Por Darío Rosatti
Buenos Aires, 3 de junio de 2026 – Total News Agency – TNA-El gobierno de Donald Trump propuso aplicar aranceles adicionales a las importaciones provenientes de 60 países, entre ellos Argentina, luego de determinar que esas economías no habrían hecho lo suficiente para impedir el comercio de bienes producidos mediante trabajo forzoso. La medida, impulsada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), podría alcanzar a la Argentina con una tasa adicional del 10% si finalmente es aprobada tras la audiencia prevista para el 7 de julio.
El anuncio encendió una luz amarilla en la relación entre Washington y Buenos Aires, justo cuando el gobierno de Javier Milei venía exhibiendo el vínculo con Trump como uno de sus principales activos diplomáticos. El dato político es incómodo: mientras la Casa Rosada presenta a la alianza con Estados Unidos como estratégica, la administración republicana incluyó a la Argentina en una investigación comercial bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta dura que permite sancionar prácticas consideradas perjudiciales para el comercio estadounidense.
Formalmente, el argumento de Washington es el trabajo forzoso. El USTR, encabezado por Jamieson Greer, sostuvo que la falta de controles eficaces sobre importaciones producidas bajo esas condiciones genera una competencia desleal contra trabajadores y empresas estadounidenses. Según el organismo, los países que tengan prohibiciones o compromisos parciales contra el ingreso de bienes producidos mediante trabajo forzoso podrían recibir una alícuota adicional del 10%, mientras que los demás enfrentarían una tasa del 12,5%.
La Argentina aparece dentro del primer grupo, dado que en febrero firmó con Estados Unidos un acuerdo recíproco de comercio e inversiones que incluyó compromisos vinculados a la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso. Ese pacto fue rubricado en Washington por Greer y el canciller Pablo Quirno, y había sido presentado como un avance clave en la nueva etapa de acercamiento bilateral entre Milei y Trump.
Sin embargo, la inclusión argentina en la lista deja abierta una pregunta inevitable: ¿el motivo real es sólo el trabajo forzoso o también hay otros factores de fondo que empiezan a incomodar a Estados Unidos, como licitaciones opacas, disputas en sectores estratégicos, la Hidrovía, el narcotráfico, la corrupción y la transparencia institucional?
La pregunta no es menor. En los últimos meses, distintos actores políticos, empresariales y judiciales pusieron la lupa sobre procesos sensibles del gobierno de Milei, especialmente la licitación de la Vía Navegable Troncal, conocida como Hidrovía Paraná-Paraguay, considerada una de las concesiones más importantes de la administración libertaria. Por allí circula cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas y se juega un negocio de peajes, dragado, balizamiento, logística y control estratégico del comercio exterior.
La Hidrovía no es una obra más. Es la autopista fluvial por la que sale buena parte de la riqueza productiva del país y por donde también se concentran preocupaciones históricas por contrabando, subfacturación, evasión, lavado, narcotráfico y falta de controles estatales eficaces. Para Estados Unidos, que observa con creciente atención la expansión de China en puertos, logística e infraestructura regional, cualquier licitación opaca en ese corredor puede tener lectura económica, comercial y de seguridad nacional.
Los antecedentes recientes tampoco ayudan. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) había señalado objeciones sobre el proceso licitatorio de la Hidrovía, incluyendo cuestionamientos a cláusulas anticorrupción, evaluación de ofertas, cesión contractual y falta de estudios ambientales suficientes. Empresas competidoras también deslizaron reparos sobre transparencia y condiciones del pliego, en una disputa que excede el plano técnico y llega al corazón del vínculo entre inversión privada, Estado y control de infraestructura crítica.
En ese contexto, la sanción propuesta por Trump contra la Argentina puede leerse de dos maneras. La primera, estrictamente formal, es que el país quedó alcanzado dentro de una ofensiva global de Estados Unidos para reconstruir su política arancelaria después de un fallo adverso de la Corte Suprema norteamericana. La segunda, más política, es que Washington podría estar usando el argumento del trabajo forzoso como una herramienta de presión más amplia sobre socios que considera alineados en el discurso, pero todavía débiles en materia de enforcement, transparencia y control de cadenas estratégicas.
El propio comunicado del USTR sostiene que la omisión de socios comerciales a la hora de impedir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso es “inaceptable” porque obliga a los trabajadores estadounidenses a competir en condiciones desiguales. Greer fue más allá y afirmó que Estados Unidos ya no tolerará esa disparidad, aun cuando algunos países hayan adoptado medidas iniciales o compromisos dentro de acuerdos comerciales.
