estatales y patrimonio personal.
Para el Gobierno, el caso representa un riesgo mayor. Si el jefe de Gabinete termina citado a indagatoria, Milei deberá decidir si lo sostiene como símbolo de resistencia política o si evita que la causa contamine al resto de la administración. En cualquier escenario, la situación de Adorni dejó de ser un ruido lateral y pasó a convertirse en uno de los expedientes más sensibles para la estabilidad política del oficialismo.