La ofensiva se inscribe en una estrategia más amplia de Trump para recuperar parte de los aranceles globales que la Corte Suprema anuló el 20 de febrero, cuando dictaminó que el presidente se había excedido en su autoridad al invocar poderes de emergencia para imponer gravámenes recíprocos a nivel mundial. La nueva vía elegida es la Sección 301, un instrumento clásico de presión comercial que ya fue utilizado por administraciones republicanas y demócratas contra prácticas consideradas injustas.
El informe del USTR señala que sus investigaciones comenzaron el 12 de marzo y alcanzaron a 60 economías, incluidas Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, México, Japón, Reino Unido, Unión Europea, India, Israel, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Australia, Taiwán y varios países de Medio Oriente, Asia, África y América Latina.
Según análisis de agencias internacionales, el USTR buscaría aplicar un 10% adicional a importaciones provenientes de países como Argentina, Canadá, Ecuador, México, Reino Unido, Unión Europea, Taiwán, Malasia, Indonesia, Bangladesh, Camboya, El Salvador y Guatemala, mientras que el resto podría enfrentar una tasa del 12,5%. La medida aún no está vigente y quedará sujeta al proceso de comentarios escritos hasta el 6 de julio y a la audiencia pública del 7 de julio.
La falta de precisión sobre los productos alcanzados abre otro interrogante para la Argentina. No está claro si la medida impactaría sobre bienes industriales, agroindustriales, textiles, insumos, productos regionales o partidas específicas. Tampoco se detalló si habría excepciones o tratamientos diferenciados para sectores sensibles. Esa incertidumbre genera preocupación en exportadores y operadores comerciales que necesitan previsibilidad para sostener ventas en el mercado estadounidense.
La paradoja es evidente. En febrero, Estados Unidos y Argentina firmaron un acuerdo recíproco de comercio e inversiones presentado como una señal de confianza política. Apenas meses después, Washington incluye a Buenos Aires en una lista de países bajo amenaza arancelaria. La relación bilateral sigue siendo cercana en términos políticos, pero el episodio muestra que la cercanía ideológica entre Trump y Milei no blinda automáticamente a la Argentina frente a sanciones comerciales.
Ese punto es central. Trump suele separar afinidad política de interés económico norteamericano. Puede elogiar a Milei, respaldar su orientación liberal y celebrar su alineamiento internacional, pero si el USTR considera que una práctica argentina perjudica a trabajadores, empresas o cadenas de suministro estadounidenses, la sanción puede avanzar igual. En la lógica trumpista, la amistad no reemplaza al “America First”.
Para la Casa Rosada, el desafío será demostrar que la Argentina cumple con estándares de control sobre trabajo forzoso y que los compromisos asumidos en el acuerdo bilateral no son meramente declarativos. También deberá mostrar que puede ofrecer transparencia en licitaciones, trazabilidad en cadenas productivas, control aduanero, lucha contra el contrabando y combate real contra el crimen organizado.
La cuestión de fondo excede el trabajo forzoso. En la agenda estadounidense, la seguridad económica se mezcla cada vez más con seguridad nacional, transparencia, puertos, logística, infraestructura crítica, minerales estratégicos, energía, cadenas de suministro y control del crimen transnacional. En ese tablero, la Argentina aparece como socio potencial, pero también como país bajo observación.
Los antecedentes de preocupación estadounidense por transparencia en sectores estratégicos no son nuevos. La propia Embajada de Estados Unidos impulsó en abril una iniciativa vinculada al litio, tecnología y transparencia, con foco en gobernanza clara, resiliencia de cadenas de suministro y alternativas creíbles frente a prácticas opacas de inversión. El mensaje fue diplomático, pero inequívoco: Washington quiere reglas claras en sectores donde compiten intereses chinos, europeos y estadounidenses.
La Hidrovía entra de lleno en esa categoría. No se trata sólo de una licitación millonaria, sino del corredor por donde se mueve la producción argentina, paraguaya, boliviana, brasileña y uruguaya hacia el Atlántico. Allí convergen comercio exterior, soberanía logística, control fiscal, seguridad fluvial, puertos privados, exportación agroindustrial y riesgos de narcotráfico. Para Estados Unidos, cualquier opacidad en ese proceso puede convertirse en una señal de alarma.
En el plano interno, el gobierno de Milei enfrenta además una seguidilla de causas y controversias que golpean su discurso anticasta: investigaciones sobre funcionarios, cuestionamientos patrimoniales, denuncias por licitaciones, internas de poder y sospechas de vínculos empresariales poco claros. Aunque nada de eso aparece mencionado en el documento del USTR, el ruido político argentino forma parte del contexto que leen embajadas, agencias comerciales y actores económicos internacionales.
La pregunta, entonces, queda planteada: ¿Trump está sancionando a la Argentina únicamente por fallas en la prevención del comercio de bienes producidos con trabajo forzoso, o ese argumento formal también funciona como una vía de presión frente a un clima más amplio de preocupación por transparencia, licitaciones estratégicas, corrupción, narcotráfico y control de infraestructura crítica?
No hay una respuesta oficial que permita afirmar lo segundo como hecho. Pero sí existe un dato político evidente: la administración Trump eligió incluir a la Argentina en una lista sensible, pese al alineamiento de Milei, pese al acuerdo bilateral de febrero y pese a la narrativa de sociedad privilegiada. Eso obliga al Gobierno argentino a leer la señal con atención.
En términos diplomáticos, la Cancillería y el equipo económico deberán moverse rápido. Los comentarios escritos vencen el 6 de julio, la audiencia está prevista para el 7 de julio y el margen para negociar detalles técnicos puede ser reducido. Luis Kreckler, cónsul argentino en San Pablo y jefe negociador del acuerdo con Estados Unidos, ya había viajado a Washington con funcionarios para mantener encuentros con representantes del USTR tras el fallo de la Corte Suprema que golpeó la política arancelaria de Trump.
La Argentina deberá defender que cuenta con compromisos suficientes contra el trabajo forzoso, que su marco comercial no facilita el ingreso de bienes producidos bajo esas condiciones y que el acuerdo recíproco firmado con Estados Unidos debe ser tenido en cuenta para evitar una sanción más gravosa. Pero también deberá comprender que, en la práctica, la agenda estadounidense ya no separa comercio de seguridad.
Para los exportadores argentinos, el riesgo es concreto. Un arancel adicional del 10% puede afectar competitividad, márgenes y acceso al mercado estadounidense, especialmente en sectores que ya enfrentan costos logísticos, presión tributaria interna, tipo de cambio administrado y competencia global. Si la medida se aplica de manera amplia, el impacto puede sentirse en empresas que no tienen ninguna relación directa con trabajo forzoso, pero que quedarían atrapadas en una sanción país.
El episodio también interpela al discurso libertario. Milei sostiene que la apertura comercial y la integración con el mundo son pilares de su programa. Pero para insertarse en cadenas globales no alcanza con bajar impuestos o firmar acuerdos. También se requieren trazabilidad, transparencia, cumplimiento normativo, control aduanero, estándares laborales, seguridad jurídica y licitaciones limpias.
La administración Trump está enviando una advertencia a todo el sistema internacional: quien quiera venderle a Estados Unidos deberá demostrar que sus cadenas de suministro no están contaminadas por trabajo forzoso ni por prácticas que perjudiquen a los trabajadores norteamericanos. Para Argentina, el desafío será evitar quedar atrapada en una sanción diseñada para otros problemas globales, pero que puede terminar golpeando a su comercio exterior.
La señal llega en un momento delicado. El Gobierno argentino busca dólares, inversiones, financiamiento, acceso a mercados y respaldo político internacional. Ser incluido en una lista arancelaria de Washington no implica ruptura, pero sí marca un límite. La alianza con Trump puede ser ideológica, pero el comercio bilateral seguirá regido por intereses, presión y exigencias.
En definitiva, la propuesta del USTR abre un frente que la Casa Rosada no podrá minimizar. La explicación formal es el trabajo forzoso. La pregunta política es si detrás también pesan otras inquietudes de Estados Unidos sobre la calidad institucional argentina, la transparencia de sus grandes licitaciones, el control de rutas estratégicas como la Hidrovía y la capacidad real del Estado para enfrentar corrupción y crimen organizado.
La respuesta deberá construirse con hechos, no con discursos. Si Milei quiere que la Argentina sea vista como un socio confiable de Estados Unidos, deberá demostrar que el alineamiento político viene acompañado por reglas claras, licitaciones transparentes, cumplimiento comercial y control efectivo sobre las zonas grises donde se cruzan negocios, Estado y poder. Porque en la era Trump, la amistad sirve; pero la confianza se audita.
